Publicado: noviembre 15, 2025, 2:53 pm
El Tribunal Supremo de Brasil ha dejado al expresidente Jair Bolsonaro más cerca de la prisión al rechazar la apelación de su defensa contra la condena a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado contra su sucesor, gestado en … 2022, poco antes de terminar su Gobierno. En una reunión plenaria virtual, los jueces de la Primera Sala de la Corte decidieron por unanimidad no aceptar los recursos presentados por los abogados del exmandatario y otros seis reos, agotando así las vías legales ordinarias para evitar su ingreso en prisión.
Los recursos rechazados son conocidos como embargos de declaración, un mecanismo legal utilizado para solicitar la revisión de eventuales puntos oscuros o errores puntuales en la sentencia. Prevaleció el voto del juez relator, Alexandre de Moraes, quien argumentó que los pedidos de la defensa no abordaban omisiones o contradicciones. Moraes afirmó que la decisión cuestionada fue correcta y que en la apelación de la defensa no se observaban «esas hipótesis«.
Con esta decisión, no cabrían más recursos, aunque la defensa de Bolsonaro ya ha indicado que podría presentar embargos infringentes, otra salida que contestaría el fondo de la sentencia. Las reglas del Tribunal establecen, sin embargo, que este camino solo es admisible si el acusado recibió al menos dos votos para la absolución, una condición que no se cumplió en el caso de Bolsonaro, que recibió apenas uno.
Por eso, ese recurso es considerado arriesgado por ser una maniobra para alargar el proceso, que puede llevar a una respuesta severa de los jueces, con la ejecución más rápida de la sentencia. Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y tres meses de prisión y debe comenzar el cumplimiento de la pena en régimen cerrado. Los jueces aún analizan si la detención, que puede ocurrir a cualquier momento, será en una celda especial o en su domicilio en Brasilia, donde ya cumple prisión preventiva desde septiembre.
Es posible que la defensa pida prisión domiciliaria por los problemas de salud del expresidente, en consecuencia de un atentado que sufrió en la campaña presidencial, en 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen.
Eduardo Bolsonaro, imputado
El expresidente no es el único con problemas en la justicia brasileña, su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, ha sido denunciado y convertido en reo en el mismo día en que el Supremo ratificaba la condena del padre. La Primera Sala del Tribunal aceptó la denuncia de la Fiscalía por delito de coacción en el curso del proceso por intentar interferir en el desarrollo del juicio de su padre.
El relator del proceso, Alexandre de Moraes, afirmó que Eduardo Bolsonaro «insistió en la estrategia de amenazar gravemente a los jueces del Tribunal Supremo, incluso alardeando la posible aplicación de las sanciones (de Estados Unidos) para favorecer a su padre, Jair Messias Bolsonaro». Según Moraes, esa amenaza se materializó a través de la articulación internacional del diputado para obtener sanciones del gobierno de Estados Unidos contra los jueces y contra Brasil.
Esa estrategia de presión internacional incluyó el polémico «tarifazo» impuesto por el presidente norteamericano, con una sobretasa del 50% a productos brasileños bajo la falsa alegación de que Brasil cometía injusticias contra Bolsonaro en el proceso judicial. Además, el propio juez Moraes y su esposa, y otras autoridades de la Corte fueron sancionados por Trump con la Ley Magnitsky, un mecanismo estadounidense también conocido como «muerte financiera» que impone restricciones económicas y la cancelación de visados para castigar a extranjeros.
La Fiscalía concluyó que Eduardo Bolsonaro actuó para «crear un clima de inestabilidad y temor, proyectando represalias extranjeras contra autoridades brasileñas y el aislamiento del país»
La Fiscalía concluyó que Eduardo Bolsonaro, junto a otros individuos, actuó para «crear un clima de inestabilidad y temor, proyectando represalias extranjeras contra autoridades brasileñas y el aislamiento del país», para proteger a su padre, Jair Bolsonaro, e impedir la condena. Ahora, el diputado enfrentará un proceso penal por un delito cuya pena prevista es de uno a cuatro años de prisión. Eduardo Bolsonaro también enfrenta presiones en el Congreso, que lo pueden llevar a perder el cargo, por haber abandonado su puesto para vivir un exilio voluntario en Estados Unidos, donde reside desde febrero.
