Publicado: febrero 8, 2025, 3:43 am
Donald Trump ha sumado a su lista de objetivos prioritarios el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal responsable de procesar crímenes de guerra y lesa humanidad. La CPI ha llevado casos de alto perfil contra líderes y militares acusados de … atrocidades, y recientemente emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra en Gaza.
Ni Estados Unidos ni Israel han firmado el estatuto que en 2002 permitió la creación de la CPI. Sin embargo, Trump sostiene que el tribunal «ha afirmado su jurisdicción sin una base legítima y ha abierto investigaciones preliminares contra personal de Estados Unidos y ciertos aliados, incluyendo Israel, además de abusar de su poder emitiendo órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant».
En respuesta, el presidente ha implementado una serie de medidas que dificultarán significativamente las labores de la Corte. Estas sanciones afectan a funcionarios, empleados y agentes del tribunal, sin importar su nacionalidad, que hayan participado o participen en investigaciones, arrestos, detenciones o procesamientos contra ciudadanos de Estados Unidos o de sus aliados. También afectan a cualquier persona o entidad extranjera que colabore con la CPI en acciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados, incluyendo quienes proporcionen asistencia financiera, material o tecnológica.
Las sanciones incluyen la congelación de todos los bienes e intereses en propiedad de las personas sancionadas que se encuentren o entren en Estados Unidos, la prohibición de transacciones financieras con ellas y la restricción de entrada al país de funcionarios de la CPI y sus familiares directos (cónyuges e hijos), salvo excepciones determinadas por el secretario de Estado. Además, el decreto prohíbe que empresas estadounidenses, como Microsoft o Amazon, presten servicios a la CPI o a sus empleados. Trump va más allá y permite imponer sanciones a cualquier persona o entidad extranjera que apoye materialmente a la CPI en investigaciones contra ciudadanos de EE.UU. o de sus aliados, incluyendo la congelación de activos y restricciones de visado.
España es uno de los países que ha reafirmado recientemente su compromiso con la CPI a través de importantes contribuciones financieras. En diciembre de 2024, destinó 40.000 euros al Fondo Fiduciario para las Víctimas, 300.000 euros al Fondo de Complementariedad para la cooperación con autoridades nacionales, 250.000 euros al Fondo Especial para la Seguridad de víctimas y testigos, y un millón de euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía para apoyar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes graves. En noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que respetaría las órdenes de la CPI y que Netanyahu sería detenido si pisaba suelo español.
Socavar la Justicia global
Trump cuenta con el respaldo de su partido. Según el senador Jim Risch, presidente de la Comisión de Exteriores, «esta es una noticia extraordinaria». «Las órdenes de arresto de la Corte fueron, evidentemente, políticamente motivadas y una clara violación de la soberanía de Israel. Este flagrante antisemitismo y falta de respeto por el Estado de derecho en Israel no pueden quedar sin respuesta», afirmó.
A pesar de su rechazo al tribunal, EE.UU. ha recurrido a la CPI cuando lo ha considerado conveniente. En 2022, el equipo de Joe Biden expresó su apoyo a la Corte en ciertos casos, como el de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Putin por la invasión de Ucrania.
La CPI respondió al anuncio de Trump denunciando que sus sanciones buscan «socavar su capacidad de hacer justicia».
«Estas sanciones debilitan la confianza en el sistema de justicia internacional, especialmente en lo relativo a su independencia y a su capacidad de actuar contra crímenes de interferencias políticas», analiza Delia Contreras, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo-CEU. Además, recuerda que «en su primer mandato, el presidente Trump adoptó sanciones contra funcionarios de la CPI que investigaban posibles crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán».
