Publicado: octubre 3, 2025, 1:20 pm
La Comisión Europea ha propuesto destinar 1.600 millones de euros en fondos europeos para financiar la reconstrucción de las zonas arrasadas por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el 29 de octubre del año pasado. De ese montante, 945 millones procederán del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE), una medida que necesita del visto bueno del Parlamento y el Consejo, y otros 645 corresponden a la reasignación de un dinero que en realidad ya estaba presupuestado para España dentro de los fondos de cohesión. En lo tocante a las ayudas del FSUE, se trata de la segunda mayor asignación desde que se creó ese fondo en 2002 , después de los 1.200 millones concedidos a Italia por la sucesión de terremotos que sufrió el país entre 2015 y 2016. En lo que va de siglo, este mecanismo ha canalizado algo más de 8.600 millones en ayudas (incluyendo a Albania, Montenegro, Serbia y Turquía para allanar sus procesos de adhesión a la UE), pero lo cierto es que la virulencia creciente de las catástrofes naturales ha obligado al ejecutivo de Von der Leyen a dotarse de mayor músculo financiero para responder a emergencias. Precisamente, la ayuda anunciada hoy llega año y medio después de que la Comisión incrementara el presupuesto anual máximo del Fondo de Solidaridad hasta los 1.500 millones. Así las cosas, nuestro país va a recibir el 81% del total de los fondos de los que dispone la UE para cubrir catástrofes, mientras que otros 110,84 se han entregado a Francia para que haga frente a los ciclones sufridos en las islas de Mayotte y Reunión en diciembre de 2024 y febrero de 2025, respectivamente. Y a pesar de eso, el montante está lejos de las demandas del Gobierno de Pedro Sánchez, que en una solicitud remitida a la Comisión en enero cifró los gastos públicos susceptibles de financiación en 4.400 millones de euros, sobre un total de 18.000 millones en daños que provocó la DANA, según estimaciones del Ejecutivo. De esos 4.403 millones de euros que efectivamente se movilizaron, la mayor parte -más de 2.000 millones- correspondió a gastos de la Administración General del Estado, frente a los 1.357 millones solicitados por la Generalitat Valenciana y 1.035 millones consignados para los ayuntamientos. Una vez conseguida la aprobación de la Eurocámara y los Estados miembro -vía Consejo-, se iniciará un proceso que puede durar incluso varios meses, aunque en 2015 el Ejecutivo comunitario introdujo una reforma para que los Estados pudieran solicitar un anticipo. De hecho, en marzo nuestro país ya recibió 100 millones de euros por adelantado, el máximo que permite la legislación comunitaria. Una vez aprobado el pago, la responsabilidad de la ejecución del dinero pasa enteramente a manos del Gobierno central , que deberá decidir en qué gasta -y auditar las decisiones que tome-, con la condición de que el montante que no se destine a los afectados deberá volver a la Comisión Europea. A esto se suman otros 645 millones que, como ya se ha avanzado, en realidad ya estaban presupuestados para España a través de los Fondos de Cohesión. Desde diciembre de 2024 los Estados miembro tienen la capacidad de reasignar fondos europeos de ciertas partidas -por ejemplo de Cohesión o Desarrollo Regional- hacia un nuevo mecanismo llamado Restore, y esto es lo que la UE pretende hacer en este caso. La diferencia con el FSUE es que en este caso la ayuda está cofinanciada en un 95% por Bruselas.
