Publicado: noviembre 7, 2025, 1:15 am
«Hubo un momento en el que el aluvión de solicitudes nos obligó a ordenar ese tráfico «. La frase es de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de lo que habla es de la avalancha de solicitudes de reparación que siguió a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho de los afiliados a los antiguas mutuas del trabajo a ser compensados por haber tenido que tributar por las aportaciones para la jubilación que efectuaron entre 1967 y 1978; y lo que trataba de justificar con esas palabras fue la maniobra realizada a finales del año pasado por el Ministerio de Hacienda para frenar el abono de esas devoluciones y retrasar su pago de modo que se hiciera de forma gradual de aquí a 2029. El Ministerio tardó solo cuatro meses en retractarse de esa maniobra , acorralado por la presión de los afectados y de la inmensa mayoría del arco parlamentario que amenazaba con obligarle a rectificar por la fuerza del juego de mayorías en el Congreso, y de hecho el pasado mes de agosto reanudó el abono de las devoluciones pendientes decretadas por el Supremo. Pero nunca terminó de dejar claros los motivos por los que frenó de repente el pago de devoluciones a los mutualistas, cuando la Agencia Tributaria había alumbrado un sistema de devolución que por primera vez había sido aplaudido por afectados y expertos por su sencillez y agilidad. Los implicados en el proceso (mutualistas, abogados, asesores fiscales…) nunca ocultaron sus sospechas sobre la motivación económica del cambio de criterio. La información proporcionada por el propio Ministerio en la Cuenta General del Estado de 2024 que acaba de hacerse pública viene de algún modo a avalar esas sospechas. Se sabe por la información oficial proporcionada por Hacienda hace ahora un año que la primera estimación del coste de las devoluciones por la sentencia -que se refiere a los impuestos pagados de más en los ejercicios no prescritos (de 2019 a 2022) en el momento del pronunciamiento del Supremo, apuntaba a una cuantía de unos 1.700 millones . La realidad desbordó esos cálculos. Una vez recibidas todas las solicitudes, Hacienda tuvo que elevar la provisión presupuestaria dotada para hacer frente a esta contingencia a más del doble de esa cuantía inicial, hasta los 3.555 millones de euros, según se recoge en la Cuenta del Estado del año pasado. Según los datos oficiales proporcionados por la Agencia Tributaria, cuando el organismo fue instado por el Ministerio a paralizar las devoluciones a mutualistas a finales del año pasado apenas se habían atendido compensaciones por valor de 409 millones de euros. En otras palabras, aún quedaban por satisfacer el 89% de las devoluciones solicitadas. Hay que tener en cuenta que las devoluciones por los impuestos pagados de más por los mutualistas son solo una parte del coste de la sentencia del Supremo para las arcas públicas, ya que aparte de esas compensaciones la Hacienda Pública tiene que asumir también el coste de la reducción de IRPF a la que tienen derecho y que solo el año pasado supuso un perjuicio cercano a los 1.000 millones de euros. Lo que intentó Hacienda a la que fue consciente de la fenomenal magnitud de la factura a la que tenía que hacer frente fue tratar de aligerarla , repartiéndola a lo largo de cinco ejercicios en lugar de tener que asumir todo el coste entre 2024 y 2025. La maniobra, sin embargo, no solo generó una fuerte controversia social y política sino que incluso planteaba problemas técnicos difíciles de abordar, como lo que sucedería en el caso de que algún mutualista falleciera antes de haber recibido la reparación reconocida por el Supremo en su cuantía íntegra. La presión aconsejó finalmente al Ministerio de Hacienda volver al esquema inicial e intentar resolver la situación de los más de dos millones de mutualistas que han solicitado la devolución de los impuestos pagados de más
