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A la sombra de la corrupción: los 3.869 sumarios pendientes que sacuden a Gendarmería

Publicado: enero 15, 2025, 8:00 am

A principios de septiembre de 2024, rumores sobre quiebres en la cúpula de Gendarmería recorrían los pasillos de las cárceles chilenas, con “cuchicheos” sobre disputas en los altos mandos de la institución. El conflicto escaló hasta caer la cabeza de Víctor Provoste Torres, Subdirector Operativo de Gendarmería –segundo en el escalafón tras el Director Nacional–, quien no salió silenciosamente, realizando duras críticas a la gestión de Sebastián Urra Palma.

Entre lo dicho a través de una carta difundida tras su renuncia, afirmó: “En cuanto a los sumarios internos, estos se instruyen selectivamente y en pocas ocasiones llegan a puerto. Con excepción de aquellos que tienen un interés personal de quien es hoy la cabeza institucional. Y en los que sí debió haberse actuado con severidad y celeridad han quedado en un letargo injustificado esperando su prescripción”.

La Unidad de Radio Bío Bío solicitó información a Gendarmería, obteniendo que efectivamente a noviembre de 2024 se mantenían abiertos 3.869 sumarios, con algunos de más de diez años de antigüedad y aún en etapa investigativa, siendo el plazo legal 60 días.

De acuerdo a diversas fuentes conocedoras del tema, hay varios factores administrativos que han hecho que se llegue a esta situación, como la falta de fiscalización del seguimiento de los plazos, la poca preparación de los fiscales asignados y los altos traslados dentro de la institución.

Sin embargo, y con mayor gravedad, los mismos funcionarios concuerdan con las afirmaciones de Provoste respecto a aquellos actos corruptos, confirmando la existencia de persecución y castigos a través de la apertura de sumarios y la directa inmiscusión de los altos mandos para apurar o dejar dormir ciertas investigaciones, con trabajadores que no están dispuestos a denunciar porque saben que los canales oficiales no funcionan.

Consultados por estas acusaciones, desde la institución no se obtuvo respuesta.

Sumarios dormidos

El proceso de la apertura de un sumario está debidamente reglado en la Ley 18.834. Primero, ocurre un hecho que es denunciado, el cual queda constatado en un parte oficial. Este se deriva a la jefatura –comúnmente al alcaide del centro penitenciario– y luego de una breve investigación que dura un par de días se toma la decisión de si se hará una nota de demérito –la “anotación negativa” de los funcionarios de Gendarmería que afecta en su calificación anual– o si los antecedentes son suficientemente graves para informar a la Dirección Regional o Nacional y abrir una investigación sumaria o un sumario administrativo al respecto.

En esas situaciones la Unidad de Fiscalía en Santiago o la Oficina de Sumarios en regiones le asigna un fiscal al caso, que es un funcionario elegido de forma supuestamente aleatoria para investigar los hechos. Este tiene inicialmente 20 días para realizar las diligencias, lo que puede ser aplazado por el mismo periodo dos veces. Luego, a través de una vista fiscal, propone una medida: absolución, sanción o sobreseimiento de la causa. La sugerencia vuelve al Director Regional o Nacional quien, tras un informe elaborado por la Unidad Jurídica, toma la decisión sobre el futuro del funcionario sumariado, el cual tiene cinco días para apelar, con la situación resuelta en tan solo algunos meses.

Sin embargo, el proceso pocas veces funciona así.

El primer problema comenzaría con la designación de un fiscal. Según indica el Código, este puede ser cualquier funcionario de la institución, sin importar la experiencia que tenga en investigaciones. De acuerdo a funcionarios que han trabajado en el Departamento de Fiscalización, a estos no se les realiza una capacitación y solo se les entrega el parte de denuncia, con la tarea de entrevistar y recabar el resto de los antecedentes para su posterior sugerencia. Esto, muchas veces hace que funcionarios inexpertos no hagan un trabajo pulcro, desconociendo los plazos y entregando una conclusión sin todas las diligencias del caso agotadas.

El segundo problema se encuentra en la etapa de investigación. A pesar de tener un máximo de 60 días para realizar las diligencias, gran parte de las veces el plazo se extiende más allá de lo estipulado, sin que la unidad haga seguimiento alguno de los sumarios en curso, permitiendo a los fiscales extenderse años en su investigación, las cuales muchas veces terminan cerrándose por prescripción de los hechos denunciados.

De acuerdo a la información entregada por Gendarmería, 1.794 sumarios se encuentran en etapa investigativa, con un 59% de ellos iniciándose antes del 2024. Así, uno de ellos se abrió el 2012, otro el 2014, cuatro más el 2015 y 2016, nueve el 2017. El 2018 ya son 40 y el 2019 son 89. Del 2020 permanecen a cargo del fiscal administrativo 156, otros 184 al año siguiente, 231 el 2022 para finalizar con 340 el 2023. Del 2024, 735 están en etapa investigativa.

Respecto a los sumarios de mayor gravedad que aún siguen pendientes se encuentran 386 de carácter delictual (usualmente el tráfico de alcohol o drogas y la venta de celulares), 331 por agresiones de funcionarios a internos, 273 por ausencia laboral y 86 por participación en fugas, motines o incendios.

De todos los procesos abiertos en cárceles la gran mayoría se encuentran instalados en la Región Metropolitana, encabezando la lista Santiago 1 (152), Colina 2 (129), Colina 1 (102) y Santiago Sur “Ex penitenciaría” (93). En regiones, la delantera la lleva el Centro Penitenciario de Valparaíso (141), seguido de lejos por la cárcel de La Serena (83), Valdivia (80), Rancagua (79), Antofagasta (77) y Temuco (76).

Fuera de las cárceles, la gran mayoría de los sumarios abiertos se encuentran resididos justamente en la Dirección Nacional (287), encontrándose otros 101 en el Subdepartamento de Servicios Especiales, área encargada realizar operativos preventivos, intervenciones tácticas y traslados de internos.

Intervención en sumarios: corrupción y presión

“Con la responsabilidad que me ha caracterizado en estos más de 33 años al interior de la institución, puedo señalar que no existe autonomía de los Fiscales administrativos por cuanto todos ellos, deben someterse a su voluntad excepto aquellos a cargo de sumarios de menor relevancia dispuestos por las autoridades regionales”, indicó Provoste tras su salida.

Así mismo lo han descrito varios funcionarios entrevistados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, quienes han solicitado mantener sus identidades en reserva por miedo a represalias futuras. De acuerdo a quienes conocen el sistema, en casos de interés de quienes conservan altos mandos dentro de la institución, los fiscales administrativos son elegidos “a dedo” para así poder beneficiar o perjudicar a la persona investigada.

De tal manera, cuando se busca que los acusados salgan impunes, se trata de alargar lo más posible el plazo de investigación, mediante, por ejemplo, el cambio recurrente de fiscal y así volver el tiempo a cero. Esto, junto a la nula fiscalización por parte de la Unidad de Fiscalía respecto al cumplimiento de los plazos, permite que en muchos casos prescriban los hechos investigados, dejando exentos a los involucrados.

Al contrario, fuentes también han hablado de la utilización de sumarios para castigar a ciertos funcionarios que chocan con las autoridades, amenazando con la apertura de una investigación, aplicando severas medidas mientras esta dura –como la suspensión y la disminución de sueldo– e inmiscuyéndose en las conclusiones del fiscal a cargo para obtener resultados castigadores.

Sin embargo, la vista fiscal es solo una recomendación, y la decisión final siempre dependerá del Director Nacional, con la posibilidad de apelar al Ministerio de Justicia.

Así, los funcionarios admiten que, para mantenerse a salvo de quedar involucrados en sumarios que los perjudiquen hay dos claves: no tener problemas con el Director ni sus “aliados” y pertenecer a aquellos gremios que tienen mayor cercanía con la alta cúpula de Gendarmería, y que son conocidos por ejercer una presión real en la toma de decisiones.

“Si tú denuncias a un jefe o a un dirigente, todo duerme”, indicó uno de los entrevistados, quien alertó sobre la gravedad de que funcionarios descubiertos agrediendo a presos o traficando elementos salgan impunes por sus vínculos con jefaturas y la Dirección.

Casos representativos

En los últimos años, ha habido casos emblemáticos de corrupción dentro de la institución que han sido denunciados por los medios de comunicación. Según indican fuentes internas, en gran parte de ellos, por el poder que tienen los involucrados, estos no han llegado a cierre y las investigaciones se han mantenido abiertas por mucho más tiempo que el estipulado legalmente.

Así es el caso, por ejemplo, de los once funcionarios de Santiago 1 que en septiembre de 2022 fueron descubiertos siendo partícipes de una fiesta en la que se encontró drogas y alcohol. Al respecto se realizó un sumario y se decretó su desvinculación. Sin embargo, tras realizar una huelga de hambre por la medida, acusando irregularidades en el proceso, se les otorgó vacaciones y hoy se encuentran cumpliendo sus funciones con normalidad, con dudas sobre las presiones ejercidas por los dirigentes involucrados para manipular la sanción.

Otra situación fue la ocurrida el 23 de julio de 2021, cuando seis condenados por robos violentos huyeron de la cárcel de Valparaíso, tres de ellos siendo imputados posteriormente por el asesinato de la sargento Rita Olivares en Quilpué. De acuerdo a lo publicado por Ex-Ante, el rol de un sargento y dirigente gremial fue clave para facilitar la huída de los reos.

Según lo emitido por aquel medio, a pesar de haber sido suspendido preventivamente al existir la investigación en su contra, Gendarmería aceptó el retiro temporal del funcionario a causa de su renuncia voluntaria, lo que le permitiría volver a la institución tres años después, lo que fue en su momento denunciado como irregular por parte de otros dirigentes.

En los medios también se denunciaron dos hechos ocurridos en Colina 2, que a pesar de haberse realizado en el año 2023, aún mantienen sumarios abiertos y sin medidas sancionatorias. El primero, relacionado a la presencia de “alumnos fantasmas” dentro del Liceo Humberto Días Casanueva que opera al interior de la cárcel, recibiendo fondos del estado por estudiantes inexistentes. El segundo, respecto a una millonaria pérdida de inmuebles dentro del mismo centro.

Maltrato y acoso

Conversando con distintos trabajadores de la institución, hay una afirmación que se repite: que los casos de denuncias de maltrato o acoso hacia jefes, los sumarios nunca llegan a puerto.

“Los funcionarios no quieren denunciar, porque los canales no están funcionando”, comentó un trabajador de la institución. Otra funcionaria sumó que esto es especialmente grave en los casos de acoso laboral y abuso sexual, con víctimas que ven cómo las investigaciones se alargan por años sin una conclusión fija.

Una funcionaria en Puerto Montt conversó con la Unidad de Investigación respecto a “injusticias” vividas en su proceso. Hoy ella se encuentra suspendida por un sumario vinculado a un proceso pendiente por conducción en estado de ebriedad, pero alega que pese a estar colegas en casi la misma situación (con causas penales en curso por el mismo delito) a otros no los han suspendido y solo los han trasladado.

¿La razón? Estar en el lado negativo de sus jefes, al haber denunciado a uno de ellos por maltrato laboral anteriormente.

“Si no eres amigo del jefe, no te pescan”, indicó con la voz temblorosa, sumando conocer casos de colegas investigados por tráfico y violencia intrafamiliar a quienes no se les abren sumarios por los vínculos que tienen con quienes manejan las unidades.

A más de 1.000 kilómetros de Puerto Montt, en la Dirección Nacional, cuatro funcionarias también alegan irregularidades en el proceso de investigación de un sumario por maltrato laboral, acoso y abuso sexual por parte de un Jefe de Departamento.

Es así cómo en enero de 2024 tres trabajadoras ingresaron una denuncia por maltrato y acoso laboral contra su jefe, quien sin aparente justificación habría deshecho el área en el que trabajaban, siendo destinadas a otros departamentos.

Posteriormente en abril, en una de las varias tomas de declaraciones realizadas a las funcionarias, se obtuvo un nuevo antecedente: la acusación por abuso sexual de una de las involucradas, con la eliminación del área como supuesta consecuencia de la reticencia de la mujer a los intentos sexuales de su jefe.

Tres meses después, una nueva acusación por abuso sexual por parte de otra trabajadora no involucrada en aquella situación ingresó a la institución, sumandose como antecedente al sumario ya abierto.

Recién en septiembre, luego de estallar el caso Monsalve, el sujeto fue suspendido sin cese de sueldo, situación que mantiene hasta hoy mientras espera el resultado de un concurso para convertirse en Jefe Técnico Metropolitano.

Una de las denunciantes indicó temer porque el sumario se deje dormir, como tantos otros, hasta que prescriban los hechos, al tener el acusado “gente que lo apoya en la cúpula”. “Los están protegiendo”, comentó, “y es lo que pasa en esta institución”.

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