Publicado: junio 2, 2025, 10:18 pm
El alcalde de la localidad de Minas de Corrales del departamento norteño uruguayo de Rivera, José González, fue acusado por la Fiscalía de ese país por su presunta participación en delitos de explotación de menores de edad por lo que también se le dictó prisión preventiva junto a otras cinco personas.
Un comunicado de la Fiscalía uruguaya detalló que los hechos investigados salieron a la luz tras el testimonio de una adolescente de 17 años, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual desde su niñez y, posteriormente, explotada sexualmente en reiteradas ocasiones.
«Según su declaración, comenzó a consumir drogas a los 12 años y, en ese contexto de extrema vulnerabilidad, habría sido inducida a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, en ocasiones organizadas por una persona adulta», señala el documento.
El informe añade que, además de la adolescente denunciante, otras víctimas, de entre 13 y 16 años, confirmaron haber mantenido relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero, regalos, acceso a plataformas digitales o promesas materiales y en uno de los casos, una menor habría convivido con un adulto a cambio de sustento económico para ella y su madre.
«La investigación reveló la existencia de múltiples adultos que se beneficiaban económicamente de la situación de las adolescentes. Se identificó un patrón reiterado de abuso sistemático, facilitado por el entorno social y, en al menos un caso, por un integrante de las fuerzas policiales que habría utilizado su cargo para concretar actos sexuales con menores, incluso dentro de una seccional», continúa el comunicado.
En ese sentido, la Fiscalía destacó que los relatos de las víctimas fueron recabados en entrevistas psicológicas bajo técnicas forenses, presentando detalles y consistencia narrativa que permiten «identificar claramente» los hechos denunciados.
«Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva para cinco de los seis imputados, por el plazo de 90 días», indica el informe.
En ese contexto, el sector Altivo Esteves perteneciente a uno de los principales partidos políticos de Uruguay, el Partido Colorado, y al que pertenece González anunció la «suspensión inmediata» de su afiliación a esa agrupación política.
«Este tipo de conductas por lo que ha sido formalizado, además de constituir una afrenta a la legalidad, representa una inadmisible violación a los valores éticos, morales y cívicos que sustentan a ala agrupación Altivo Esteves y del Partido Colorado», indica un comunicado de este sector político.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido pronunciamientos de la directiva del Partido Colorado en los que fijen su postura frente a estos hechos.
