Publicado: mayo 7, 2025, 12:43 pm
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el excanciller Alfredo Moreno, copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca dar una solución política al conflicto histórico del Estado chileno con el pueblo mapuche, se refirió este miércoles a la entrega de su informe final al Presidente Gabriel Boric, afirmando que lo que el texto propone «es un cambio extraordinario hacia adelante y sumamente necesario, porque el sistema actual no puede continuar».
Sobre las críticas de la oposición, el empresario y otrora ministro de los dos Gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) dijo entender que «la desconfianza en esta materia es tremenda», pero «el llamado es: vaya, lea, infórmese, si hay dudas, las resolvemos y las podemos explicar, pero no trabajemos en base a cosas que no tenemos idea de lo que estamos hablando».
A juicio de Moreno, «esos comentarios que se hacen (contra el informe del organismo) tienen que ver con que la gente no entiende los cambios (que propone) o no los conoce».
El texto de la comisión, que empezó a trabajar en junio de 2023, reúne una veintena de puntos y cinco ejes: justicia y reconocimiento; reparación a las víctimas; tierras; desarrollo territorial, y garantías de la implementación.
Moreno destacó que el documento no incluye aspectos como plurinacionalidad, sistemas judiciales diferenciados o territorios autónomos, temas que habían generado controversia en el fallido primer proceso constituyente.
Reiteró la importancia de cambiar el sistema actual para resolver problemas históricos, como la pobreza y violencia en comunidades mapuche.
«El planteamiento que se está haciendo de lo que hay que hacer es sumamente relevante y yo lo resumo en una cosa muy básica: el sistema actual no puede continuar«, señaló el ex secretario de Estado.
«El sistema actual hay que terminarlo y hay que reemplazarlo por otro —enfatizó—. Hay que, por supuesto, respetar los derechos que hayan adquirido las personas, pero esto tenemos que enfrentarlo de otra manera, para bien de las comunidades mapuche que merecen que sus problemas sean resueltos, también para los del resto de las personas que viven en esos lugares. Hay otros propietarios, por ejemplo, en el caso de la tierra. Los mapuches tienen que poder ejercer su libertad de elegir qué es lo que quieren, qué van a hacer con su propia tierra, como ellos estimen conveniente, igual que cualquier chileno».
Respecto de la autogobernanza que propone el informe, Moreno explicó que se refiere a «que puedan organizarse de acuerdo a lo que ellos estimen dentro de su comunidad: si quieren tener un lonko, si quieren hacer una sociedad anónima. No tienen porqué tener el sistema colectivo que se les obliga hoy día, que tienen que formar una personalidad jurídica cuyos estatutos se los entrega la Conadi y que los obliga a tener un sistema de organización con decisiones por unanimidad. Ningún chileno tiene eso, ¿por qué lo van a tener ellos? Hoy día les causa tremendos problemas y opera para todos igual».
A esto se suma «que puedan realizar actividades comerciales. Hoy día no pueden emitir una factura. Estamos hablando de que puedan realizarse, de gobernarse ellos mismos, ellos como personas, hacer lo que estimen conveniente con sus bienes, con su organización, igual que cualquier chileno, porque la situación que tienen las comunidades mapuche hoy día es que se les impone una organización, se les impone no poder hacer ninguna transacción de ningún tipo», sostuvo.
«Puede no ser el momento más adecuado»
A pesar de la resistencia política, Moreno recalcó la necesidad de diálogo y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, aunque admitió que «puede no ser el momento más adecuado; puede ser que lo volvamos a pensar con más detalle más adelante».
En ese sentido, planteó que el próximo Gobierno debe acercarse a este informe con apertura, independientemente de quién esté en el poder.
«Vamos a tener un periodo en que lo esencial va a ser la consulta indígena, si el Presidente decide perseverar con todo o con alguna de las ideas planteadas, y eso va a durar por lo menos un año, así que no va a haber, me parece, creo yo, mucha discusión de esta materia en lo que resta del periodo de elecciones que vamos a tener durante este año«, indicó Moreno.
«Pero luego de eso —apuntó— viene el nuevo Gobierno, cualquiera que sea, y el nuevo Parlamento también, cualquiera que sea, y el problema va a estar ahí. Va a seguir, va a estar ahí, va a seguir la pobreza, vamos a seguir teniendo grupos violentos, vamos a seguir teniendo este problema de restitución de tierras que aumenta y aumenta, va a seguir la decepción de las personas que les dicen que les van a entregar tierra, que les hacen un estudio y les dicen que tienen todo el derecho, lo enmarcan, lo ponen en su living, pasan generaciones y no lo cumplen. Estamos creando algo que, en vez de ayudar a resolver el problema, está agravando el problema«.
Republicanos insisten en sus cuestionamientos
No obstante, hay sectores de la oposición que se mantienen firmes en contra del acuerdo, por lo que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó a quienes plantearon su distancia sin haber leído el informe, y afirmó que «hay quienes parece que no quieren que exista paz».
El diputado por la zona Stephan Schubert (Republicanos) defendió que «prejuicio no hay; ya leímos el informe y estamos opinando respecto del contenido que, a nuestro juicio, dejó pasar una excelente oportunidad, y se compró una visión de un sector político, que además, ya fue rechazada en una votación (aludiendo al primer plebiscito constitucional), y que lo que va a hacer es eternizar una cantidad impresionante de recursos que no está señalado desde dónde se van a sacar».
«Creo que es una falta de respeto que el ministro del Interior se refiera así a quienes no están de acuerdo con su visión», fustigó.
Por lo pronto, en el Senado se levantan gestiones para que este rechazo a priori no se propague hacia esa corporación, como una sesión especial dedicada al informe, y un almuerzo entre excomisionados de derecha y los parlamentarios de ese sector.
La senadora Carmen Gloria Aravena, que renunció a Republicanos una vez que apoyó el reporte de la comisión, manifestó que «es muy doloroso, no sólo para mí, sino que para mucha gente de La Araucanía que se ha visto afectada con los problemas de violencia y pobreza, ver cómo algunos critican el informe final con la única finalidad de obtener réditos políticos«.
«Llamo a nuestro sector a priorizar la seguridad y la reparación de las víctimas por encima de los propios fines personales», zanjó.
