Publicado: octubre 27, 2025, 7:20 am
Alquiler Seguro se enfrenta a una multa de más de tres millones de euros por cobros irregulares a los inquilinos. La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción que asciende a un total de 3.600.902 euros a la empresa que pasa ahora a una fase de valoración que será confirmada o denegada en los próximos meses. Así lo ha Comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy tras una denuncia de Facua por posibles irregularidades en los contratos de la inmobiliaria con los arrendatarios. Entre ellas figura la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que, como denuncia Facua, «disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble; y la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales». La asociación de consumidores denunció a la inmobiliaria en noviembre de 2023 por el cobro a los inquilinos de un mes de renta más el 21% de IVA que el organismo justificaba en la prestación de un «servicio de atención al inquilino» que incluía, entre otros, «asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos», «asesoramiento jurídico» sobre el contrato de alquiler e incluso «resolución de siniestros e incidencias», una gestión que en muchos casos corresponde al propio arrendador, denunca Facua. Con la propuesta de sanción, el Ministerio acredita que Alquiler Seguro cometió una infracción «grave» y seis infracciones calificadas como «muy graves», entre ellas el llamado «Servicio de Atención al Inquilino (SAI)», un servicio que, según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, constituye un «fraude de ley» al obligar Alquiler Seguro a los arrendatarios a pagar unos gastos que no deben soportar en virtud de la LAU.
