Publicado: noviembre 5, 2025, 6:06 am
Michoacán vive una contradicción permanente: es uno de los estados más productivos del país y, al mismo tiempo, uno de los más violentos. Su aguacate, limón y berries llegan a todo el mundo, pero en los municipios donde se cultivan, la pobreza, la extorsión y el miedo son parte de la vida diaria. En ese contexto, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso indispensable para devolverle gobernabilidad y esperanza a un territorio castigado por décadas de abandono.
El anuncio llega tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que exhibió el riesgo que enfrentan las autoridades locales y la fragilidad institucional del Estado. La respuesta federal, al vincular seguridad con justicia y desarrollo, busca romper con el viejo modelo militar que fracasó en devolver la paz.
El plan se sostiene en tres ejes: Seguridad y Justicia, con unidades conjuntas de la Guardia Nacional, la SSPC y la fiscalía estatal, una fiscalía de alto impacto, mesas de seguridad quincenales y un sistema de alerta para alcaldes; Desarrollo Económico con Justicia, que busca salarios dignos, infraestructura rural y Polos de Desarrollo Económico (Podecobi), y; Educación y Cultura para la Paz, con escuelas, becas, deporte comunitario y una red de casas de cultura segura.
El espíritu del plan es claro: la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La presidenta busca construirlo con participación social, integrando a pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades, víctimas y familias. Pero su éxito dependerá de que esas metas se traduzcan en resultados: reducir homicidios y extorsión, coordinar instituciones y transparentar avances. Con su liderazgo, participación ciudadana y rendición de cuentas, puede transformarse en una estrategia sostenible.
El contexto es grave. En el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 474 homicidios dolosos, aunque 17% menos que en 2024. El 45% de los michoacanos vive en pobreza y la informalidad laboral alcanza 63 por ciento. La economía agrícola mantiene al estado a flote: concentra 75% del aguacate nacional, con un valor de 32,000 millones de pesos en 2024 y exportaciones por más de 3,500 millones de dólares, pero las extorsiones pueden absorber hasta 40% de los ingresos. Las remesas —5,646 millones de dólares en 2024— han caído 4% en lo que va de este año, y miles de personas retornadas de Estados Unidos enfrentan desempleo. Violencia, pobreza y migración forman un círculo vicioso que el plan intenta romper.
Aunque el comunicado oficial no detalla todo, es razonable suponer que el diseño del plan contempla metas medibles, cooperación entre el SAT, la UIF y la FGR para golpear las finanzas criminales, participación de productores y migrantes en los Podecobi, y medidas de protección a alcaldes y funcionarios en municipios de alto riesgo. Si además se garantiza continuidad a los centros culturales y deportivos y transparencia en los avances, la confianza pública podrá reconstruirse.
Michoacán necesita paz, pero sobre todo justicia y confianza. El plan es bienvenido; ahora toca que todos —gobierno, empresarios y sociedad— lo hagan funcionar.
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