Publicado: septiembre 4, 2025, 3:17 pm
Cuatro economistas reunidos en El Primer Café de Cooperativa coincidieron en cuestionar la propuesta de José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, quien afirma que en los primeros 18 meses de su eventual gobierno recortará 6.000 millones de dólares de gasto público.
Este plan ha sido criticado por los otros postulantes a La Moneda, incluida la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien aseguró recientemente que «es imposible sin afectar el gasto social» y añadió que al elaborar su programa se dio cuenta de que lo máximo que se podría rebajar el gasto público es 2.000 millones de dólares.
Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirmó sobre la propuesta del republicano que «todo es posible, pero para hacerlo posible necesitas la aprobación del Congreso y que la Ley de Presupuesto te autorice un gasto menor al de hoy. Lo veo difícil porque distintos gobiernos lo han intentado y han fallado».
Añadió que «recortar 6.000 millones lo debe aprobar el Congreso y tras ello la pregunta es saber qué se recorta: ¿Vivienda? ¿Empleo público? ¿Salud? No decir qué se recorta hace dudar. Yo soy escéptico. No me parece factible«.
«Sobre estar de acuerdo o no, es una discusión política. El número al voleo no me da mucha información. ¿Qué cosas se van a dejar de financiar con esos 6.000 millones de dólares? Los efectos pueden ser completamente distintos entre recortar inversión pública u otras cosas», enfatizó.
Ruiz-Tagle: ¿Dejamos de pavimentar las calles?
Coincidió con él Jaime Ruiz Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien planteó que «se debe saber en qué se va a bajar. ¿Programas sociales? Entre todos ellos no suman un décimo del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. ¿Recortamos el MOP y dejamos de pavimentar calles?«.
También estuvo de acuerdo en que «no es llegar y decir que lo van a hacer; tienen que pasar por el Congreso. Si quieren reducir la estructura presupuestaria en Obras Públicas tienes que dejar obras sin hacer y vas a tener a los congresistas de las zonas afectadas reclamando».
Y argumentó que «en la historia de Chile no ha habido cambios tan grandes como los que están proponiendo y no se ve factible políticamente. Porque si no se aprueba el Presupuesto funciona el del año anterior y no se va a poder reducir gastos».
Bergoeing: Una evaluación seria
Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, expuso que «debemos hacer una evaluación seria. Si dicen que hay plata que están robando es importante eliminarlo».
Y se mostró satisfecho con esta discusión: «Qué bueno que la campaña sirve para profesionalizar las propuestas y no se pueda decir cualquier cosa. Uno tiene que estar presionando siempre para que el Estado funcione mejor».
Sí cuestionó que hay donde recortar: «Solo en el caso de los programas sociales, la subsecretaria de Hacienda dijo que tenemos del orden de 700 programas en Chile y solo se evalúa cerca del 5%. Evaluarlos no significa que se van a cortar, pero debemos ser capaces de evaluar los programas«.
Silva: Se hizo en dictadura
Finalmente Ignacio Silva, director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas, afirmó que «la reducción del gasto de 6.000 millones de dólares hay que ver la perspectiva a largo plazo. Se quiere replantear el rol del Estado. Él (Kast) posee una concepción de que el Estado debería ser supeditado a las reglas de mercado. Eso hizo la dictadura, reducir el Estado, y después en los años 90 hubo que retroceder porque el mercado no fue capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población y proveer servicios sociales básicos».
«Aún nos encontramos muy por debajo de lo que podríamos esperar en términos protección social. En Chile la protección social alcanza el 6% del PIB, muy por debajo del promedio OCDE que es con el que siempre nos comparamos, que está alrededor del 14%«, detalló.
Y sobre los montos propuestos por Kast apuntó que «es poco responsable levantar una consigna así sin decir cómo se va a hacer. Estoy de acuerdo con que se debe restringir algunos gastos, pero no es democrático tratar de llegar a la Presidencia con una propuesta que no se explica. En términos de magnitud, esos 6.000 millones de dólares en 18 meses representan 2% del PIB y es un shock contractivo relevante».
