Publicado: octubre 15, 2025, 5:30 pm
La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, cuestionó que el plan de acciones correctivas del gobierno para contraer el gasto fiscal no ha logrado llegar a los niveles comprometidos.
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Senado, Benavides detalló que «se anunciaron acciones correctivas por 0,58 puntos del PIB, de las cuales solo se han materializado recortes administrativos de gastos por 0,16 puntos del PIB, que son los que corresponden al acuerdo marco que viabilizó la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del 2025, y además se están implementando recortes administrativos por 0,12 puntos del PIB. Es decir, en total recortes por 0,28 puntos del PIB».
«Recomendamos al Ministerio de Hacienda y a la Dipres adoptar reducciones de gasto corriente adicional, de rápida ejecución, en lo que resta de 2025, para reducir o minimizar el desvío respecto de la meta de balance estructural», precisó.
Igualmente, respecto a la deuda, Benavides dijo que hay una probabilidad significativa del 50% de que el nivel prudente sea sobrepasado hacia el año 2027.
Posible congelamiento de sueldos públicos
La exposición del CFA constató que, en las proyecciones del gasto del Presupuesto 2026, no se contempla dinero para reajustar los sueldos de los empleados fiscales, ni siquiera para cubrir el IPC, algo que Benavides sugirió mantener para no estresar más las arcas fiscales.
Aunque el Gobierno ha señalado que este reajuste se discutirá en una ley posterior, la presidenta del Consejo indicó que la mantención de las remuneraciones en valores nominales constituiría un «esfuerzo concreto por contener el crecimiento del gasto corriente» y que «su cumplimiento efectivo es fundamental».
Esta medida fue interpretada por los parlamentarios como un posible congelamiento salarial de facto.
«Están proponiéndonos algo que no ha ocurrido Chile desde el año 90 en adelante, que a todos los trabajadores del sector público para el año 2026 se les reduzca su salario», dijo el senador comunista Daniel Núñez, quien calificó la situación como un «ajuste de política neoliberal que traspasa todo el costo de un ajuste fiscal a los trabajadores y las trabajadoras», algo que consideró «increíble».
Por su parte, el senador UDI Javier Macaya señaló que el CFA hizo «una constatación de hechos de algo que el Gobierno cambió en una metodología» y que con ese cálculo «los números no dan».
Mientras se desarrollaba el debate presupuestario, en una subcomisión se desató una polémica política y jurídica respecto al ítem de gastos del Congreso. El Gobierno juntó en un solo ítem los recursos destinados a las dietas parlamentarias con los de las asignaciones, que incluyen gastos de oficinas y traslados.
Esta maniobra fue criticada por la derecha, ya que en esos fondos se cubren también los gastos de los expresidentes de la República, lo que permitiría financiar a futuros exmandatarios jóvenes como Gabriel Boric, sin que el ítem pueda ser votado de forma separada por ser un «gasto permanente».
El diputado Miguel Mellado (RN) votó en contra de este capítulo, calificando la acción como una «mala tarea» y una «galleta que está mal colocada», anunciando que buscarán la fórmula de separar los ítems en la Sala de la Cámara Baja.
Pese a su oposición, el capítulo fue aprobado en la subcomisión.
Falta de quórum en la Cámara
Finalmente, la jornada en el Congreso estuvo marcada por un bochorno en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la sesión debió ser declarada fracasada por falta de quórum.
Cerca de las 11 de la mañana, y tras cumplirse el tiempo reglamentario, el presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN), debió suspender la sesión debido a la ausencia de los 51 diputados necesarios.
Los parlamentarios ausentes, que en total sumaban más de 100, serán sancionados con una multa equivalente al 2% de su dieta bruta, a menos que justifiquen su inasistencia por comisiones o licencia médica.
