Publicado: agosto 19, 2025, 12:32 am
La Comisión de Salud del Senado retomó este lunes la discusión del proyecto del Gobierno que busca modificar el pago de los subsidios por incapacidad laboral, en un contexto marcado por el escándalo nacional de los 25.000 funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica.
Aunque los sumarios por este caso siguen su curso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que las sanciones avanzan de forma lenta, debido a los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo.
Marcel, encargado de liderar este tema desde el Ejecutivo, afirmó que ya «ha habido casos de destituciones», aunque se trata de una «cifra pequeña» debido a que la mayoría de los sumarios aún no han concluido.
El ministro destacó que su cartera distribuyó una circular a los jefes de servicio para que se hagan responsables de concluir estos procesos y aplicar las sanciones correspondientes, reiterando que la intención es «aplicar todas las sanciones cuando corresponden».
El debate en el Congreso se centró en la propuesta del Gobierno para modificar los parámetros de pago de licencias médicas, un proyecto que busca reducir el gasto del Estado en ausentismo laboral.
La iniciativa, que fue impulsada a raíz de los informes de la Contraloría, plantea homologar los días de carencia para los trabajadores del sector público y privado, pasando a dos días de reposo sin pago para ambos.
ANEF acusa «retroceso estructural»
La propuesta ha generado un rotundo rechazo por parte de los empleados fiscales. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, expuso hoy en la comisión y criticó que «la solución a un problema puntual, como el abuso o uso fraudulento de licencias médicas, se pueda transformar en un retroceso estructural» para los trabajadores del Estado, quienes actualmente no tienen días de carencia.
El dirigente argumentó que, si bien la situación es grave, los casos de uso irregular detectados por la Contraloría corresponden a un porcentaje mínimo del total de licencias en el sector público: un 0,7%.
Subsecretaria: El sistema actual no tiene «razones epidemiológicas» que lo justifiquen
Por su parte, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, defendió la necesidad de la propuesta, señalando que «la manera en que están diseñados los seguros de salud modifica la conducta de las personas y por ende, al modificar los parámetros estructurales de las características del seguro, lo que se hace también es cambiar los incentivos para que su uso sea más igualitario entre todos los trabajadores».
«Que sea un uso distinto entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público comprueba el punto de que acá no hay razones epidemiológicas detrás del uso que se hace el seguro y es por eso que una de las cosas que busca este proyecto de ley es equiparar las normas para que el uso sea efectivamente igual en todos los trabajadores de nuestro país», enfatizó la autoridad sanitaria.
Senadores admiten dificultades
La discusión, sin embargo, no estará exenta de dificultades. Los senadores de la Comisión de Salud, entre ellos Francisco Chahuán (RN) y Juan Luis Castro (PS), manifestaron estar conscientes de las objeciones del proyecto, pero también de la necesidad de reformar el sistema.
«Advirtiendo las dificultades que tiene el proyecto, la única manera de corregir esas dificultades es con una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Entonces, me gustaría saber si el Ejecutivo va a defender o no la función pública y el principio de probidad», apuntó Chahuán.
«Ningún proyecto sale como entra, pero no puede ocurrir que en el debate legislativo se termine diciendo, ‘Vamos a seguir haciendo lo mismo que teníamos antes, los parámetros van a ser los mismos’, porque esto ya no resistió», afirmó Castro.
