Publicado: julio 31, 2025, 7:19 am
El tema de hoy tratará de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) sociedad de gestión colectiva y de interés público —que a mí me interesa más— y su relación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), órgano gubernamental desconcentrado de la Secretaría de Cultura, encargado de promover la creatividad y controlar y proteger los derechos de autor y conexos con celeridad y justicia.
Desde 1847, en una de las administraciones del fraccionador de Texas y anexas, Antonio López de Santa Anna se proyectó el reconocimiento de la propiedad intelectual. Como todas las disposiciones emanadas de los gobiernos santaneros, el propósito duró menos que un bistec en la Franja de Gaza.
Veinte años después, 1867, el actor y escritor español, Eduardo González, convocó a los dramaturgos y a los compositores de música de México a unirse con el fin de establecer porcentajes sobre las entradas a los teatros para cobrar sus derechos de autor, bajo la premisa: “sin autores, no existirían actores ni edificios teatrales”.
La gran verdad proclamada y defendida por el español, se desmoronó justamente al desmoronarse el imperio de Maximiliano. Correspondió a dos intelectuales combatientes de la Guerra de Reforma, Ignacio Ramírez El Nigromante e Ignacio Manuel Altamirano, constituir la ‘Sociedad Mutualista de Escritores’. La intención de los ‘Nachos’ fue auxiliar a los escritores, poetas y dramaturgos que tuvieran apuros económicos y/o problemas de salud. Esta sociedad bajó el telón al terminar el siglo.
El 30 de agosto de 1900, el diario El Correo Español, publicó: ‘Es triste, muy triste que en México se paguen los derechos de autor con una miseria, cuando las empresas realizan con su obras fabulosas ganancias (…) dándose el caso inaudito de que un autor cobre por 100 representaciones lo que una tiple cobra por destrozar su obra la noche del estreno.
Con el siglo XX, enero de 1902, comienza la primera sociedad autoral relevante cuyo presidente Juan de Dios Peza (1852-1910), poeta y diputado, pudo amalgamar artistas de la pluma y del pentagrama y, sobre todo, el cobro del derecho de autor a través de la Sociedad Mexicana de Autores Líricos y Dramáticos (SMALD). Por primera vez los autores lograron ganar un poco más que el que vendía muéganos en los entreactos.
Con el triunfo de la Revolución, surgieron los sindicatos, la SMALD se escindió, los escritores se agruparon en la Unión Mexicana de Autores (UMA) y los autores musicales en el Sindicato de Filarmónicos. De ahí surgió la Federación de Uniones Teatrales y Espectáculos Públicos (al parecer hasta los revendedores se sindicalizaron).
La llegada del cine dio origen al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la República Mexicana (STIC) y al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC). Este último seccionó y agrupó a compositores, actores y escritores. De estas secciones nacieron la ANDA (1934), la SACM (1945) y SECRET (1968) que anexó a los escritores de radio y televisión. Y que bajo la tutela de José María Fernández Unsaín, en 1976, al fundirse con la Unión Nacional de Autores y abrir un espacio para los escritores literarios, se convirtió en SOGEM.
La Ley Federal del Derecho de Autor, rige las relaciones entre las sociedades de gestión y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, institución a cargo de Karina Luján Luján, eficiente funcionaria de la que SOGEM sólo ha recibido atenciones, lo mismo que del personal a su cargo. Deseo afirmar esto públicamente porque ‘periodistas’ con muy mala leche y sin dar su nombre, publicaron que en la comunidad de la Sociedad General de Escritores Mexicanos —nada existe con ese nombre— ‘hay cada día más preocupación por la forma en que se ha descompuesto una institución que funcionaba bien:’ Indautor. Categóricamente, como columnista y como presidente de la SOGEM —si a ésta se refieren— quiero testimoniar que la nota es una mentira más grande que el ego de Trump.
