Publicado: septiembre 19, 2025, 12:18 am
“No hay influencia como la del hábito». Gilbert Parker.
El gobierno federal de México propuso recientemente un incremento del 87.3% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas. De acuerdo con las autoridades, esta medida tiene como objetivo desalentar el consumo de estos productos debido a sus efectos adversos en la salud pública y, adicionalmente, recaudar recursos para instituciones responsables de atender la epidemia de obesidad y diabetes asociada al consumo elevado de bebidas azucaradas.
El anuncio ha reactivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos fiscales para modificar patrones de consumo perjudiciales para la salud. La literatura académica señala que el aumento de impuestos tiende a reducir el consumo; sin embargo, persiste la falta de consenso respecto a la magnitud y duración de este efecto, así como sobre la posibilidad de que se produzcan cambios sostenidos en los hábitos o la aparición de mecanismos compensatorios que neutralicen los beneficios esperados.
Un metaanálisis de estudios internacionales confirma la existencia de una correlación entre el aumento de impuestos y la disminución en el consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, el impacto puede reducirse en función de las alternativas de sustitución disponibles. En el caso de México, un estudio de 2014 identificó que la reducción calórica derivada del menor consumo de refrescos fue compensada en gran medida por un aumento en el consumo de alimentos no gravados, como productos con alto contenido de grasas o carbohidratos. Esta compensación diluyó el efecto esperado sobre los indicadores metabólicos.
El efecto distributivo de estas medidas constituye otro aspecto relevante. Diversos estudios han demostrado que este tipo de impuestos afecta de manera más significativa el ingreso disponible de los hogares con menores recursos, quienes además presentan mayor vulnerabilidad en el acceso a una dieta equilibrada. Por esta razón, se ha propuesto complementar los impuestos con subsidios o programas que faciliten el acceso a alimentos saludables, con el fin de que los incentivos no se limiten al encarecimiento de productos, sino que también ofrezcan alternativas viables de sustitución.
Existen particularidades en determinados segmentos de la población. Los trabajadores que realizan actividades físicamente demandantes, como los empleados del sector de la construcción, suelen consumir bebidas azucaradas como fuente rápida y accesible de calorías. Para este grupo, el aumento de precios puede representar un doble costo: limita su capacidad de compra y, en ocasiones, conduce a la sustitución de estas calorías por alimentos de baja calidad nutricional.
La evidencia internacional sugiere, asimismo, que el impacto del impuesto es mayor cuando el consumidor identifica con claridad la porción del precio atribuible al gravamen, algo que en México no ocurre de manera explícita: el consumidor solo percibe el aumento en el precio final. También se ha documentado que los efectos tienden a ser más marcados en los primeros años de aplicación y se diluyen con el tiempo, conforme el mercado y los consumidores ajustan su comportamiento o absorben el incremento.
La problemática de fondo es compleja. Nuestro país enfrenta tasas crecientes de síndrome metabólico y diabetes, incluso entre poblaciones jóvenes. Las causas combinan factores genéticos, estilos de vida sedentarios y un acceso limitado a opciones saludables y asequibles. Frente a ello, las políticas públicas requieren un enfoque integral que articule impuestos, educación nutricional y acceso a alimentos de mejor calidad. De lo contrario, el impuesto corre el riesgo de convertirse únicamente en un mecanismo para ampliar la base recaudatoria, sin incidir de manera sustantiva en la salud de la población.
