Publicado: julio 21, 2025, 6:00 pm
El año 2024 se ha convertido en un capítulo oscuro en la historia penitenciaria de Venezuela. El escenario postelectoral exacerbó la situación de los privados de libertad, lo que se tradujo en un aumento del hacinamiento, más violaciones a los derechos humanos y un … número significativo de muertes bajo la custodia de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes su informe anual, titulado «Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura». En él, el OVP denuncia el fracaso de las reformas del Ministerio para el Servicio Penitenciario, un órgano bajo control del régimen chavista. Según el informe, este ministerio ha dado «licencia a los custodios para matar» al autorizarlos a disparar a las extremidades inferiores de los reclusos.
El informe revela la muerte de 145 privados de libertad bajo custodia en 2024. De esta cifra, 40 fallecieron en calabozos, 66 por problemas de salud y 39 por causas violentas. Sin embargo, la situación es más grave si se considera que, desde 2017, al menos 560 personas han perdido la vida debido a condiciones de salud deplorables mientras estaban recluidas en prisiones donde se cometen y agravan delitos de lesa humanidad. Estas prácticas han sido condenadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el Tribunal Penal Internacional y organizaciones como Amnistía Internacional.
Venezuela cuenta con 52 cárceles: 35 para hombres, una para mujeres y 16 funcionan como anexos femeninos. En 2023, siete centros penitenciarios fueron cerrados tras ser controlados por los llamados «pranes», reclusos con poder que lideran y controlan los penales. Esto provocó niveles de hacinamiento superiores al 200% en los centros operativos. Pero, pese a estos cierres, el OVP explicó que algunas estructuras seguían en 2024 bajo el control de los «pranes».
La situación de los presos políticos
El Foro Penal Venezuela, una ONG que monitorea la situación de los presos políticos, insiste a diario que hay más de 900 opositores detenidos por motivos políticos. Esta cifra aumentó significativamente (según OVP) después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando 2.529 personas fueron detenidas por estas razones desde esa fecha. Estos detenidos sufren aislamientos prolongados, desapariciones forzadas, se les niega la defensa privada y asisten a sus audiencias de forma telemática.
El OVP también se refirió a los 158 adolescentes detenidos después de las elecciones de julio pasado, y explicó que quedan tres en prisión. Los menores han sido sometidos a torturas psicológicas y físicas, incluyendo asfixia con bolsas y el uso de bombas lacrimógenas. También se les ha negado la defensa privada y las visitas de familiares. Ante esta situación, el OVP exigió su liberación inmediata y aseguró que este informe será remitido al Tribunal Penal Internacional.
Humberto Prado, director del OVP, declaró durante la presentación del informe: «El régimen busca que las personas privadas de su libertad, y bajo esas condiciones, se suiciden o se autoflagelen, por muy duro que suene». Reflexionó que las situaciones de violencia y las muertes ocurren bajo custodia, mientras que los excarcelados son perseguidos y no pueden hacer declaraciones. «No podemos acostumbrarnos a que esto sea lo normal», afirmó Prado, añadiendo que estas prácticas contravienen las leyes de Nelson Mandela.
La paradoja de las acusaciones de Maduro
Paradójicamente, las leyes de Nelson Mandela son las mismas a las que ha hecho referencia Nicolás Maduro para denunciar a El Salvador. Recientemente, 252 migrantes venezolanos, detenidos en Estados Unidos, fueron enviados a Venezuela desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. El presidente chavista acusó a su homólogo Nayib Bukele de violar derechos humanos.
Sin embargo, el régimen venezolano recibe a diario denuncias similares de organizaciones de víctimas y familiares de presos políticos. Estas denuncian que los detenidos en Venezuela viven hacinados en celdas de dos metros cuadrados, sin agua, sin luz solar, donde hacen sus necesidades frente a otros y en sus celdas, y comen alimentos en su mayoría descompuestos y sin proteínas. Los testimonios también evidencian torturas físicas y psicológicas.
Mientras tanto, en un video compartido por el canal del Estado (VTV), varios de los 252 migrantes que llegaron a Venezuela la semana pasada aseguraron haber vivido días difíciles en el CECOT: «Allá te sientes humillado, te golpean. Nos aislaron. No puedes decir algo porque te quitan la comida». Entre los testimonios, uno de los hombres afirmó que en Estados Unidos los obligaron a reportar persecución política para permitirles la entrada al país, pero los dejaron detenidos en migración y posteriormente los llevaron a El Salvador.
El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa este lunes donde mostró un video de los deportados, quienes, según él, sufrieron tratos crueles e inhumanos que incluyeron impactos de perdigones, golpes, falta de alimentos y amenazas constantes. Según Saab, la Fiscalía ha recibido 123 denuncias de repatriados por violación de derechos humanos. Curiosamente, el titular del Ministerio Público aseguró que las acciones cometidas en el CECOT hacia los venezolanos «constituyen crímenes de lesa humanidad».
