Publicado: agosto 15, 2025, 1:55 am
En 2024, el Gobierno alemán acordó pagar 7.500 euros por solicitante de asilo a los estados federados, encargados de cubrir las prestaciones sociales, alojamiento y manutención, seguro médico, educación, integración e infraestructura administrativa. Sustituyó así el modelo anterior de financiación global, que … rondaba los 3.700 millones de euros anuales, cantidad que se sumaba al presupuesto aportado por los Bundesländer.
El gasto total anual del Estado alemán en refugiados se sitúa en torno a los 15.000 millones de euros y, para muchas administraciones, resulta insostenible. Los consejeros socialdemócratas (SPD) del estado de Turingia acaban de hacer una propuesta que evitaría, al menos, que esa cantidad anual se pague a fondo perdido: plantean que los solicitantes de asilo reciban prestaciones sociales en forma de préstamos.
Dos administradores de distrito del SPD de Turingia exigen que los solicitantes de asilo adultos, los refugiados reconocidos y los extranjeros de países no pertenecientes a la UE reciban beneficios sociales como créditos del Estado alemán. «Cualquiera que venga a nuestro país y no haya pagado impuestos aquí hasta ese momento solo recibiría beneficios sociales como un préstamo sin intereses», ha sugerido el administrador del distrito de Nordhausen, Matthias Jendricke, a la revista Stern.
Según el político del SPD, el préstamo debería funcionar de manera similar al Bafög, la ayuda estatal para los estudiantes universitarios en forma de crédito, de modo que cualquiera que comience a trabajar sujeto a contribuciones a la seguridad social solo tendría que devolver parte de los beneficios recibidos. Además, deberían concederse descuentos a cambio de reembolsos rápidos.
La propuesta incluye, por ejemplo, que a los refugiados se les podría eximir de la mitad del préstamo si empiezan a trabajar en el plazo de un año posterior a su entrada en el país y aprueban un examen de idioma. «La finalización exitosa de la escuela por parte de los niños también podría ser recompensada con un bono de reembolso para los padres», sugiere Jendricke.
El administrador del distrito de Saalfeld-Rudolstadt, el también socialdemócrata Marko Wolfram, apoya la idea e insiste en que el objetivo es motivar a los inmigrantes y solicitantes de asilo a trabajar rápidamente. «Esto crearía un incentivo positivo para integrarse rápidamente, al tiempo que se contrarresta un debate sobre la envidia hacia los migrantes».
Un estado en manos de AfD
Turingia ha sido el primer parlamento regional alemán en el que el partido de extrema derecha y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD) se ha hecho con la mayoría, con el 30,5 % obtenido en las elecciones regionales de septiembre de 2024. El SPD, liderado entonces por el excanciller alemán Olaf Scholz, obtuvo apenas el 6,1% y trata ahora de adaptar su programa electoral con medidas que respondan más fielmente a lo que espera la mayoría de los votantes.
El estado federado de Turingia, en el este de Alemania, ha experimentado un aumento significativo en los costes relacionados con la acogida de refugiados, especialmente desde 2022. En el año fiscal 2023/2024, el Gobierno regional destinó aproximadamente 500 millones de euros a esta partida. Según la ley, los solicitantes de asilo reciben 441 euros mensuales, más alojamiento y atención médica.
Una vez reconocidos como refugiados, pueden acceder al Bürgergeld, que supone 563 euros mensuales adicionales, además de vivienda y cobertura sanitaria. La región de Turingia se ha visto obligada a reconvertir instalaciones públicas, como gimnasios y centros comunitarios, en alojamientos temporales. También ha invertido en centros de integración y formación lingüística, especialmente en ciudades como Erfurt, Jena y Gera.
Este gasto ha sido objeto de controversia, especialmente tras el ascenso electoral de partidos como AfD, que critican el coste y la política migratoria. El SPD regional se suma así a propuestas como las realizadas por el líder del ala más radical de AfD, Björn Höcke, radicado en Turingia, que ha exigido que «las prestaciones sociales para refugiados se limiten al mínimo indispensable» y que se evite «el abuso del sistema».
Concretamente, ha defendido la idea de sustituir el dinero en efectivo de las prestaciones por «sistemas controlados», como tarjetas con saldo limitado, para evitar transferencias a terceros países y que solo se puedan usar para pagar en determinadas tiendas locales, asegurando así que las ayudas terminen en gastos de alimentos, ropa y artículos de higiene.
Todos los partidos políticos alemanes están moviéndose en esta misma línea. En declaraciones recientes, el canciller Friedrich Merz ha insistido en que el sistema social alemán tiene límites. «Si bien Alemania sigue abierta al mundo, las capacidades de nuestros sistemas sociales tienen sus límites», afirmó en un foro de su partido, la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU).
Merz, que lleva apenas cien días en el cargo, está implementando medidas como las restricciones al derecho de reunificación familiar, los controles fronterizos sistemáticos y el rechazo de solicitantes de asilo en frontera. También pretende reducir los incentivos económicos para la migración, reforzar el control administrativo sobre quién recibe las prestaciones relacionadas con la inmigración y evitar la sobrecarga de municipios y servicios públicos.
