Publicado: julio 25, 2025, 5:00 pm
Un general retirado del Ejército brasileño y ex alto cargo del Gobierno de Jair Bolsonaroadmitió ante el Tribunal Supremo haber redactado un documento que citaba la posibilidad de asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin … y al juez Alexandre de Moraes, que en ese momento presidía el Tribunal Electoral. El plan, bautizado como Puñal Verde y Amarillo, es parte del conjunto de investigaciones sobre el intento de golpe que pretendía mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022.
El general Mario Fernandes, que fue secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro, declaró en un interrogatorio el jueves que el plan era apenas una «reflexión personal», una especie de análisis de riesgos que él mismo digitalizó. La Policía Federal sostiene, sin embargo, que el texto fue impreso en el Palacio del Planalto y sería compartido con otros miembros de la trama golpista. Fernandes negó que el plan haya sido mostrado al expresidente, pero admitió haberlo llevado impreso a la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, donde Bolsonaro se encontraba junto con su entonces asistente, el teniente coronel, Mauro Cid.
«Ese archivo digital no es más que un pensamiento mío, una compilación de datos, un estudio de situación que resolví digitalizar. No lo compartí con nadie», declaró Fernandes al Tribunal. Según el general, imprimió el documento sólo para leerlo mejor y lo destruyó enseguida. La Fiscalía General de la República cuestiona, sin embargo, esa versión, pues según las investigaciones el sistema de impresiones del Planalto registró al menos tres copias del plan, además de una reimpresión en fecha posterior.
El plan preveía que los asesinatos se llevarían a cabo el 15 de diciembre de 2022, tres días después de la diplomación oficial de Lula como presidente. Los blancos serían envenenados, y luego se activaría un «Gabinete Institucional de Gestión de Crisis» para justificar la intervención militar. Además del magnicidio, el documento describía el uso de armamento pesado, incluyendo fusiles, metralletas y un lanzagranadas. El juez Moraes estaba siendo vigilado constantemente por los implicados.
Según las investigaciones de la Policía Federal, el plan fue discutido por militares de las Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como «kids pretos» y trabajan en misiones especiales. Las reuniones fueron realizadas en la residencia del general Walter Braga Netto, exministro de Bolsonaro y su candidato a vicepresidente, que se encuentra preso desde enero en la sede del Ejército, en Río de Janeiro. El coronel Mauro Cid, principal delator del caso, reveló que Braga Netto le habría entregado dinero en efectivo al mayor Rafael Martins de Oliveira, uno de los posibles ejecutores del plan, para cubrir gastos de la operación. El dinero, según Cid, fue entregado en una bolsa de vino.
La cabeza detrás del magnicidio
Mario Fernandes es uno de los principales acusados en el llamado «núcleo 2» del plan golpista por el que Bolsonaro está siendo acusado, bajo riesgo de ir a prisión antes del fin del año. Nacido en 1963, inició su carrera militar en 1983 en la Academia Militar das Agulhas Negras, la misma donde estudió el expresidente Bolsonaro.
Los investigadores lo consideran uno de los miembros más radicales del entorno militar bolsonarista. Según la Policía Federal, Fernandes no sólo idealizó el plan de magnicidio, como también incentivó a las Fuerzas Armadas a adoptar medidas de ruptura institucional.
Durante el interrogatorio, Fernandes también confirmó que en los días posteriores a las elecciones circulaban entre asesores de Bolsonaro borradores de decretos que justificaban una eventual intervención federal. Dijo haber apelado directamente al general Luiz Eduardo Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: «Si existe este movimiento y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?», habría dicho, aunque luego corrigió su frase: «Dentro de la Constitución Federal, no por encima».
Las declaraciones complican más aún la situación de Jair Bolsonaro, por más que Fernandes insista en que actuó solo. Brasil asiste a un proceso inédito en su historia democrática: el juicio de un grupo de militares de alto rango por conspirar contra las instituciones y planear un magnicidio.
