Publicado: septiembre 23, 2025, 2:23 am
La represión en Venezuela se ha extendido a los extranjeros que viven o visitan el país, que se suman a los más de 200 venezolanos detenidos arbitrariamente, en muchos casos bajo régimen de incomunicación, según la Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela. De acuerdo con los detalles que ofrecieron este lunes sus miembros en una rueda de prensa en Ginebra, de los más de 200 venezolanos detenidos arbitrariamente —sea por caer en alguna de las categorías que el Gobierno juzga como opositores o por su simple participación en una manifestación— hay 43 cuyas vidas están en peligro por las condiciones que sufren.
Solo en la primera mitad de este mes se pudo documentar la detención de catorce personas, dijo la presidenta de la Misión, la portuguesa Marta Valiñas, una jurista especializada en derechos humanos. La experta argentina Patricia Tappatá precisó que también se ha investigado la detención en el último año de entre 120 y 150 extranjeros, a los que las autoridades de Venezuela han acusado principalmente de ser mercenarios y entre los cuales ha podido documentar 84 casos de ciudadanos de treinta países, incluyendo varios estadounidenses y veinte españoles (16 de ellos con doble nacionalidad).
En una mayoría de casos los detenidos son puesto bajo régimen de incomunicación y sufren la negación de la asistencia legal y consular o graves trabas para recibirla. Tappatá dijo que se ha observado que uno de los motivos centrales para la detención de extranjeros es «extorsionar» y ejercer presión sobre sus gobiernos. «Estamos viendo la profundización… la agudización de la represión en su faceta más dura, con nuevos elementos de hostigamiento contra individuos, familias y países, y que no son casos esporádicos», sostuvo.
Por otra parte, el comisionado Francisco Cox, un jurista chileno, animó en la misma rueda de prensa a que se pongan en movimiento los mecanismos jurisdiccionales internacionales para hacer justicia a las víctimas en Venezuela. Precisó que para ello están la jurisdicción internacional, como la que ha invocado más de una vez Argentina para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por alguien de nacionalidad distinta a la argentina y en otro territorio; así como la Corte Penal Internacional, aunque consideró que esta última se está tomando demasiado tiempo para actuar en el caso de Venezuela.
A una pregunta sobre los ataques de Estados Unidos con misiles contra embarcaciones que salen de Venezuela y que el presidente Donald Trump afirma que llevan drogas, Cox señaló que «no se pueden usar acciones de una tercera parte para justificar torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos o cualquiera de las otras violaciones que hemos documentados que están ocurriendo ahora mismo en Venezuela». En su informe al Consejo de Derechos Humanos, la Misión también confirma la detención de 220 niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas electorales, cuatro de ellos siguen todavía privados de libertad.
Repunte de represión tras las elecciones
El informe presentado este lunes en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta «nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″ y establece que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades». Entre los elementos que aporta, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de estas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
«En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia», expuso Valiñas. La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía «no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado», aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición. «Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad», denunció.
Valiñas también destacó que «no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales», por lo que «la única esperanza de justicia para las víctimas» recae en definitiva en la comunidad internacional. En el pasado, esta Comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
Venezuela acusa a la ONU de usar «fuentes dudosas»
En su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, el embajador venezolano Alexander Yañez acusó a los comisionados de ser agentes que trabajan «por el cambio de régimen político en Venezuela» y que en sus informes supuestamente «citan a fuentes dudosas, utilizan testimonios inventados y emplean estadísticas sin rigor metodológico». También criticó los recursos empleados por la ONU para que esta Misión investigadora pueda cumplir su tarea, frente a la debilidad con la que denuncia la actuación de Israel en la Franja de Gaza y en el contexto de la crisis financiera de la institución. Yañez sostuvo que el señalamiento de Venezuela únicamente se debe a la influencia de Estados Unidos «y sus aliados europeos», aunque no contestó de forma especifica a las denuncias que formuló la Misión contra el Estado venezolano.
