Publicado: octubre 29, 2025, 4:55 pm
En imágenes escalofriantes, los propios habitantes de la favela da Peña se reunieron para ir recogiendo cuerpos y llevarlos a la plaza São Lucas, en el centro del barrio, donde los enfilaron semidesnudos, ascendiendo el número de muertos a 128 personas, y dando cuenta … del resultado de una operación policial ordenada por el Gobierno de Río de Janeiro contra la facción criminal Comando Vermelho (CV), que está siendo muy criticada por ser la más letal de la historia de la ciudad y probablemente del país.
Las imágenes han dejado en shock a la opinión pública de Brasil y del mundo por haber ocurrido en dos favelas de la zona norte de Río de Janeiro, los complejos de Alemão y Peña, donde viven más de 100.000 personas, la mayoría una población pobre que trabaja en los barrios ricos de la ciudad. En las calles de barrios de clase media, la gente se cuestiona, que las víctimas podrían ser personas que trabajan en sus casas. De hecho, el ritmo de la ciudad ha sido afectado en el transporte, en las escuelas y en los hospitales.
La operación, ordenada por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha levantado una discusión política que será central en las próximas elecciones entre el bolsonarismo y el petismo, representado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La acción liderada por Castro, que es bolsonarista, ha sido comparada inclusive con una realizada por el Gobierno brasileño hace poco más de un mes, en São Paulo, en que fueron capturados líderes de otra facción, el PCC (Primer Comando de la Capital) sin que se diera ningún tiro y asfixiando financieramente al grupo.
La comparación ha puesto en jaque el argumento de Castro, que dice haber planeado la operación durante un año, y ha sido cuestionada por no haber sido consultada al Gobierno central, en un momento en que el presidente Lula da Silva estaba fuera del país, retornando de una gira diplomática en Asia.
Castro, aliado al expresidente Jair Bolsonaro, fue defendido por bolsonaristas, entre ellos, el senador Flavio Bolsonaro, favorable a una estrategia como la que fue usada por Castro, el martes. Del otro lado, el gobierno Lula y sus ministros vienen defendiendo la estrategia usada en la Operación Quasar, de São Paulo, más enfocada en inteligencia y que golpea los esquemas de blanqueo de fondos de los narcotraficantes.
Castro, que inicialmente había defendido la operación, asegurando que estaba autorizada por el Poder Judicial y acompañada por la Fiscalía, admitió más tarde que la acción podía haber excedido sus límites. «Esta es una guerra que está pasando los límites que el estado (de Río de Janeiro) debería estar defendiendo solo. Para una guerra de esta, que nada tiene que ver con la seguridad urbana, deberíamos tener un apoyo mucho mayor. En este momento, quizás hasta de las Fuerzas Armadas», señaló en sus primeras declaraciones. Más tarde, replicado por el ministro de justicia, Ricardo Lewandowski, admitió que no había consultado al equipo del Gobierno Lula.
Un traslado macabro
El macabro traslado a la plaza fue una iniciativa de los propios vecinos para facilitar la identificación por parte de los familiares. Muchos de los cuerpos presentaban heridas de bala, e incluso algunos tenían el rostro desfigurado. «En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido a lo que estoy viendo hoy. Es algo nuevo. Brutal y violento a un nivel desconocido», declaró a la prensa el activista Raull Santiago, que ayudó en el traslado de los cuerpos.
Los cadáveres, recogidos en una zona de monte vecina a la favela donde se concentraron los feroces enfrentamientos el martes, no figuraban en el balance oficial de 64 muertos, incluídos entre ellos cuatro policías, difundidos el día anterior por el equipo del gobernador, que anunció el número primero como una victoria del Estado contra el crimen organizado, y que ha retrocedido en esa posición tras las críticas desde el Gobierno, de la defensoría pública, de organizaciones de defensa de derechos humanos e incluso de la ONU.
«Estamos horrorizados con la operación policial en curso en las favelas de Río de Janeiro, que supuestamente ya ha resultado en la muerte de más de 60 personas, incluyendo cuatro policías», publicó en una red social el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Letalidad policial
A nivel nacional, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) emitió una nota repudiando el aumento de la letalidad policial y criticó que las acciones estatales «no pueden resultar en ejecuciones sumarias, desapariciones o violaciones de derechos humanos», especialmente en comunidades marginadas. La DPU recordó que la Corte Suprema brasileña homologó a principios de año un plan para reducir la letalidad en Río, estableciendo el uso excepcional de las operaciones como forma «de garantizar la seguridad pública en consonancia con la protección a la vida« desde el Estado.
Mientras tanto, en la sede del Instituto Médico Legal (IML) cientos de personas llegadas desde diversos puntos del estado se aglomeraban en busca de información sobre familiares. En entrevista a la Agencia Brasil, una mujer, identificada como Carol Malícia, relató que su pareja, Vitor, padre de su hija, le había contactado el martes diciéndole que estaba «acorralado» y que no sabía si iba a «soportar por mucho tiempo». Según el medio, el hombre fue encontrado más tarde herido. Otro familiar, que prefirió el anonimato, criticó la forma deshumana en que se encontraron los cuerpos: «Los dejaron ahí tirados, desnudos. Ni a un animal se le trata así, no importa lo que haya hecho la persona», declaró.
«Los dejaron ahí tirados, desnudos. Ni a un animal se le trata así, no importa lo que haya hecho la persona», declaró un familiar
Por su parte, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le ordenó a la Fiscalía General de la República (PGR) que se manifieste en 24 horas sobre la operación. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le solicitó al Supremo que el gobernador Cláudio Castro presentase un informe detallado con la justificación formal de la acción y las medidas para asegurar la responsabilidad de los agentes.
La operación, denominada Contención, que según Castro llevó un año de planificación y que involucró a 2.500 agentes policiales, buscaba cumplir un centenar de órdenes de prisión e impedir la expansión territorial del Comando Vermelho, una organización que, según el Mapa de Grupos Armados, ha sido la única en aumentar su control territorial en el estado, alcanzando más del 51% de las áreas dominadas por grupos armados. La Policía Civil reportó la incautación de más de cien fusiles, pistolas y granadas, además de más de cien detenciones.
