Publicado: marzo 2, 2025, 5:44 pm
Un total de 3.700 familias de la megatoma Centinela de San Antonio han participado del proceso de inscripción para conformar cooperativas de vivienda, iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para evitar el desalojo de más de 11 mil personas.
En un segundo proceso, que se llevó a cabo entre el 28 de febrero y 1 de marzo en el gimnasio de la Escuela Padre André Coindre, se sumó a 1.700 nuevas familias, alcanzando el 90% de los 4.100 hogares catastrados en el sector.
La jornada contó con el apoyo del Serviu provincial regional y del nivel central del Minvu, bajo la coordinación de la delegada Gloria Maira, quien afirmó que «son 3.700 familias las que se han inscrito en estas organizaciones a fin de poder viabilizar la compra del terreno y desarrollar un proyecto habitacional, que les permita radicarse en el cerro e integrar este gran barrio a la ciudad de San Antonio».
Las cooperativas han sido parte de la estrategia propuesta por la cartera para facilitar los acuerdos con los propietarios del terreno, permitiendo que las familias puedan regularizar la situación habitacional.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó que con ello se busca respetar tanto las condiciones de los propietarios como de las familias que viven en la megatoma, considerando las complejidades de la situación.
Se espera que se realicen nuevas jornadas de inscripción en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar la totalidad de familias catastratadas y avanzar en una solución habitacional.
Situación de toma en Viña del Mar
Una situación diferente es la que se vive la toma «El Edén» de Viña del Mar, ya que este martes 4 de marzo vence el plazo para su desalo.
Los pobladores, que ocupan el terreno desde el 2022, aseguran haber ingresado con autorización del dueño, José Massú, a quien luego acusaron de estafa tras pagar dos millones de pesos sin garantías de permanencia.
Pese a la querella presentada y a los intentos de devolver el terreno con tiempo para reubicarse, denuncian falta de apoyo institucional y piden suspender el desalojo mientras buscan adquirir un predio cercano como solución habitacional.
«Lo que necesitamos es tiempo para hacer el desocupo voluntario y que no se violen los derechos humanos, como estamos seguros de que se van a violar. Hay un atentado contra la familia también. Una de las propuestas de los albergues es sencillamente separar a los mujeres y niños por un lado y los padres por otro«, afirmó Carlos Calixtro, dirigente de la toma.
Por su parte, el delegado presidencial de la región, Yanino Riquelme, indicó que tienen «todas las preparaciones ya en desarrollo», destacando las «reuniones de coordinación y comunicación efectiva con todas las instituciones, de tal forma de no pasar por encima de ningún derecho y poder asegurar la buena calidad del derecho mismo y que las familias que no tengan algún incidente que lamentar«.
Hasta ahora, los vecinos mantienen la esperanza de que las autoridades reconsideren su situación y les brinden el tiempo necesario para encontrar una alternativa digna.
