Economistas objetan normativas ambientales frente a demora de Dominga

Publicado: diciembre 26, 2024, 1:54 pm

Los economistas invitados este jueves a El Primer Café de Cooperativa cuestionaron la larga tramitación del megaproyecto minero-portuario Dominga, en la comuna de La Higuera, que está en curso hace 11 años, y propusieron algunas opciones para simplificar el conducto regular.

A modo de contexto, Gustavo Lagos, profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad Católica, relevó que la demora en este caso «es lo más largo que ha habido en toda la historia ambiental chilena de tramitación de un proyecto (…) el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros, el Comité Regional de Evaluación, el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, todos han visto por lo menos dos veces el problema, algunos tres».

En ese sentido, apuntó que «el único que puede resolver en última instancia este problema es la Corte Suprema, y ésta no ha querido pronunciarse, pero creo que es hora de que se pronuncie, porque es un escándalo que un proyecto de cualquier naturaleza esté 11 años, con un costo privado y público gigantesco, en tribunales ambientales y la discusión pública».

A su turno, Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, coincidió en que existe una dificultad por «la forma en que funciona el mecanismo jurídico, legal, administrativo para resolver respecto a este caso, que claro, como pasa de un gobierno a otro, ocurre que uno dice una cosa y el otro dice otra«.

«En ese sentido, es necesario avanzar definitivamente en mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso implica naturalmente abordar los temas del Ejecutivo, del Judicial, etcétera», admitió.

Poner fin a la «opinión política»

Posteriormente, Michèle Labbé, del directorio de Inversiones La Construcción, hizo ver que «la ley permite que el Comité de Ministros dé una opinión política al final de la evaluación de un proyecto, y a mi juicio, es un sistema que, tal como lo dijo recién Eugenio Rivera, cambia de opinión, y eso no da certeza en la evaluación de los proyectos«.

En el caso de Dominga, «el tribunal ha establecido que las entidades técnicas dicen que este proyecto se debe llevar a cabo, ya ha cumplido con todo, y el comité político dice que no le gusta el proyecto», por lo que a su juicio, «no se pueden tener dos entidades tomando una decisión final cuando no necesariamente van a estar de acuerdo, porque una cumple la ley y la otra cumple criterios políticos. O lo eliminamos (el comité), o lo dejamos al principio de la situación».

En la misma línea, el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren, planteó: «Qué distinto sería que, (en vez de que) un ministro tenga una visión estanca o parcial respecto a su labor, tuviéramos grandes ministerios que no sólo se preocuparan del medioambiente, sino que de tener una visión equilibrada entre esos intereses sectoriales, que son muy legítimos y válidos, con otros que son más globales, como por ejemplo, el crecimiento del país».

«Hay que recordar que Dominga está en la Región de Coquimbo, cuya cesantía e informalidad está bastante por sobre el país, que tiene una tasa de pobreza del 8%, versus el 6,5% del país. Entonces no podemos preocuparnos solamente de la riqueza o solamente de la Reserva de Humboldt, sino que equilibrar esas dos cosas», emplazó.