Publicado: noviembre 15, 2025, 1:07 pm
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, puso en el centro del debate la detección de actividades ilícitas dentro del sector público, advirtiendo que, a un año de la plena vigencia de la Ley de Delitos Económicos, la entidad fiscalizadora ha constatado una tendencia al alza en los casos que podrían revestir carácter delictivo.
«La mayoría de las investigaciones que la Contraloría realiza… Desde la mirada penal, vamos a encontrar hechos que podrían eventualmente revestir carácter de delito«, afirmó Pérez en un seminario organizado por Deloitte, según consignó El Mercurio este sábado.
En esta línea, recalcó que dijo «la mayoría» de los casos investigados, alertando que «son cada más en los que tenemos que remitir al Ministerio Público los hallazgos de estos informes, y no solo los informes de Contraloría, sino que también otros productos de fiscalización».
Entre los ejemplos citados por la contralora, se encuentra una auditoría en la Municipalidad de Villa Alemana. Esta investigación reveló la intervención de una concejala a favor de una fundación de la que era representante legal, además de la contratación de personal de dicha fundación por la Corporación Municipal, con 38 pagos que sumaron 31 millones de pesos por servicios prestados.
Este tipo de situaciones, que configuran un posible fraude, han sido remitidas al Ministerio Público, replicándose en casos similares en Alto Biobío y San Vicente de Tagua Tagua, bajo hipótesis de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
Herramientas y retos de la fiscalización
Según indicó el medio antes citado, Pérez subrayó que la fiscalización, aunque crucial, no es suficiente por sí sola para enfrentar la complejidad de la Ley de Delitos Económicos.
En este contexto, destacó el canal de denuncias online de la Contraloría como una herramienta valiosa. Esta plataforma permite a las personas entregar información bajo la protección legal del denunciante. En el último año, este canal recibió 32.320 denuncias.
La contralora también se refirió al «reto preventivo», enfatizando la necesidad de actualizar los estándares para gestionar los riesgos asociados a los delitos económicos. En el ámbito público, a pesar del discurso sobre la inteligencia artificial, dijo que el déficit más importante sigue siendo el uso básico de herramientas como Excel.
Extendiendo su análisis al sector privado, Pérez expresó su preocupación por la falta de adaptación. Aludió a una encuesta de Deloitte que indica que un 26% de las empresas no ha actualizado su modelo de prevención de delitos y un 17% no ha designado formalmente a un encargado de cumplimiento (compliance).
«Yo no lo puedo creer, porque han pasado demasiados años y todavía no tenemos a muchas empresas con encargados de cumplimiento (o compliance). Y tenemos penas endurecidas, entonces, el riesgo que tenemos es demasiado alto», puntualizó la contralora.
