Publicado: agosto 8, 2025, 12:23 pm
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La nueva política de telecomunicaciones quedó plasmada por decreto, pero su aplicación genera más dudas que certezas. La Ley del sector de la conectividad entrará en vigor una vez que esté constituido el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyos tiempos son inciertos. Sin embargo, el nuevo regulador del sector debe quedar constituido antes de octubre, mes en el que Javier Juárez Mojica, comisionado presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), termina su gestión interina luego de cumplir nuevos años en el organismo por mandato constitucional.
Este movimiento implicará que el IFT ‘quede atado de manos’ debido a que solo contará con tres comisionados para sesionar Plenos, los cuales aún pueden realizarse gracias a las modificaciones al estatuto orgánico que se realizaron en 2022 para operar con al menos tres de los siete elementos que deberían constituir el Pleno del regulador. Esto implica limitaciones sustanciales para ejercer de manera plena sus facultades. El IFT no podría emitir resoluciones de barreras a la competencia, disposiciones regulatorias, establecer directrices ni lineamientos técnicos y también quedaría frenado su reglamento interno. El Instituto prácticamente quedaría reducido para regular al sector. “Llegar a esta instancia generaría problemas para la regulación efectiva de la industria, a pesar de que se puedan continuar otras actividades administrativas, porque las sustantivas estarían detenidas”, dijo Adolfo Cuevas, excomisionado presidente del IFT y experto en telecomunicaciones. A esto se suma la incertidumbre presupuestal. El organismo autónomo estimó que contaría con recursos para pagar los sueldos de sus trabajadores hasta la segunda quincena de julio. Expansión ha solicitado al IFT información del tema, pero no ha emitido comentarios al respecto. Los recursos del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento, que a marzo de este año ascendieron a 2,886 millones de pesos, podrían ser una fuente de ingresos para el Instituto, sin embargo, la nueva política plantea que ese dinero sea usado solo para saldar liquidaciones y finiquitos de la plantilla laboral. De ahí la urgencia de que la CRT quede conformada antes de octubre por sus cinco comisionados del Pleno, así como operable para evitar mayor incertidumbre e incluso un paro regulatorio en el sector.
Hasta octubre quedaría la CRT Analistas consultados por Expansión coincidieron en que lo idóneo sería que la CRT quede constituida y en funciones a principios de septiembre para evitar mayores afectaciones al sector con la casi parálisis del IFT que implicaría la salida de Juárez Mojica. Según Irene Levy, presidenta de Observatel, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará la lista de nombres para ocupar las cinco plazas de comisionados el 1 de septiembre, cuando inicia el periodo ordinario del legislativo. El Senado tendrá hasta 30 días para ratificar los nombramientos del Ejecutivo y la mandataria contará con otros 10 días para designar de esos perfiles al nuevo presidente comisionado de la CRT. Esto significa que el Pleno de la Comisión podría quedar constituido hasta octubre, el mes letal para el IFT y la regulación del sector. “El gobierno se ha tardado demasiado. Lo pudo haber hecho (designar a los comisionados) el día que publicó la ley. Tienen mayoría, pero por alguna razón no lo están haciendo y se están esperando hasta septiembre, lo cual no tiene sentido porque solo genera más incertidumbre en la industria”, dijo Fernando Borjón, consultor en jefe en Access Partnership y excomisionado del IFT. Para los especialistas, la tardía constitución del Pleno de la CRT no es lo único que preocupa al sector, sino también la creación de su reglamento interno, el cual es fundamental para establecer la operación correcta de las responsabilidades que tendrá cada área que conformará al regulador. Sin el estatuto no se puede operar. “Cuando se inicia un nuevo organismo es indispensable crear un reglamento interno o un estatuto orgánico como lo hizo el IFT para delinear las áreas del ente y lo que hará cada una. Definir esas áreas le da legalidad a los actos de los funcionarios, sin esa legalidad los actos se caen, cualquier persona puede pedir la invalidez de un acto por falta de personalidad jurídica”, advirtió Borjón. Cuevas detalló que el reglamento debe especificar qué funcionario asumirá cada área, cuya propuesta debe ser avalada por la Secretaría de Hacienda. “Este proceso toma tiempo porque tiene que ver con plazas específicas para funcionarios”, dijo. Sin el reglamento interno incluso sería complejo determinar el presupuesto que debe solicitar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependencia a la que está adscrita la CRT. La Secretaría de Hacienda entregará al Congreso el paquete económico el próximo ocho de septiembre, en cuya fecha aún no quedaría constituido de manera formal el nuevo regulador. “En el ideal la CRT debería operar a inicios de septiembre para que haya certidumbre hacia el presupuesto de 2026, pero cómo van a presentar un presupuesto para la Agencia de Transformación Digital si aún no está constituida la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones”, alertó Borjón.
La regulación El IFT, a pesar de la incertidumbre que impera en el sector desde el pasado 20 de diciembre, cuando por Decreto quedó eliminado al reformarse los artículos 6 y 28 de la constitución, ha continuado con la regulación de la industria, así como sus sesiones del Pleno, en tanto sus atribuciones pasen formalmente a la nueva autoridad regulatoria. En este tiempo, impulsó una licitación de espectro 5G, la cual fue detenida por el Ejecutivo. Aprobó la concentración de activos entre la CFE y Altán Redes, aunque advirtió una influencia clara de la estatal sobre la firma de la Red Compartida. Incorporó una nueva metodología para contabilizar las líneas telefónicas que pasó factura a Bait de Walmart; y multó a Telcel y Oxxo por prácticas monopólicas por la venta de chips. Pero a pesar de los intentos, los cambios de política regulatoria pasaron factura al sector. Datos preliminares de la Secretaría de Economía exponen que la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó dramáticamente. En el primer trimestre de 2025, las telecomunicaciones tuvieron una inyección de capital de 16.7 millones de dólares, una caída de 93.3%, frente a los 253 millones de dólares del mismo lapso del año pasado. Analistas anteriormente habían dicho a Expansión que 2025 sería prácticamente un año perdido para las telecomunicaciones, al no contar con reglas claras. “Las empresas traen sus periodos para realizar sus inversiones. Habrá quien siga deteniendo esas inyecciones hasta contar con certidumbre sobre cómo se va a proceder y regular en el sector”, advirtió Borjón.
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