Publicado: enero 22, 2025, 7:29 pm
Con Donald Trump, el tumulto ha regresado, literalmente. Desde que juró el cargo, Washington, la capital federal, ha experimentado una transformación prodigiosa. A primera hora de la mañana, incluso antes de las 08:00, el metro ya está repleto de pasajeros, muchos con abrigos … pesados y semblante congelado por el frío de estas jornadas. Los vagones vuelven a ir abarrotados, mientras el tráfico en las amplias avenidas que rodean la Casa Blanca se ha intensificado. Conseguir un taxi a través de las habituales aplicaciones se ha convertido a ratos en un desafío. Es como si no hubiera habido una pandemia.
El motivo de este repentino cambio urbano es una de las primeras decisiones del presidente: el fin del teletrabajo. Trump ha ordenado que los empleados federales regresen a las oficinas, dejando atrás los años de trabajo remoto.
No podía haber mejor noticia para los demócratas que gobiernan esta ciudad, donde Trump apenas logró el 6,5% de los votos en las elecciones. Los últimos cinco años han sido catastróficos para los negocios del centro de Washington, que dependían del consumo de los empleados federales. Muchos comercios no han tenido más remedio que cerrar sus puertas, mientras que la criminalidad urbana ha aumentado significativamente, ensombreciendo aún más la vida en la capital.
La nueva administración Trump quiere ver a todos los funcionarios en sus puestos de trabajo, salvo en casos excepcionales, y ha dejado claro que este es solo el primer paso. El objetivo es realizar un inventario completo de la burocracia federal y decidir quién es realmente indispensable y quién no. Se avecinan despidos masivos, y el hombre encargado de implementarlos no es otro que Elon Musk.
El magnate ya está evaluando cómo organizar su base de operaciones, probablemente en una oficina dentro del mastodóntico edificio de granito de estilo francés adyacente a la Casa Blanca. Con Musk al mando, el rediseño de la burocracia federal promete ser tan ambicioso como polémico, empezando por ese mismo edificio. Allí se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, encargado de asesorar al presidente en materia de seguridad nacional. Su nuevo director es el exdiputado republicano Mike Waltz, quien, tras una evaluación integral, ha ordenado a 160 empleados que, por el momento, no se presenten en la oficina mientras determina dónde reside la lealtad de cada uno.
No es de extrañar esta medida. Durante el primer mandato de Trump, el Consejo de Seguridad Nacional llevó al primer juicio político (impeachment) contra el entonces presidente. Un empleado escuchó una polémica llamada entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y denunció al primero por supuestas presiones indebidas. Las acusaciones fueron finalmente desestimadas en el Senado.
Más allá de la lealtad, el presidente exige eficacia, según ha declarado repetidamente. Con ese objetivo, y mediante un decreto contundente, ha desmantelado las oficinas y programas dedicados a políticas de cuotas y acciones afirmativas que, a su juicio, han inflado innecesariamente la burocracia federal durante décadas.
De momento, han sido enviados a un permiso remunerado, pendientes de baja permanente, todos los funcionarios cuyo cometido específico sea trabajar por la representación de personas negras, asiáticas, mujeres, discapacitados, LGBTQIA y todas las siglas dentro de lo que se ha venido a llamar diversidad. El equipo de Trump busca redirigir los recursos hacia tareas críticas para el funcionamiento del gobierno.
La nueva portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntada por estos despidos este miércoles, y no dudó en confirmarlos, hasta con orgullo. «¡Promesas cumplidas!», proclamó.
El gobierno federal es el mayor empleador de Estados Unidos, con más de 3,2 millones de trabajadores. Trump ha descrito a esta vasta plantilla como una masa indolente e ineficaz que necesita una buena sacudida. Aunque despedir empleados federales no es tarea fácil, a diferencia de los sistemas laborales en países europeos, tampoco es imposible.
Trump planea emitir un decreto para cambiar la categoría laboral de la mayoría de los empleados federales, facilitando su despido con la misma agilidad que cualquier trabajador del sector privado en Estados Unidos. Esta medida, de concretarse, desatará una larga y encarnizada batalla con los sindicatos, que ya han anunciado su intención de resistir con todas las herramientas legales a su disposición. Sin embargo, Trump parece preparado para llevar esta lucha y todos sus despidos masivos hasta el Tribunal Supremo, un órgano que, con su actual mayoría conservadora, ya ha emitido fallos favorables al fortalecimiento de los poderes presidenciales. Si el plan de Trump se materializa, no solo reconfigurará el funcionamiento interno del gobierno federal, sino que también redefinirá la relación entre funcionarios y Estado.
Además, Trump quiere hacer el trabajo de funcionario menos atractivo. Eso para él pasa por comenzar a descentralizar: enviar departamentos completos a estados del oeste, vacíos, donde la vida es más barata y los complementos sean mucho menores. Y cuanto más lejos estén muchos de ellos, menos resistencia. Así que puede que los gobernantes de Washington, tan contentos ahora, tampoco vayan a celebrar largo tiempo.
