Publicado: mayo 30, 2025, 3:51 am
Donald Trump, que no es un dechado de paciencia, tardó más de un día en salir al paso de una de las decisiones judiciales que más comprometen sus planes en la Casa Blanca: el bloqueo de los aranceles masivos que anunció a principios de abril y con los que buscaba acabar con lo que él, en su opinión, «saqueo» comercial que sufre EE.UU. por parte de todos los países del mundo.
El Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, una instancia judicial federal, consideró el miércoles por la noche que el uso por parte de Trump de una ley de 1977 de poderes de emergencia no es legal. Por lo tanto, tanto esos aranceles -en el caso de la Unión Europea y de España iban a ser del 20%, pero mucho mayores para otros países- y otros anunciados contra sus tres grandes socios comerciales -China, México y Canadá- en base a la misma ley son ilegales, determinaron por unanimidad los tres jueces del tribunal.
«Esa decisión horrible dice que yo tendría que tener la aprobación del Congreso para esos aranceles», dijo Trump en un mensaje en su red social del jueves por la noche, en la madrugada del viernes en España, lo que en su opinión es una decisión judicial «errónea y política».
«En otras palabras, cientos de políticos debería discutir durante semanas, incluso meses, para tratar de llegar a la conclusión de cuánto hay que hacer pagar a los países que nos tratan de manera injusta», defendió.
Pero, como argumentó el tribunal en su decisión, eso es lo que impone la Constitución, cuyo texto otorga al Congreso poderes exclusivos para «establecer y recaudar impuestos, tasas, gravámenes y aduanas» y para «regular el comercio con las naciones extranjeras».
La normativa de 1977 en la que se apoyó Trump es la Ley de Poderes Económicos por Emergencias Internacionales, que dice que el presidente puede «regular» las transacciones con otros países para atajar «amenazas inusuales y extraordinarias». El tribunal explicó que la existencia de déficits comerciales, con los que EE.UU. convive desde hace décadas y que no le han impedido consolidarse como la primera potencia económica del planeta, no es una amenaza inusual ni extraordinaria.
«Si se mantuviera esta decisión, el poder presidencial quedaría completamente destruido», advirtió Trump. «La presidencia nunca será igual».
El tribunal neoyorquino impuso que la Administración Trump diera pasos para desactivar los aranceles en funcionamiento aprobados por ese proceso en un plazo de diez días. Pero la orden fue paralizada más tarde por un tribunal de apelación tras un recurso de urgencia de la Administración Trump, que logró un bloqueo temporal de la orden del tribunal inferior mientras se sustancia el fondo del recurso.
«Por fortuna se ha paralizado la orden», celebró Trump, lo que no le impidió atacar con dureza a los tres jueces que tomaron la decisión inicial. «¿De donde salen estos tres jueces? ¿Cómo es posible que hayan podido hacer tanto daño a EE.UU.? ¿Es solamente odio a Trump?», se preguntó sobre sí mismo.
Otros altos cargos de la Casa Blanca ya habían criticado con dureza la decisión que tumbó los aranceles. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, habló de «golpe de estado judicial fuera de control» y de «tiranía judicial». La portavoz del presidente, Karoline Leavitt, habló de «jueces no elegidos por las urnas», que son «jueces activistas», «jueces corruptos».
A los jueces federales no les eligen las urnas, sino los presidentes. Los tres del tribunal en cuestión proceden de tres diferentes: uno fue elegido por el republicano Ronald Reagan, otro por el demócrata Barack Obama y otro, a su pesar, por el propio Trump.
Al presidente no se le pasó esa circunstancia, que no ayuda en su acusación de que son jueces ‘anti Trump’. Aprovechó su mensaje para justificar que se fió de la Federalist Society, un ‘think tank’ conservador que suele recomendar la nominación de jueces con esas credenciales, y echó la culpa al que fuera su presidente, Leonard Leo, al que calificó de «depravado» que «probablemente odia a EE.UU.»
Tras echar la culpa a otros, no tardó en presionar al Tribunal Supremo, donde es probable que acabe esta cuestión sobre su poder para imponer aranceles. «¡Debe dar la vuelta esta horrible y amenazante decisión de forma rápida y decidida!», exigió.
Desde la Casa Blanca, también reaccionó a la decisión del tribunal de apelación Peter Navarro, asesor comercial de Trump y uno de los principales arquitectos de su política comercial. La calificó de «positiva» dentro de un contexto que considera parte de una lucha política más amplia: «Los aranceles siguen en pie. El tribunal no nos dijo que no podíamos hacerlo, solo que lo hiciéramos de otra forma», explicó. «Así que incluso si perdemos, lo haremos por otro camino».
Navarro enmarcó el conflicto como una confrontación directa entre el poder ejecutivo y el judicial: «Esto es una expansión dramática de un bloqueo judicial contra la agenda Trump. Los jueces no deberían microgestionar cómo el presidente intenta salvar vidas del fentanilo».
Defendió la legitimidad de los aranceles como respuesta a dos emergencias: la crisis del fentanilo y el déficit comercial con China. «El fentanilo ha matado a más de un millón de estadounidenses. Los aranceles estaban funcionando y el tribunal ni siquiera lo reconoció», dijo.
Frente al revés legal anterior, Navarro subrayó que no hay un ‘Plan B, sino una sola estrategia en marcha: «Es el Plan A. Incluye todas las opciones estratégicas. Sabemos cómo es el campo de batalla. Esto no nos tomó por sorpresa».
Además, añadió que el Gobierno sigue en conversaciones activas con otros países: «Esta mañana recibimos llamadas de gobiernos que nos dijeron: hemos visto el fallo, pero sabemos que esto no detendrá lo que ustedes tienen que hacer».
Concluyó que habrá una respuesta decidida en los próximos días, coordinada por el representante comercial James Greer: «Vamos a responder con fuerza. Creemos que tenemos un caso muy sólido y lo vamos a defender».
