Publicado: julio 15, 2025, 5:44 pm
Los inmigrantes que hayan entrado de manera ilegal a EE.UU. ya no tendrán la posibilidad de una vista para solicitar su libertad bajo fianza, según un cambio regulatorio adoptado por el Gobierno de Donald Trump hace unos días. La decisión puede afectar a … millones de inmigrantes, incluso a aquellos que llevan décadas viviendo en EE.UU. y tienen familia y trabajos estables en la primera potencia mundial.
El cambio regulatorio fue adoptado en una directiva compartida la semana pasada por el director interno de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés, o ‘la migra’, como se la conoce entre la comunidad inmigrante), Todd Lyons, a la que han tenido acceso varios medios estadounidenses.
En ella, Lyons especifica que los inmigrantes deberán quedarse bajo detención «durante la duración de sus procesos de expulsión». Esos procesos, ante el embudo de casos a los que se enfrentan los jueces migratorios, se alargan durante meses y años y, hasta ahora, se permitía a los inmigrantes solicitar una libertad bajo fianza mientras se ventilaban. La excepción era para aquellos con antecedentes criminales, que no eran puestos en libertad.
La directiva añade que puede haber casos excepcionales donde se permita la salida condicional, pero es algo que deberá decidir una autoridad de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional -bajo el que está ICE-, no un juez migratorio.
La directiva se enmarca dentro de los esfuerzos de la Administración Trump por cumplir con su promesa de ejecutar «el mayor programa de deportación de la historia de EE.UU.». Los procesos de expulsión son más rápidos si los sujetos afectados están bajo detención. Y la idea del Gobierno es ampliar de manera masiva su capacidad de detención y expulsión.
Para ello, cuenta con una inyección enorme de fondos, facilitada por la reciente aprobación de la gran ley fiscal y presupuestaria de Trump, la llamada ‘One, Big, Beautiful Bill’ (ley ‘una, grande y hermosa’), que incluye 45.000 millones de dólares para un periodo de cuatro años en los que ampliar la capacidad de detención, procesamiento y expulsión de inmigrantes indocumentados.
En la actualidad, la capacidad de los cerca de doscientos centros de detención de ICE es de unas 56.000 personas por día. Los nuevos fondos permitirán casi duplicarla, hasta las 100.000 personas.
El impacto de la nueva directiva ya se ha empezado a sentir en todo EE.UU. Los operativos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración han asegurado a ‘The Washington Post’ que se ha negado la vista para libertad condicional a decenas de inmigrantes por todo el país, en estados como Nueva York, Virginia, Oregón, Carolina del Norte o Georgia.
Los defensores de esta medida aseguran que, además de la rapidez para procesar y deportar a quienes no tienen razones para pedir asilo, la nueva directiva desincentivará a los inmigrantes a hacer peticiones sobre su estatus con poca base, solo con la posibilidad de que sean liberados mientras se procesa, entre retrasos, su caso.
Según el informe anual de ICE del año pasado, la detención de los inmigrantes solo se producía cuando era «necesario». Y, en realidad, también cuando era posible, ante la capacidad limitada de detención. Según sus números, la gran mayoría de los 7,6 millones de inmigrantes que están registrados dentro de un proceso de revisión de su estatus fueron liberados mientras se ventilan sus casos.
La idea de no poder solicitar la fianza será también una forma de desanimar a quienes tengan en mente cruzar la frontera de forma ilegal a EE.UU., algo que ya ha conseguido la política de mano dura de Trump, desde la militarización de la frontera, a la imposibilidad de solicitar asilo o la deportación a terceros países. O con proyectos con mucho peso propagandístico, como el nuevo ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención para inmigrantes en los pantanos inhóspitos de Florida.
El efecto en la frontera ha sido evidente. En el pasado mes de junio solo se efectuaron 6.070 detenciones en la frontera, el número más bajo registrado, y un desplome respecto a los 87.606 del año pasado, con Joe Biden todavía en la Casa Blanca.
