Publicado: enero 27, 2025, 7:10 pm
No habrá concesiones ni medias tintas. Los aranceles con los que Donald Trump amenaza al mundo no son un simple método de negociación. Colombia ha sido la primera en comprobarlo: cualquier intento de reivindicar soberanía nacional que obstaculice los planes del nuevo presidente … de Estados Unidos recibirá una respuesta contundente. El mensaje es inequívoco, también para España, señalada por su bajo gasto en defensa.
Apenas unas horas después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazara el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses con inmigrantes indocumentados repatriados, la maquinaria de sanciones de la mayor potencia mundial se puso en marcha. Dos trabajadores colombianos del Banco Mundial fueron notificados, al llegar a suelo estadounidense, de que sus visados habían sido revocados. A otro se le impidió embarcar en su vuelo con destino a Estados Unidos.
El consulado de Estados Unidos en Bogotá suspendió la emisión de visados para nuevos permisos de entrada, mientras que Petro y altos funcionarios de su Gobierno fueron vetados personalmente. Además, se impusieron aranceles del 25% a productos colombianos, con la amenaza de elevarlos al 50% en cuestión de días, una medida con consecuencias económicas devastadoras.
A pesar de un mensaje dramático del socialista Petro, en el que divagaba sobre la supuesta heroicidad colombiana, sus ancestros en el Califato de Córdoba, su descendencia de faraones y esclavos negros, además de otras declaraciones grandilocuentes y extemporáneas, su gobierno no tardó en recular, doblegarse y hasta ofrecer cubrir los costos de las repatriaciones con aviones propios para realizar los traslados. Las deportaciones continuarán como antes y, si Trump quiere que aumenten, así será. No habrá cambios significativos, como quería Trump.
Petro, con sus mensajes y sus denuncias, incluidas referencias a Gabriel García Márquez, le dio a Trump el regalo de proclamar una victoria sin haber cedido un solo milímetro. La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, cerró el domingo con un mensaje que encapsula el triunfo del nuevo presidente: «Los eventos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado. El presidente Trump continuará protegiendo con firmeza la soberanía de nuestra nación y espera que todos los países cooperen plenamente aceptando la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos».
Cómo se salvó la crisis
Clave en las gestiones fue Mauricio Claver-Carone, nuevo responsable de la cartera latinoamericana en el Departamento de Estado y asesor de Trump en su primer mandato. En diálogo con los diplomáticos colombianos, logró resolver la crisis en tiempo récord: Colombia aceptó los términos de la política de repatriación de Trump, incluido el uso del avión presidencial para trasladar inmigrantes deportados.
El acuerdo se alcanzó sin la participación de Gustavo Petro en las negociaciones, permitiendo a la Casa Blanca proclamar la resolución del conflicto como un triunfo al margen de un presidente que estaba elucubrando sobre tomarse una copa con Trump, que es abstemio.
De hecho, Petro, según fuentes diplomáticas estadounidenses, se mantuvo al margen de los contactos, publicando mensajes en redes sociales donde mencionaba temas personales como su gastritis. Fue su canciller, Luis Gilberto Murillo, quien lideró las negociaciones con Claver-Carone, el que anunció la reanudación de los visados una vez llegaran los primeros deportados a Colombia y, finalmente, comunicó que abandonará su cargo antes de lo previsto, según medios colombianos, debido a desacuerdos con Petro en este asunto.
Según explicó Petro, su objeción radicaba en que las repatriaciones se realizaran mediante aviones militares, ya que, bajo la Administración de Joe Biden, Colombia aceptó deportaciones en vuelos comerciales. Sin embargo, Trump ha recurrido al despliegue del ejército para respaldar estas operaciones.
El Departamento de Defensa refuerza los esfuerzos de los vuelos de deportación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
Los primeros vuelos de deportación con aviones C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense despegaron el 23 de enero: uno desde Biggs Army Air Field, en Texas, y otro desde Tucson, en Arizona, trasladando inmigrantes detenidos hacia Guatemala. Dos días después, el 25 de enero, otros dos C-17 partieron desde Marine Corps Air Station Miramar, en California, con destino a Bogotá, pero ambos vuelos fueron desviados cuando Colombia revocó la autorización para su aterrizaje. Uno regresó a Houston y el otro volvió a su base de origen. Los dos vuelos habían sido autorizados antes.
Ahora, estos vuelos no se detendrán ahí. Trump ha establecido como meta al servicio de inmigración acelerar las deportaciones hasta alcanzar las 1.500 diarias, un objetivo ambicioso considerando que la población indocumentada en Estados Unidos se estima en unos 11 millones.
Además, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark E. Green, ha propuesto fortalecer la autoridad de las agencias migratorias para aplicar procesos de repatriación acelerada a inmigrantes considerados inadmisibles. La iniciativa pone especial énfasis en aquellos admitidos a través de los programas de asilo de la Administración Biden, como el que protege a exiliados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Según Green, estas políticas facilitaron la entrada de más de 1,5 millones de personas sin un fundamento legal sólido, comprometiendo el cumplimiento de las leyes migratorias. No pocos republicanos de Florida han pedido al presidente Trump que salve de esas repatriaciones forzosas a cubanos y venezolanos, exiliados de dictaduras socialistas adversarias de Washington.
La repercusión de estos vuelos podría extenderse más allá de América. Entre los indocumentados que solicitaron asilo durante ese período y bajo dichos programas, se encuentran cientos de personas provenientes de países europeos como Suecia, Polonia, Portugal, Grecia, Italia e incluso España. El diputado Green quiere incluirlos a todos en este programa de devoluciones.
De momento, la prioridad estará en devolver a indocumentados en países de mayor volumen de ingresos, en Centroamérica y el Caribe.
