Publicado: octubre 28, 2025, 2:57 pm
Las agencias de viajes se rebelan contra la licitación para gestionar los viajes de la Administración del Estado y piden tumbar varias cláusulas del acuerdo marco . La patronal Gebta ha impugnado el concurso con la presentación este martes de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central del Estado, denunciando que el contrato, valorado en 990 millones de euros, incurre en infracciones «sustanciales» de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) al exigir una estructura de precios rígidos y la obligación de garantizar tarifas estables bajo amenaza de penalizaciones y sanciones automáticas si lo incumplen. La asociación que representa a Viajes El Corte Inglés o a Nautalia , empresas que formaron parte del anterior contrato, lamenta que estas sanciones pueden alcanzar el 10% del importe del contrato basado, y acumuladas, hasta el 50% del valor total, penalizaciones que considera «abusivas y contrarias a la dinámica real del mercado» y que «no se ajustan a la naturaleza jurídica de la actividad de las agencias de viajes». El recurso de la entidad también denuncia la limitación de la capacidad de las agencias de desistir de presentarse a alguno de los concursos que se publiquen dentro del acuerdo marco. «La consecuencia práctica de esta cláusula es la restricción absoluta de la libertad de empresa y de competencia, porque viene a obligar a los adjudicatarios del acuerdo marco a participar en todos los contratos basados, incluso en aquellos que resulten inviables o contrarios a su interés empresarial», han aclarado desde la asociación. Entrando al detalle de estas cláusulas, fuentes del sector inciden en que la licitación impone tarifas máximas para determinados trayectos que deben ser asumidas por las agencias de viajes, algo que consideran «totalmente inasumible». «Al tratarse de un sector sometido a fluctuaciones constantes en función de la oferta y la demanda, la fijación de precios rígidos puede trasladar al contratista un riesgo económico desproporcionado, afectando a la viabilidad de las ofertas y a la competencia efectiva entre licitadores». Además, sobre las sanciones, estas mismas fuentes apuntan a que las penalidades previstas en relación con el incumplimiento de los precios máximos «vienen a trasladar al contratista el riesgo económico de la evolución del mercado de transportes, pese a que dichos precios son fijados, como no podría ser de otra forma, por las compañías aéreas, hoteleras o ferroviarias y no por la agencia de viajes». No solo Gebta se ha pronunciado en contra del acuerdo marco propuesto para gestionar los viajes de los ministerios. También la asociación UNAV ha mostrado este martes su apoyo a Gebta, urgiendo a la Administración a cambiar «su criterio excluyente» con respecto a las normas trasversales que «afectan a la industria del turismo y los viajes» y pide que se abra a escuchar a los profesionales y expertos a la hora de elaborar normas y desarrollos legales, recoge Ep.
