Publicado: octubre 10, 2025, 7:15 pm
Durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, la salud volvió a ocupar un lugar central en la agenda global. Los focos estuvieron puestos en las enfermedades no transmisibles (ENT) y la salud mental, dos desafíos persistentes que afectan a millones de personas en todo el mundo. Pero fue la firma de un acuerdo estratégico entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Red de Parlamentarios para la Salud Global “UNITE” – conformada por más de 500 legisladores de 119 países – lo que podría marcar un avance importante en la forma en que se diseñan las políticas públicas de salud, para poder crear valor, como sostuve en una columna pasada.
El acuerdo OPS–UNITE: ¿por qué importa?
Firmado el 23 de septiembre de 2025, al margen de la Asamblea General, este acuerdo establece una alianza estratégica para apoyar a legisladores en América Latina y el Caribe en la formulación de políticas públicas de salud mediante debates informados, toma de decisiones basadas en evidencia y alineación con estándares internacionales.
La OPS se compromete a brindar asistencia técnica, compartir datos y organizar seminarios, talleres y eventos de alto nivel. UNITE, por su parte, moviliza una red global de parlamentarios comprometidos con la salud pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque el foco inmediato está en las Américas, el desafío que aborda este acuerdo es global y transversal: demasiadas políticas públicas —no solo en salud— se diseñan sin evidencia suficiente, bajo presiones coyunturales, sin análisis de impacto esperado ni mecanismos de evaluación ex post.
¿Dónde estamos y hacia dónde debemos avanzar?
La literatura internacional y la experiencia comparada coinciden en que la formulación de políticas sanitarias basadas en evidencia, particularmente desde el poder legislativo, sigue siendo más una meta que una realidad concreta. Informes de la OCDE y el Banco Mundial subrayan que el Congreso y los parlamentos tienen la responsabilidad de incorporar evaluaciones ex ante y ex post en el ciclo de las políticas públicas, lo que permite anticipar impactos, ajustar intervenciones y rendir cuentas sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, estudios recientes identifican barreras estructurales persistentes: insuficiente formación técnica entre legisladores, debilidad institucional, escasa cultura de evaluación y, sobre todo, incentivos políticos de corto plazo que dificultan la adopción de enfoques estratégicos y sostenibles. La “OECD Recommendation on Public Policy Evaluation” enfatiza que superar estos obstáculos requiere que la evaluación sea un mandato legal y permanente del poder legislativo, con marcos regulatorios que trasciendan los calendarios electorales y promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.
Diversos países han avanzado en institucionalizar la evaluación de políticas públicas desde el poder legislativo, integrando mecanismos que trascienden la acción del ejecutivo y fortalecen la toma de decisiones basada en evidencia.
En Francia, la Constitución otorga a la Asamblea Nacional y a la Cour des Comptes (Tribunal de Cuentas) funciones clave de evaluación. La Cour des Comptes asiste a la Asamblea en la evaluación de políticas públicas, realizando análisis a solicitud parlamentaria o por iniciativa propia. La Asamblea Nacional, a través de su Comité de Evaluación y Control de Políticas Públicas, puede conducir y encargar evaluaciones independientes. Desde 2018, existe un programa anual donde todos los ministerios presentan los resultados de las evaluaciones y son interpelados públicamente sobre el desempeño de las políticas implementadas. Esta práctica fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y el aprendizaje institucional en el ámbito legislativo.
En Suecia, la Oficina Nacional de Auditoría (Riksrevisionen) desempeña un papel central en el desarrollo de una cultura de evaluación y evidencia. Realiza tanto evaluaciones directas como revisiones del sistema nacional de evaluación, cuyos resultados son discutidos con el Parlamento. En 2022, publicó un análisis integral del sistema sueco de evaluación y, más recientemente, revisó el sistema de monitoreo y evaluación de la ayuda al desarrollo, emitiendo recomendaciones para fortalecer las prácticas evaluativas.
Reino Unido ha desarrollado la What Works Network, una red de 12 centros independientes que apoyan a legisladores y funcionarios con evidencia sobre “qué funciona” en políticas públicas. Esta red produce revisiones y síntesis de evidencia, y es coordinada por la Evaluation Task Force del gobierno británico, que asegura la integración de la experiencia de estos centros en la evaluación interna gubernamental. Este modelo facilita el acceso a evidencia robusta y promueve la toma de decisiones informada en el ámbito parlamentario y ejecutivo. También, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y el Parliamentary Office of Science and Technology (POST) producen informes y recomendaciones para el Parlamento sobre políticas sanitarias basadas en evidencia.
En Estados Unidos, el Congreso cuenta con organismos independientes y altamente especializados que fortalecen la evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia. Destacan la Government Accountability Office (GAO), que asiste directamente al Congreso mediante auditorías, evaluaciones de desempeño y análisis de costo-efectividad de programas federales; la Congressional Budget Office (CBO), que provee análisis económicos y presupuestarios independientes sobre el impacto fiscal de propuestas legislativas; y el Congressional Research Service (CRS), que elabora informes técnicos y estudios comparados para los legisladores. Estas instituciones son reconocidas internacionalmente como buenas prácticas, ya que permiten al poder legislativo ejercer un control efectivo, fundamentar sus decisiones en evidencia y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Rompiendo los incentivos de ciclos políticos cortos
Uno de los mayores desafíos identificados por la literatura (OCDE, Banco Mundial, entre otros) es la tendencia de los gobiernos a priorizar políticas de impacto inmediato, guiadas por ciclos electorales, en detrimento de reformas estructurales y sostenibles. Para contrarrestar esto, se recomienda:
- Institucionalizar la evaluación ex ante y ex post como requisito para la aprobación y continuidad de políticas.
- Crear organismos independientes de evaluación que trasciendan los cambios de gobierno.
- Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la definición de prioridades y la rendición de cuentas.
- Adoptar marcos regulatorios flexibles y adaptativos, capaces de responder a contextos cambiantes y lecciones aprendidas.
La firma del acuerdo OPS–UNITE no es solo una buena noticia para la región: es una señal de que el mundo empieza a tomarse en serio la necesidad de profesionalizar la política sanitaria. Porque en tiempos de incertidumbre, la evidencia no es un lujo: es una necesidad. Y si queremos que las políticas públicas —en salud y más allá— generen impacto real, deben partir de datos confiables, análisis riguroso, evaluaciones sistemáticas y visión de largo plazo.
Referencias y estudios citados
- Banco Mundial – Better Policies: The Nuts and Bolts of Monitoring and Evaluation Systems
- OCDE – Guidebook on Best Practices in Public Health ; Recommendation on Public Policy Evaluation; Public Governance Monitor of Sweden
- PIERRE MOSCOVICI – La experiencia de la Cour des comptes de Francia
- What Works Network – GOV.UK
- U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO)
*El autor es experto en políticas públicas en salud, ha trabajado para diversas asociaciones e industria relaciona con estas materias, desempeñándose también a nivel académico.
