Publicado: abril 11, 2025, 11:25 am
La Fiscalía de Rengo formalizó y logró la prisión preventiva de la abuela de una niña de ocho años, de nacionalidad boliviana, y el matrimonio que la compró, por 350 mil pesos, para luego obligarla a realizar labores domésticas en esa comuna de la Región de O’Higgins.
El caso fue destapado en un reportaje de T13, el cual detalla que la transacción ilegal fue realizada en el país de origen de la víctima, donde la pareja vivía cerca de la familiar de esta menor.
Posteriormente, el matrimonio ingresó a la niña en forma irregular a nuestro país, de modo que «la menor se tuvo que enfrentar a situaciones de clima adverso, temperaturas muy mínimas en la noche, y máximas en el día», indicó el subprefecto Cristián Pacheco, subjefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI.
Acto seguido, los responsables se instalaron en un campamento de Rengo, lugar donde «nuestros oficiales investigadores pudieron establecer que esta menor de edad era sometida a castigos, como dormir a la intemperie, afuera de su hogar, y se le negaba la alimentación. Todo esto era, lamentablemente, cuando ella no cumplía con las labores del hogar que se le encomendaban».
La explotación laboral de esta pequeña quedó al descubierto en 2024, cuando se presentó una denuncia por presunta desgracia o secuestro, llevando a Carabineros a ubicarla en Santiago, y en febrero pasado, se estableció que fue vendida por su familiar.
Imputados arriesgan hasta 10 años de cárcel
En base a antecedentes reunidos por psicólogos que monitorean a la menor desde su rescate, el fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, reveló que la supuesta intención de su abuela era que «la niña fuera educada en Chile, pero eso no ocurrió: fue obligada a efectuar labores de servidumbre, de limpieza, obligada a trabajar, sin otorgársele ni educación ni salud«.
«La investigación que desarrollamos tiene la relevancia de mostrar que aún existen casos que parecen descabellados, o sacados de una historia de ficción, pero que todavía ocurren», subrayó el persecutor.
Con todo, los tres imputados por trata de personas con fines de servidumbre y explotación laboral fueron encarcelados la semana pasada, y la Fiscalía afirma que arriesgan hasta 10 años de cárcel.
