Publicado: agosto 12, 2025, 12:18 am
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, cuya muerte se dio en las primeras horas de este lunes 11 de agosto y tras dos meses del atentado que sufrió al finalizar un mitin político en Bogotá en junio pasado, sacude no solo el sentir de … los colombianos al enfrentar, una vez más la violencia política los magnicidios han estado presentes en la política nacional desde mediados del siglo pasado, sino el panorama electoral a un año de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, y a seis meses de la campaña presidencial, de la cual Miguel Uribe hacía parte como precandidato, con posibilidades de haber sido el candidato oficial por el Centro Democrático, partido de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Las implicaciones son difíciles de proyectar de inmediato, en especial porque desde hace 30 años esta violencia no se presentaba. El país ha sufrido el magnicidio de varios candidatos presidenciales y si bien ha evolucionado, el esclarecimiento de los hechos y fortalecimiento de la democracia dejan más lágrimas y frustraciones que cambios reales. Precisamente, la próxima semana se conmemora un año más del asesinato de Luis Carlos Galán (1989), a manos del narcotráfico de Pablo Escobar, hecho que marcó el destino de Colombia.
El primer impacto, sin duda, es para el gobierno de Gustavo Petro, pero no por los señalamientos acusatorios y políticamente interesados dado el enfrentamiento verbal que sostenía con Uribe Turbay desde sus días de alcalde de Bogotá (2012-2015) cuando el entonces joven concejal lo cuestionaba y luego como opositor desde el Senado, sino porque ha sido incapaz de frenar la violencia política en el país. El primer semestre de 2025 cerró con 89 asesinatos de líderes sociales, 25 firmantes de paz y 34 masacres con un saldo de 116 víctimas. El crimen adquiere hoy categoría de magnicidio y vinculará al Estado, lo que a su vez implicará al gobierno. Así, los cuestionamientos que por años hiciera el entonces senador de izquierda gustavo Petro ante la responsabilidad del Estado en magnicidios de la década de los ochenta y noventa de su copartidarios, hoy los tendrá que asumir como resultado luctuoso de su mandato.
En esta misma ruta y antes de pasar a las implicaciones electorales, el excanciller Camilo Reyes Rodríguez identifica un impacto para la para este año de gobierno que queda y para la elección presidencial: «Este asesinato es el fracaso absoluto de la Paz Total del gobierno y, ese en esa medida, un golpe mortal al Acuerdo Final (2016). Perdón por el atrevimiento, pero haber desecho la Paz del Teatro Colón (2016) hoy repercute en la reaparición de las disidencias de la Farc, como es la Nueva Marquetalia de alias Iván Márquez, y el histórico círculo vicioso nos envuelve nuevamente. Que los últimos gobiernos no hayan sido capaces de implementar el Acuerdo de 2016 permitió el resurgimiento de las disidencias, cosa totalmente condenable, y les ha dado argumentos narrativos políticos frente a la criminalidad que ejercen hoy. La Paz Total ha sido una política marcada por la desidia y cierto desprecio por los esfuerzos previos, sumándose a la desidia y rechazo del gobierno Duque ante los acuerdos del gobierno Santos».
La otra gran consecuencia del magnicidio de Uribe Turbay es que «vuelve a poner el énfasis, de forma ineludible, sobre la seguridad. Entonces, en vez de que Colombia haga esfuerzos por superar las llamadas causas subjetivas de la violencia -acceso de toda la población a los servicios básicos, salud, educación, alimentación-, el asesinato de Miguel Uribe nos devuelve al punto cero, donde iniciamos el ciclo en 1950: a la seguridad».
Sin duda, la seguridad regresa con más fuerza a la plaza pública y al debate electoral. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), empieza por anotar que la muerte de Miguel Uribe «es un sacrificio enorme no solo para su familia, sino para para quienes lo acompañaban en la actividad política y para sus preferencias electorales. Una primera conjetura, dadas las características de las instituciones y el electorado colombiano, e s que esto puede fortalecer la democracia y las instituciones al presionar a que se den resultados en materia de justicia y seguridad para que no quede impune este crimen, del que aún no sabemos nada de quien lo ordenó, solo especulaciones».
Y, ya entrando en materia electoral, Restrepo reitera el desenlace posible: «Lo más probable es que se dé un cambio en las preferencias electorales, que se fortalezcan aquellas que privilegien la seguridad, la lucha contra la violencia política y, lo más importante, un deslinden completo entre la política y las organizaciones criminales. Yo no creo que sean tanto en términos ideológicos o de gobierno u oposición, sino más bien frente a quienes tienen una postura vertical frente al crimen organizado y la violencia».
La muerte de Uribe Turbay, además de afectar el sentir nacional, tiene implicaciones para su partido político, el Centro Democrático, que, con el atentado y en pleno proceso para definir la candidatura oficial, quedó en suspenso. Como lo anota la politóloga Lariza Pizano, «desbloquea la campaña de la derecha, donde Uribe Turbay era el puntero tras el atentado. Esta situación puede despertar solidaridades de otros sectores, siempre y cuando este crimen no sea presa del oportunismo político».
Una campaña de alto riesgo
Los compañeros de contienda presidencial de Miguel Uribe Turbay coinciden con varios de los comentarios de los analistas, donde, sin duda, advierten el giro o, mejor, el énfasis en asuntos de seguridad que tendrá este proceso electoral colombiano que debe concluir, en poco menos de un año, en el cambio de gobierno.
Para Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial independiente del espectro de la centro izquierda, «con Miguel coincidimos en que el tema de seguridad es difícil para Colombia y en la necesidad de defender las instituciones, a pesar de estar en orillas diferentes. Espero que podamos tener mucha sabiduría porque el dolor nos hace reaccionar y lo que necesitamos es accionar, no reaccionar con rabia o venganza. Que la muerte de Miguel, que es infame, no sea para más venganzas o violencia». Y anotó que «el crimen político se acabó con la desmovilización de las Farc. Es importante entenderlo, es importante fortalecer a la fuerza pública, que viene desfinanciada en los últimos 10 años, esa es la verdad. El territorio está azotado por el crimen organizado, por la extorsión, por el reclutamiento forzado. Apoyo a la Justicia y a la fuerza púbica, que debe ser respetada. No queremos volver a la violencia política».
Sobre su situación de seguridad personal, la también exsenadora dijo: «No estoy preocupada por mí. Le agradezco al Estado y a la sociedad que me han apoyado antes de que ocupara cargo público alguno, cuando como periodista e investigadora enfrenté tanto la corrupción como a grupos armados ilegales de diverso origen. Los desprotegidos son los 52 millones de colombianos, no yo. Necesitamos invertir en la fuerza pública, así como se hizo en 2002, pero hoy en recursos como drones, tecnología, en la Policía; hay que crear la fiscalía antimafia, nuevas cárceles, pero no por medio de autoritarismos, sin dentro de la democracia, como las hay en tantos países democráticos del mundo. Hay que sacar el crimen del debate político y tratarlo como es, criminales a los que solo les interesa el billete».
Por su parte, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, quien avanza también con su candidatura de centro e independiente, dijo que «en el lenguaje de la confrontación política actual aparece un tipo de violencia donde cualquiera se puede escudar. Nunca había visto yo esa sensación latente con la inseguridad que hay hoy en Colombia, en el campo y en lo urbano; el atentado conta Miguel Uribe Turbay aumentó el malestar y el miedo de las personas; en algunos, la rabia. Reitero algo: podemos ser diferentes sin ser enemigos, tenemos que acabar esta polarización, romper. El lenguaje es la puerta de entrada a otras violencias; no nos puede dar pudor tener empatía y respeto. La mayoría de las personas en Colombia están agotadas con esta violencia, pero son silenciosas». Y señaló que «el reto político que tenemos quienes creemos en que el gobierno entrante será el más difícil, es alzar la voz y hacerla sentir, explicar lo que vemos y conectar con esa inmensa mayoría que no está en la confrontación permanente. Debemos reivindicar que se puede hablar de otra manera. La sensatez es el reto político que tenemos».
Dos de las contendoras que tenía Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, eran precisamente de su propio partido, el Centro Democrático, y a quienes aventajaba en las encuestas preliminares de intención de voto antes del atentado, lo cual en su momento produjo tensiones y acusaciones de las senadoras sobre el precandidato. Tras el atentado, la campaña del Centro Democrático entró en pausa. Hoy, destrabada la consulta interna de ese partido, las dos congresistas vuelven al ruedo electoral con mayor determinación, aunque cabe esperar que su crecimiento en intención de voto y reflejo en las encuestas no cambie mayormente. Es decir, los votos de Uribe Turbay no los heredarán.
El impacto, entonces, es doblemente fuerte para el partido pues ha quedado sin candidato su nombre estaba acordado entre los aspirantes, si se recuperaba del atentado, así los aspirantes se sometan a una consulta interna en el mes de octubre, obedeciendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de mismo y quien determinó que el resultado será respetado. Quien salga elegido tendrá, en todo caso, que buscar aliados en otras fuerzas políticas o con independientes.
