Publicado: mayo 30, 2025, 2:40 am
El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC puso fin a décadas de guerra, pero abrió una etapa compleja que exigía pasar de una lógica de asistencia en conflicto a una de reconstrucción en posconflicto. Reintegrar excombatientes … , garantizar justicia, devolver tierras a los campesinos desplazados, restablecer servicios básicos en zonas rurales y, sobre todo, ofrecer salidas reales al problema de los cultivos ilícitos: todo formaba parte de una hoja de ruta ambiciosa que el Estado no podía cumplir en solitario. La ayuda internacional —y en particular los programas de Usaid— era clave en ese giro: ya no se trataba solo de asistencia humanitaria o apoyo militar, sino de construir condiciones sostenibles para una paz duradera desde lo local.
Usaid jugó un papel fundamental en ese esfuerzo. Con apoyo técnico y financiero, impulsó proyectos de sustitución de cultivos en regiones marcadas por la pobreza, la violencia y la ausencia del Estado. Los programas ofrecían a las comunidades caminos viables para dejar atrás la coca: acceso a mercados, asistencia agrícola, títulos de propiedad, formación técnica, infraestructura básica. Durante años, estas iniciativas representaron una forma concreta de alejar a miles de familias del circuito ilegal.
Putumayo, Colombia. Un raspachín limpia hojas de coca en una zona de cultivo ilegal. Las iniciativas de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo impulsadas por Usaid ofrecían a comunidades cocaleras alternativas económicas viables. La interrupción de esos programas ha dejado un vacío difícil de cubrir
Pero incluso antes de la retirada, muchos de estos programas ya enfrentaban serias dificultades: falta de presencia estatal real, problemas de seguridad, demoras administrativas, escasa coordinación territorial. El apoyo de Usaid sostenía con dificultad una estructura frágil. Su salida no rompió un sistema sólido: lo que hizo fue poner en duda la viabilidad misma de un modelo que ya estaba comprometido.
Las organizaciones locales y las contrapartes técnicas que trabajaban sobre el terreno —encargadas de ejecutar los proyectos— se han quedado sin ese apoyo vital. Sin financiación ni acompañamiento, la mayoría de las iniciativas han quedado suspendidas o directamente desactivadas.
Chocó, Colombia. Un niño indígena Embera estudia a la luz de una vela en una comunidad sin acceso regular a electricidad. Usaid apoyaba diversos programas de desarrollo en territorios rurales e indígenas como este. Con el fin de la financiación, muchas de estas iniciativas han sido interrumpidas o desmanteladas
Ante la falta de alternativas viables, muchas familias han regresado al cultivo de coca como única fuente de ingresos. Una economía ilícita que, lejos de desaparecer, se mantuvo latente como alternativa de subsistencia y que ahora, ante la retirada de Usaid, vuelve a consolidarse como única certeza. Allí donde la institucionalidad no llega, los grupos armados llenan el vacío. La salida de Usaid ha hecho ese vacío más profundo y más difícil de revertir.
El proceso de restitución de tierras, otro eje central del acuerdo de paz, también ha quedado debilitado. Numerosos programas complementarios de educación, salud y fortalecimiento institucional han perdido ese apoyo financiero que era vital para su ejecución y su viabilidad futura. La desconexión entre el centro político y las periferias rurales, históricamente profunda, se ha agravado con la retirada de Usaid.
