Publicado: agosto 14, 2025, 7:13 pm
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, expresó su preocupación por el avance del proyecto de Chile Vamos que busca liberar de la cárcel a enfermos y ancianos, sin distinguir la gravedad de los delitos cometidos, de modo que podrÃa beneficiar a criminales de lesa humanidad.
La iniciativa dio su primer paso este martes, cuando fue aprobado sólo con votos de la derecha en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, instancia que preside uno de los impulsores de la propuesta, Francisco Chahuán (RN).
Si bien el proyecto dice estar orientado a la población penal general, en sus fundamentos habla de los condenados por causas de derechos humanos, argumentando que en la década de los 70, los condenados eran jóvenes conscriptos con funciones secundarias a lo propiamente operativo, o personal militar carente de todo poder de mando.
El objetivo es enviar a reclusión domiciliaria a los ancianos desde los 70 años que hayan estado al menos una década en prisión, asà como a los reclusos en situación de discapacidad, enfermos terminales y enfermos crónicos.
También se plantea suspender la pena en el caso de condenados que tengan un estado fÃsico incompatible con la cárcel, que padezcan enfermedades mentales, o patologÃas con las cuales mantenerse privados de libertad constituye un peligro.
Para la subsecretaria Quintanilla, «el uso de la edad avanzada como único criterio para fundamentar medidas que puedan afectar la ejecución efectiva de las penas que se han impuesto por crÃmenes en contra de los derechos humanos, resulta incompatible con los estándares» en esa materia.
«Se debe ponderar el estado de salud y las condiciones de reclusión, por cierto, pero se deben considerar además otros factores, como el cumplimiento de una parte considerable de la pena privativa de libertad y el pago de la reparación civil; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación, y los efectos que su liberación anticipada podrÃa tener a nivel social, y sobre las vÃctimas y sus familiares», detalló la titular de DD.HH.
«Por tanto -continuó-, este articulado nos deja varias interrogantes».
Chahuán defendió el proyecto
Dado que los detractores de la iniciativa en el Congreso la califican como un traje a la medida para los presos de Punta Peuco, el senador Chahuán salió a defender la iniciativa que levanta su sector.
«Creemos que nunca más se pueden generar las situaciones de hace más de 50 años, donde la polÃtica le falló a los chilenos, y por lo mismo, consideramos (necesario que haya) justicia, reparación, no repetición y no impunidad, pero los cumplimientos de condena compatibles con los estándares de derechos humanos son esenciales, y creo que este proyecto aporta en esa dirección», puntualizó.
Según datos oficiales registrados al 30 de junio, 1.975 condenados mayores de 60 años se mantienen presos: de ellos, 403 por graves violaciones a los derechos humanos, y los otros 1.572 por delitos comunes, pero principalmente abuso sexual, violación, homicidio y parricidio.
