Publicado: marzo 26, 2025, 11:04 pm
La Justicia ha vuelto a dar la espalda a Donald Trump en su intento de utilizar una ley de 1798 para deportar sin proceso legal a inmigrantes indocumentados a los que acusa de pertenecer a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua. … Un tribunal de apelación ha denegado a su Administración su exigencia de tumbar la orden por la que un juez federal, James Boasberg, bloqueó estas expulsiones expeditas, sin proceso legal.
El Gobierno argumentó ante el tribunal, formado por tres magistrados, que la decisión de Boasberg de bloquear de manera cautelar durante dos semanas las deportaciones limita la capacidad de maniobra del poder ejecutivo. La justificación del juez era poder constatar la legalidad de la invocación de esa ley de finales del siglo XVIII, pensada para tiempos de guerra, para evitar los procesos habituales de deportación.
Dos de los tres magistrados no le dieron la razón y el bloqueo, que está en medio de una guerra de Trump contra el juez Boasberg, por el momento se mantiene. Las dos magistradas que votaron en contra defendieron que no lo hacían sobre los méritos de la invocación de esa ley, sino sobre la pertinencia de establecer medidas cautelares mientras el juez inferior decide al respecto. A pesar de ello, una de ellas, Karen Henderson, sí apuntó sus dudas sobre la justificación de Trump para invocar esa ley.
«La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada por el Quinto Congreso en medio de un conflicto -la Cuasi Guerra- con Francia, una potencia extranjera. La Guerra estaba totalmente en las mentes de los legisladores que la aprobaron», escribió en su opinión sobre la ley, que establece la posibilidad de expulsar de forma inmediata a extranjeros en caso de guerra o de una invasión dirigida por otro país. Trump ha defendido que EE.UU. sufre una invasión por parte de inmigrantes indocumentados y que en el caso de los miembros de Tren de Aragua está dirigida por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. «Lo que parece verdad es que una invasión es una cuestión militar, no una migratoria», añadió Henderson.
Ahora, la Administración Trump tratará de llevar el caso al Tribunal Supremo, donde hay una mayoría conservadora entre sus nueves jueces (6-3), con tres de ellos nombrados por el propio Trump en su anterior mandato.
La decisión es una derrota de Trump frente a Boasberg, un juez al que él y sus aliados han declarado la guerra. Boasberg, juez federal de Washington, exigió hace dos semanas a la Administración Trump que parara las deportaciones que estaban en marcha, con vuelos con destino a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El Gobierno desoyó su orden y los vuelos no se dieron la vuelta.
Ahora, Boasberg no solo tiene que dictaminar sobre el fondo de la cuestión, sobre la justificación de invocar esa ley para estas deportaciones. También revisa si el Gobierno incumplió o no sus órdenes.
Trump respondió en su día con peticiones de ‘impeachment’ o juicio político al juez, algo que puede realizarse a través del Congreso. Su mano derecha, Elon Musk, promovió con fuerza esa idea desde su altavoz de X, la red social de su propiedad, y otorgó donaciones a los legisladores republicanos que se han mostrado de acuerdo con esta expulsión del juez. El magistrado jefe del Supremo, John Roberts, tuvo que salir al paso de esta campaña y advertir a Trump y a sus aliados que el ‘impeachment’ no es la manera de enfrentarse a una decisión judicial contraria. El camino es la apelación. Por ahora, esa senda no ha servido a Trump, pero habrá que ver qué ocurre cuando llegue al alto tribunal o cuando la Justicia trate el fondo del asunto.
