La 'batida' de Trump en las universidades: casi 5.000 estudiantes extranjeros quedan en riesgo de expulsión

Esta última es la menos conocida, pero la que afecta a más estudiantes. En las últimas semanas, las universidades han empezado a detectar cómo algunos de sus estudiantes aparecían con su estatus como estudiante extranjero (el llamado SEVIS) dado de baja. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los estudiantes no cumplen con sus horas mínimas lectivas o con las condiciones para sus periodos de prácticas. O si incurren en problemas con la Justicia.

En pocos días, en un periodo de dos semanas desde finales de marzo y principios de abril, se ha producido una oleada de esas pérdidas de estatus, que supone que el afectado no puede continuar con sus estudios, debe abandonar el país, puede ser investigado y se le puede iniciar un proceso de expulsión.

Un comunicado reciente de la Asociación Nacional de Asesores de Estudiantes Extranjeros (NAFSA, en sus siglas en inglés) aseguraba que las universidades integradas en ella habían reportado al menos 1.400 casos de baja de estatus.

El número, sin embargo, es mucho mayor. Según ha podido saber este periódico, la propia NAFSA explicó en una sesión informativa interna que el número de bajas de estatus que las autoridades han comunicado al Congreso es de 4,736. Por ahora, en los casos conocidos por esta asociación, se trata de estudiantes con ofensas criminales, aunque sean muy leves.

Eso explica algunos casos de revocación de estatus que han sorprendido a algunos estudiantes y a sus universidades recientemente: es el caso de Suguru Onda, un estudiante japonés de la universidad Brigham Young, en Utah, que tenía en su historial una citación relacionada con permisos de pesca y multas de tráfico. Otros han perdido su estatus por haber conducido bajo los efectos del alcohol.

Cruce de bases de datos

La competencia sobre el estatus de los estudiantes depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) y todo apunta a que han cruzado datos con bases de estudiantes y de registros criminales locales y estatales y han aplicado la baja, con independencia de la gravedad de la ofensa. Los estudiantes han empezado a contestar esa pérdida de estatus en tribunales, y en algunos casos los jueces les han dado la razón y lo han recuperado de forma cautelar. Por ejemplo, una juez de Atlanta que la semana pasada bloqueó esa pérdida de estatus a 133 estudiantes internacionales.

Esto es algo diferente a las revocaciones de visados anunciadas y ejecutadas por el Departamento de Estado (el visado es lo que permite ‘llamar a la puerta de un país’, el estatus es lo que permite estar en el país de forma legal). En esos casos, se fue a por estudiantes que se consideran que han dado muestras de apoyo a organizaciones terroristas o han compartido posiciones antisemitas. Según anunció el propio secretario de Estado, Marco Rubio, afectó a unos trescientos estudiantes.

Rubio también anunció que habría una revisión de la actividad en redes sociales de los solicitantes y tenedores de visados, en busca de esos contenidos y ha pedido a las embajadas y consulados en todo el mundo que profundicen esos esfuerzos. Y es algo a lo que ahora se ha sumado el DHS: hace unos días anunció que el Departamento empezará a «considerar la actividad antisemita de extranjeros en redes sociales y el acos físico a personas judías como razón para denegar beneficios migratorios», como el acceso a la residencia permanente o a permiso de trabajo.

Además de estas acciones, las autoridades estadounidenses han realizado detenciones y han abierto procesos de deportación contra estudiantes que han liderado protestas pro-palestinas y anti-israelíes. Afecta también a estudiantes con residencia permanente, como es el caso de Mahmoud Khalil, uno de los líderes de las protestas en la Universidad de Columbia; o incluso a aquellos a punto de conseguir la nacionalidad, como es el caso de Mohsen Madawi, residente permanente y detenido cuando se disponía a realizar la entrevista para su naturalización.