Publicado: mayo 25, 2025, 8:17 am
El abuso de licencias médicas en Chile es una mal endémico, pero en los últimos días ha demostrado ser un escándalo que ha golpeado transversalmente a todos los sectores políticos y generado molestia ciudadana.
Un informe dado a conocer esta semana por la Contraloría develó … que más de 25 mil funcionarios públicos hicieron uso de una licencia médica para viajar fuera del país y que 250 médicos que trabajan en el sistema de salud estatal también las utilizaron para prestar sus servicios en clínicas atendiendo partos.
El escándalo ha golpeado también a La Moneda luego de que conociera que un amigo de infancia del presidente Gabriel Boric, Raúl Domínguez, enfrenta un sumario y debió presentar su renuncia el viernes a su cargo de jefe de división en el Ministerio de Transporte después de que se detectara que usó el mecanismo de la licencia para extender un viaje al extranjero.
El uso de licencias médicas fraudulentas es un grave problema que se persigue en Chile hace décadas. Todos los años, el Estado da a conocer un listado de médicos que concentran el mayor número de permisos laborales por enfermedad otorgados, violando los requisitos de la ley. Algunos de estos facultativos ofrecen descaradamente sus servicios por redes sociales y entregan un permiso cada 20 minutos, algo que es completamente inusual. También se han desbaratado organizaciones criminales que compran las licencias para cobrar seguros.
Sin embargo, este año la Contraloría dio a conocer un informe que abarca los años 2023 y 2024 en el que denuncia que 25.078 funcionarios del aparato estatal usaron más de 25.000 licencias, es decir, algunos más de una y que en ese tiempo viajaron fuera de Chile. Lo anterior se logró gracias al cruce de información del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y Extranjería.
Pese al alto número de licencias falsas detectadas, la Contraloría no podrá señalar qué cantidad han sido usadas con igual objetivo, pero para viajar dentro del país. Tampoco se han dado a conocer los montos involucrados.
Investigación judicial
En Chile el permiso laboral por enfermedad lo debe otorgar presencialmente un médico, quien debe extenderlo de manera electrónica estableciendo claramente el lugar de reposo del paciente pues éste durante esos días se ve impedido de abandonar el domicilio y puede ser sorpresivamente fiscalizado.
El fraude detectado que ya está siendo investigado por la fiscalía ha generado tal repudio ciudadano que todos los candidatos presidenciales en carrera han expresado su rechazo, solicitado la intervención de la justicia y anunciado que investigarán en profundidad de llegar al gobierno.
El Gobierno, en tanto, anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo para enfrentar esta irregularidad, pero la presidenciable opositora Evelyn Matthei la rechazó de plano: «No se necesita otro comité más, otra comisión más para decir que estamos haciendo algo. Acá lo que se necesitan son leyes, lo que falta es voluntad (…) el Gobierno llega tarde y quiero señalar que en algunos casos la justicia tampoco ha colaborado», aseguró.
Las municipalidades concentran el 20% de las licencias otorgadas, siendo la de Arica, en el extremo norte del país, la con el mayor número de funcionarios que hicieron mal uso de ellas. Luego, la siguen dos instituciones enfocadas en la atención de los niños, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra que maneja salas cunas. El listado incluye 777 reparticiones públicas, incluidos la Presidencia, 14 ministerios y la misma superintendencia encargada de fiscalizar.
Con total descaro
La situación llega a ser tan desenfadada que algunos casos generan estupor como el de un médico que se otorgó la licencia a sí mismo. O el de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto que acumuló 322 días de licencias, período que utilizó para ejercer labores como psicóloga particular. Lo anterior se detectó gracias al cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos que registró sus boletas de honorarios extendidas.
El informe señala que esos 25 mil funcionarios entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante su período de reposo; los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre y que 125 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas o salidas.
De las más de 35 mil licencias emitidas, el 69% corresponde a las pagadas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o sea, el servicio público y el porcentaje restante a las Isapres del sector privado.
Diversas reparticiones públicas anunciaron que han iniciado sumarios administrativos y que ya se han desvinculados funcionarios. La justicia deberá proceder para establecer sanciones penales y lograr la restitución de los recursos mal habidos.
Por primera vez, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) no ha salido en defensa de sus asociados y a través de su presidente, José Pérez, criticó su actuar. «Si alguien incurrió en este daño tiene que ser destituido del Estado», dijo.
Incluso, el Colegio Médico, entidad que en el pasado ha señalado que las fiscalizaciones tienen carácter persecutorio, en esta oportunidad solicitó que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se modernice el sistema para evitar estos fraudes.
