Publicado: marzo 17, 2025, 11:26 pm
El Gobierno de Donald Trump escenificó este lunes un desafío frontal con el juez federal que ordenó el pasado fin de semana el bloqueo de la deportación exprés de inmigrantes, sin el proceso legal requerido, en base a una ley de 1798 ideada para situaciones de guerra. … En el mayor episodio de enfrentamiento con el poder judicial desde que Trump llegó al poder el pasado enero, su Administración se negó a dar información sobre los vuelos de deportación, defendió que la orden verbal del juez no tuvo validez y requirió el apartamiento del juez del caso.
El magistrado en cuestión, James Boasberg, de Washington, citó a las partes para tratar de entender si la Administración Trump incumplió su orden emitida el pasado sábado. Es decir, si el poder ejecutivo se está saltando la separación de poderes.
Aquel día, Boasberg exigió a la Administración Trump en una vista de urgencia que revirtiera la deportación de cientos inmigrantes indocumentados -que el Gobierno dice que pertenecen a la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua– , decretada a toda prisa por el Gobierno tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que se ha utilizado solo en tiempos de guerra: la de 1812 contra los británicos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
La Administración Trump no lo hizo: los tres aviones que ese día partieron desde Texas llegaron a El Salvador, donde los inmigrantes ingresaron en la célebre cárcel de máxima seguridad CECOT, gracias a un acuerdo entre EE.UU. y el presidente del país, Nayib Bukele.
En esa vista Boasberg exigió de forma oral que el Gobierno de EE.UU. hiciera todo lo posible para evitar la deportación de los inmigrantes hasta que pudiera tratar el fondo de la cuestión y la aplicación de esa ley para estos casos. De forma específica, le conminó a que los aviones se dieran la vuelta si así fuera necesario. También emitió una orden por escrito, aunque sin especificar la exigencia de que los aviones se dieran la vuelta, pero sí exigiendo que se paralizara la deportación.
La Administración Trump ha insistido hasta la saciedad que no violó la orden del juez. La portavoz del presidente, Karoline Leavitt, aseguró en una rueda de prensa, horas antes de la vista del lunes, que el Gobierno actuó «dentro de los límites de la ley» y que la orden llegó cuando los inmigrantes ya habían salido del territorio estadounidense, una circunstancia que el juez cuestionó como justificación para incumplir su orden.
Apartar al juez del caso
Pero la Administración Trump fue más allá de justificar legalmente si cumplía o no la orden: desafió de forma frontal al juez. Dos horas antes de la vista, anunció en un escrito que no se presentaría porque no tenía intención de dar ninguna información sobre los vuelos. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia exigió al tribunal superior a Boasberg, el de apelaciones de su distrito, que apartara al juez del caso. Le acusaba de llevar acabo «procedimientos altamente inusuales e inapropiados».
Finalmente, el Gobierno compareció en la vista. Pero se negó a responder preguntas sobre los tiempos de los vuelos -citó razones de «seguridad nacional»-, algo necesario para entender el cumplimiento de la orden. Y defendió que no incumplió la orden de que los aviones se dieran la vuelta, porque el juez solo lo hizo específicamente de forma verbal, no en su escrito. Y que la orden no era aplicable por estar ya los aviones fuera del territorio de EE.UU.
El juez cerró la vista sin tomar ninguna decisión, pero exigió a la Administración Trump que entregara información sobre el momento exacto en el que el Gobierno cree que su orden entró en vigor, además de una estimación sobre el número de personas a las que puede afectar la invocación del presidente de la ley de 1798. El plazo para entregar la información es el mediodía del martes.
