Publicado: febrero 10, 2025, 1:19 pm
El ambicioso plan de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para gestionar la crisis de la inmigración por medio de dos centros en Albania, sufre un cambio significativo ante los obstáculos de la magistratura. Meloni modificará el acuerdo con Albania para evitar que … los centros estén vacíos.
Después de que los tribunales italianos anularan la posibilidad de acelerar los procedimientos de repatriación en los centros de Gjader y Shengjin -construidos el pasado año por Italia, en los que se aplica la jurisdicción italiana- el Ejecutivo ha optado por reformular su estrategia.
En lugar de servir como centros de detención y clasificación de los migrantes rescatados en el Mediterráneo, las estructuras de Gjader y Shengjin se convertirán en Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR), al igual que los que ya existen en Italia, dedicados exclusivamente a inmigrantes irregulares ya con orden de expulsión.
La diferencia de los centros de Albania con los CPR establecidos en Italia es que se eliminaría un paso: la convalidación de las detenciones de inmigrantes, ahora encomendadas a los Tribunales de Apelación, que siempre han rechazado las detenciones, lo que ha entorpecido el plan inicial de Meloni
La normativa vigente no permite el traslado automático de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo a Albania sin un proceso de revisión individual. Una de las claves en ese proceso está en la procedencia de los inmigrantes: si sus países de origen son o no «seguros».
Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, aprobada el pasado 4 de octubre, estableció el principio por el que un país, para ser definido como «seguro», debe serlo en todo su territorio de forma homogénea y para todas las personas que viven en él.
Sobre la base de este principio, los jueces de inmigración italianos no validaron algunas de las detenciones los inmigrantes llevados a los centros de Albania, concretamente los que procedían de Egipto y Bangladés, dos países donde los políticos de la oposición y las comunidades LGBTQ+ suelen ser perseguidos.
En octubre, el Gobierno aprobó un decreto con una lista de 19 países considerados «seguros» a los que se podía repatriar a los inmigrantes irregulares procedentes de esas naciones: Albania, Argelia, Bangladés, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez. Pero esta lista no coincide con la aprobada por el Tribunal de Justicia Europeo que, al contrario de Italia, incluye a Bangladés y Egipto -lugar de procedencia de una buena parte de los inmigrantes irregulares que llegan a Italia- como países no seguros.
Los jueces italianos se atienen a la normativa del Tribunal de Justicia Europeo, que está por encima de la legislación italiana. Precisamente, ese Tribunal de Luxemburgo aprobará el próximo 25 de febrero una resolución definitiva con criterios más claros sobre la clasificación de los países «seguros» para poder repatriar a los inmigrantes irregulares.
Por otro lado, Italia presiona para que se adelante la entrada en vigor del nuevo Pacto de Asilo e Inmigración europeo (prevista para 2026) y la posibilidad de crear centros en terceros países que se utilicen para la repatriación de inmigrantes irregulares presentes en territorio europeo.
Es una propuesta que suscita polémica, pero ha obtenido un amplio consenso y pronto podría encontrar respuesta en la directiva de repatriación que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ha anunciado para marzo. En este contexto, Italia intenta adelantarse a las nuevas directrices europeas estableciendo un modelo de centros de repatriación en terceros países.
A la espera del dictamen de los jueces del Tribunal de Justicia Europeo, la estrategia del Ejecutivo fue discutida en una reunión urgente el viernes entre Meloni, el ministro del Interior Matteo Piantedosi y el subsecretario Alfredo Mantovano, busca esquivar el obstáculo judicial. «Si los inmigrantes están en suelo italiano, su traslado a Albania sería ilegal. Pero si reinterpretamos los centros como extensiones administrativas de Roma, quizás logremos aplicar nuestra legislación», afirma un asesor de Palazzo Chigi, sede de la presidencia del Gobierno.
No obstante, expertos advierten obstáculos: el protocolo italo-albanés, ratificado por ambos parlamentos, no contempla esta figura. A pesar de todo, el Gobierno Meloni reitera su voluntad de seguir adelante. Por eso tiene prevista hoy otra reunión, con el objetivo de encontrar una solución jurídica fiable tras las sentencias contrarias de los jueces sobre las detenciones en Albania. La preparación de este nuevo decreto ley fue confirmada ayer por el ministro de Asuntos Europeos, Tommaso Foti, a ‘La Repubblica’.
Pulsera electrónica
Entre las nuevas reglas que prepara el Ejecutivo está la pulsera electrónica para monitorear a quienes abandonan los Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR), que en algunos periodos están masificados y resultan casi inmanejables. Según los medios italianos, el Gobierno estudia modificar el sistema de acogida de inmigrantes, aplicando un «seguimiento electrónico», diseñado para evitar que los solicitantes de asilo desaparezcan una vez que llegan a Italia.
En definitiva, el objetivo del Gobierno es consolidar con un nuevo decreto su autoridad en materia migratoria sin provocar un conflicto abierto con la justicia. La solución al plan Albania marcará no solo el futuro de la política migratoria italiana y su capacidad para liderar un modelo de gestión de flujos migratorios en terceros países. Por ahora, la única certeza es que la estrategia de Meloni en Albania ha tenido que cambiar de rumbo para evitar el naufragio y seguir a flote.
Mientras tanto, la oposición sigue criticando con dureza el plan del Gobierno en Albania, que ha registrado hasta ahora el fracaso de tres envíos de inmigrantes irregulares, todos ellos devueltos de inmediato a Italia, porque así lo ordenaron los jueces de inmigración. «Perseverar es diabólico, el Gobierno debe detener esta locura institucional que está creando un choque de poderes sin precedentes y un despilfarro de recursos», explica Simona Bonafè, líder del grupo del Partido Democrático en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara.
