Publicado: marzo 9, 2025, 4:05 pm
Un estudio de la agencia inmobiliaria Global Property Solutions (GPS Property) arrojó que las tomas ilegales en Chile se expanden un 30% -120 hectáreas- cada año, desde 2019.
El sondeo cifra que más de ocho millones de metros cuadrados son ocupados por estos asentamientos ilegales en todo el territorio nacional, albergando aproximadamente a unas 200 mil personas. Esto equivale a comunas completas.
Asimismo, la medición señala que el 56% de las tomas ilegales se asientan en terrenos privados, mientras que el 44% lo ha hecho en terrenos fiscales.
El estudio también sostiene la existencia de dos tipos de tomas en el país: las espontáneas (23%), caracterizadas por no tener planificación y distribuirse irregularmente; y los loteos planificados (77%), que tienen un diseño estructurado y son promovidos por organizaciones ilegales.
En dicho tipo de toma, los terrenos se comercializan a precios muy bajos, sin autorización de los propietarios legítimos.
Respecto a los asentamientos espontáneos, en tanto, a nivel nacional ocupan 300 mil metros cuadrados en terrenos fiscales; y 850 mil en tierras privadas.
Por último, las regiones más aquejadas por el problema de las tomas son Valparaíso, Tarapacá, Arica y Metropolitana.
«Hay que poner mano dura»
Las cifras del estudio se dan a conocer días después de la situación en la megatoma de San Antonio -cuyo desalojo fue pospuesto por seis meses tras un acuerdo entre el Gobierno y los dueños, a fin de gestionar la tasación del terreno- y la expulsión de los residentes del asentamiento El Edén, ubicado en la comuna de Viña del Mar.
Frente a estos problemas habitacionales, el diputado republicano Cristián Araya exigió «poner mano dura» para hacer respetar la ley.
«Este aumento (de las tomas) es un reflejo del abandono del Estado. Chile se está convirtiendo en tierra de nadie; las mafias aumentan su poder y control territorial, y hay quienes sacan dividendos políticos de esta situación», dijo el integrante de la Comisión de Vivienda.
«Lo primero es recuperar el Estado de Derecho, el control territorial, cerrar las fronteras para que no ingresen más inmigrantes ilegales. La solución está en poner mano dura, en hacer valer y respetar la ley», sostuvo.
El diputado frenteamplista Diego Ibáñez también manifestó su preocupación en torno a la problemática: «Durante el período de la pandemia hubo una explosión de los asentamientos irregulares, sobre todo en la Región de Valparaíso, que es la que represento».
«(Esto) se viene arrastrando también por el precio de la vivienda, que no es accesible y que ha perjudicado la situación de muchas familias: son cerca de 700 mil las que viven en inmuebles allegados, en campamentos. Es un desafío que deberán tomar los Gobiernos que vengan», añadió.
Por su parte, el arquitecto y columnista Iván Poduje señaló que para hacer frente a la situación hay que «acelerar la política habitacional y para eso reducir los plazos que toma el Minvu en aprobar proyectos en el Serviu, que pueden demorar hasta un año».
«La única forma de controlar las tomas ilegales, aparte de perseguir a las mafias que muchas veces están detrás y venden tierras, es reduciendo los trámites, permisos y la burocracia para aprobar proyectos. Si nosotros hacemos eso vamos a poder agilizar la entrega de viviendas y, por tanto, quitar demanda a las tomas», indicó.
