Publicado: mayo 27, 2025, 2:18 pm
La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, manifestó en Cooperativa que si dependiera de ella, todos los funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas de forma fraudulenta, particularmente para viajar fuera del país, abandonarían el aparato fiscal.
«Absolutamente habrá sanción para todos a quienes se compruebe que abusaron del sistema», recalcó en El Diario de Cooperativa, pues si bien la Contraloría apuntó a 25.000 trabajadores por incurrir en irregularidades, «parte del proceso que establece nuestro estatuto administrativo es que hay que pasar por una investigación sumaria para poder comprobar los hechos«.
«Dentro de este universo total, pueden existir casos -que probablemente son las excepciones- en que hayan dificultades con las bases de datos con las que uno hace los análisis, porque todas tienen imperfecciones, entonces hay que asegurarse de no caer en un error de clasificación, así como las únicas circunstancias en que alguien podría salir del país es si es que el médico se lo indicó como parte del tratamiento, y eso tiene que estar en la licencia médica misma, o en la ficha clínica de la consulta», detalló la autoridad.
Albagli subrayó que «solamente lo digo para explicitar que tiene que haber un debido proceso, donde las personas tengan una oportunidad de defenderse, pero evidentemente, y lo digo con toda sinceridad, por mí, que se vayan todos a quienes se les compruebe que abusaron del sistema«.
Consultada poreventuales discrepancias entre el listado de Contraloría y los hallazgos dentro de los servicios, la subsecretaria aseguró que «es algo habitual», ya que, independiente de que se analice la misma base de datos, los responsables pueden arribar a cifras distintas: «La metodología -la definición de las variables, la manera en que se capturan, cómo se limpian las bases de datos y cómo se procesan- te pueden llevar a resultados distintos», puntualizó.
«Lo que hay que hacer es transparentar cómo fueron esos procedimientos, y estoy segura de que con eso se esclarece todo, y allí uno verá cuáles son (los infractores). No estoy diciendo que hay una cifra incorrecta, sino que hay que ver dónde están estas discrepancias. En el caso de la Subsecretaría de Salud Pública, se nos informaron 393 casos, y con nuestros análisis, son 283, así que es como un tercio menos», ejemplificó.
«Es un deber ético»
Como el escándalo se destapó unas semanas después de que el Colegio Médico criticara el duro control que el Ministerio de Salud aplica a los facultativos desde 2023, la autoridad sanitaria admitió que el proceso actual «es muy distinto a cómo se hacía la fiscalización antes, entonces entiendo que en su momento el Colegio Médico, al ver que la conducta de fiscalización hacia sus colegiados efectivamente es más proactiva o más agresiva, más busquilla hacia la conducta de los médicos, les haya levantado preocupaciones».
Sin embargo, argumentó que «lo que está ocurriendo ahora sólo nos da la razón de que la fiscalización no sólo es un mandato legal de la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), que no puede no fiscalizar, sino que es nuestro deber ético como institución asegurar que sea lo más rigurosa posible, para poder identificar de manera oportuna a todo quien hace un mal uso de este derecho de la seguridad social».
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