Publicado: abril 30, 2025, 6:08 pm

La Corte Suprema rechazó este miércoles un recurso de amparo ingresado por la defensa de Manuel Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual, que busca revocar la prisión preventiva vigente desde noviembre de 2024.
El abogado del exsubsecretario del Interior esperaba que el máximo tribunal aceptara rebajar la medida cautelar a una menos gravosa, como el arresto domiciliario total, sumado a la prohibición de acercarse a la víctima y el arraigo nacional.
A la salida de la audiencia de esta mañana, el defensor penal público Víctor Providel, que representa a la exautoridad, acusó que «la resolución que mantiene privado de libertad a Manuel Monsalve es ilegal, por la falta de fundamentos en la resolución el Juzgado de Garantía«.
«Básicamente, lo que estamos planteando es que, en la audiencia del 1 y 2 de abril, realizamos una serie de cuestionamientos a la existencia de los delitos, que quedaron sin respuesta en la resolución impugnada, y alegamos que, al no hacerse cargo de nuestros fundamentos, torna la privación de Manuel Monsalve en ilegal», detalló el abogado.
En la mentada revisión de cautelares de principios de mes, el fallo de la jueza Carla Cappello rescató nuevos antecedentes de la Fiscalía, que daban a entender que el imputado manipuló evidencia y eliminó información de sus celulares tras el presunto ataque contra una entonces funcionaria de la Subsecretaría del Interior.
Para la magistrada, tales conductas, junto con que el hecho que se le atribuye a Monsalve tiene asignada pena de crimen, «configuran tanto el peligro para la seguridad de la sociedad, como el peligro para la investigación, por lo que el tribunal resuelve mantener la prisión preventiva».
Abogada de la víctima cuestionó argumentos de la defensa
María Elena Santibáñez, abogada de la víctima, expresó que «nosotros entendemos de partida que (el recurso) no era procedente, pero además la ilegalidad y la arbitrariedad que se alega en dicha acción (de los defensores) no concurre».
«Se trata de una resolución que corresponde a una de revisión de cautelares, no una revisión de una prisión preventiva que se esté discutiendo desde cero. Por lo mismo, las alegaciones (nuestras) que se hicieron en la audiencia fueron recogidas por la magistrada, que dio cuenta que no existirían antecedentes novedosos en relación con la posición del imputado», añadió la jurista.
«Muchas alegaciones hechas en esta oportunidad, que pueden ser legítimas que se mantengan por parte de la defensa, lo que corresponde es que se hagan cuando se rinda la prueba», concluyó Santibáñez.
Por su parte, el abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Nicolás Calvo, sostuvo que si existieran cuestiones de fondo en la resolución del Juzgado de Garantía, el camino jurídico «correcto» era un recurso de apelación y no uno de amparo.
«Si la defensa cuestiona el peso de los antecedentes invocados para mantener o solicitar la prisión preventiva y la resolución es contraria a los intereses de la defensa, el camino correcto -procesalmente hablando- es el recurso de apelación», expresó.
«Recordemos que el recurso de amparo tiene el propósito de proteger a aquellas personas detenidas o presas fuera del margen legal, y a juicio de Fiscalía, este no era el caso. Si la defensa plantea que hay cuestiones con respecto a presupuestos materiales, ella debieron haber apelado, pero no presentaron el recurso a tiempo», puntualizó Calvo.