Publicado: diciembre 17, 2024, 1:48 pm
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostuvo que la «regularización acotada» de migrantes no es un «perdonazo» y que quienes hayan ingresado de forma irregular al país y no se hayan empadronado deberán abandonar Chile.
En una actividad en Estación Central, la autoridad sostuvo que de los 180 mil migrantes incluidos no todos serán regularizados, ya que por ejemplo 200 de ellos tenían antecedentes penales.
Junto a esto, Cordero destacó que un 77 por ciento de los sujetos ingresó al país -de manera irregular- entre 2018 y 2022.
«Hay un universo de personas que no se empadronó, son algo más de 119 mil. Esas personas que están irregulares deben abandonar el país. El Estado de Chile va a hacer todas las fiscalizaciones, el ejercicio de esta herramienta tecnológica es clave para permitir la mayor eficacia policial», recalcó.
Cordero añadió que «por lo tanto, es muy determinante enfrentar esto con seguridad y por razones económicas. Detrás de esto no hay buenismo, no hay perdonazo, es la única forma de proveerle tranquilidad a los chilenos y las chilenas de que sus vecinos están sometidos a las reglas del sistema institucional chileno».
Críticas de la oposición
El subsecretario también abordó las críticas de la oposición, que apunta a una cierta ilegalidad del proceso, pues argumenta una contradicción con la normativa legal el hecho de regularizar una persona que ingresó de manera clandestina; y porque, en paralelo, se discute la ley miscelánea de migraciones, en cuyo debate se plantean sanciones a empleadores que contraten gente en situación irregular.
Por lo anterior, Cordero precisó que «todos los procesos de regularización en Chile están hechos en contradicciones, porque descansan en el incumplimiento de la ley con causal de expulsión. Lo que sí, es que tenemos una realidad que es muy concreta, tenemos un problema de seguridad que es muy serio, hemos abordado esto del punto de vista del empadronamiento biométrico y hay que hacer la distinción de aquellos que se empadronaron de aquellos que no».
«Esta idea de que tenemos 300 mil personas que podrían estar ilegales en Chile, que nosotros podemos llegar, subirlas a un bus y expulsarlas del país, quienes están sosteniendo esto le están mintiendo a Chile», fustigó.
En dicho contexto, el subsecretario Cordero junto al director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, se presentarán ante la comisión de Gobierno interior de la Cámara.
Oyarzo: «No tenemos claridad»
El diputado que preside la instancia, Rubén Oyarzo (independiente), adelantó que «se habla de entre 100-180 mil personas que se podrían regularizar, o como digo yo, un ‘perdonazo’. Sin embargo, no tenemos la claridad y es por eso que tienen que venir a dar explicaciones en el Gobierno».
«No puede ser que en la comisión de Gobierno interior estemos fortaleciendo, robusteciendo la ley de migraciones y, por otro lado, se quiere hacer un perdonazo. Porque de verdad se viene una ola en enero, ya lo decían internacionalmente por el problema que tenemos con Venezuela. El país ya no resiste más migrantes ilegales y necesitamos tomar medidas concretas«, complementó el legislador.
En una línea parecida, el diputado José Meza (Republicanos), declaró que «a nosotros nos han dicho que de las 182.200 personas que se empadronaron, hay 200 que tienen antecedentes penales y, por lo tanto, no van a poder ser regularizados.
«Hemos emplazado insistentemente al subsecretario que el Gobierno no solo le mintió a la Comisión de Gobierno interior, le mintió a un poder del Estado, porque en incontable ocasiones le preguntamos si este empadronamiento iba a significar una regularización y nos insistieron en que no. Y hoy día dando una excusa que es bastante absurda respecto que es un debate que se tiene que dar, el subsecretario no ha sido capaz de responder y se ha ido por el lado«, afirmó.
Son varios los factores que podrían incidir en la concreción el plan de regularización acotado, como los problemas que ha presentado la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el Tribunal Constitucional (TC) respecto a los requerimientos ingresados -a raíz de la ley de presupuestos- y los errores jurídicos que tienen en vilo la posible admisibilidad de dichas acciones.
En esa línea, el subsecretario Cordero reconoce que se está esperando a que el TC se pronuncie por la mencionada indicación, que obliga a que cualquier proceso de regularización tenga que ser aprobado por ambas Cámaras legislativas.
En caso contrario, el subsecretario precisó que no va a haber proceso de regularización acotado que ha estado estudiando el Ejecutivo.
Apoyo del empresariado y conflicto con la oposición
Por otro lado, desde los gremios empresariales han planteado que es necesaria una regularización, en contexto que muchos inmigrantes irregulares se desempeñan como fuerza laboral y trabajo, por lo que es indispensable formalizar contratos, pagar cotizaciones, aportes de salud, entre otros.
Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), apuntó este martes que «es urgente ordenar la casa. La agricultura chilena exporta prácticamente a todo el mundo, a mercados muy sofisticados, que nos exigen el cumplimiento de las buenas prácticas laborales».
Este apoyo del empresariado ha generado que desde el Gobierno hable de una «idea transversal» y encapsule más a la oposición respecto a este proceso.
En ese sentido, el diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que el empresariado está pensando en el bienestar de sus empresas y de tener mano de obra barata al apoyar la medida del Gobierno, asegurando que «está desconectado» el mundo empresarial de lo que ocurre al chileno de clase media a diario.
Los dichos no cayeron muy bien en los gremios agrícolas y el mismo Walker calificó la crítica de una falta de respeto.
Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que «nosotros por supuesto creemos en una migración ordenada, reglada y con control de frontera».
«Entonces, en la medida que esto se haga con altos estándares bien estrictos y podamos de alguna manera incorporar a estas personas que ya están en Chile y están buscando alternativas laborales, y que no tienen por supuesto prontuario, creo que debemos evaluar las alternativas que tenemos, porque hay que hacerse cargo de una realidad que ya existe«, enfatizó.
