Publicado: febrero 7, 2025, 6:33 pm
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció el pasado 14 de enero que presentaría querellas criminales en el marco de la investigación penal contra la fundación Democracia Viva, causa madre del caso convenios.
En esa oportunidad, el órgano colegiado detalló que decidió ampliar su querella criminal contra la diputada Catalina Pérez (ex-Frente Amplio) «por su participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco».
Con el pasar de las semanas, el CDE sumó a la carpeta investiga diversos antecedentes, entre los que se destacan las conversaciones por WhatsApp que protagonizó la parlamentaria con su expareja y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, que dan luces de su conocimiento sobre el traspaso de dinero que hizo estallar el caso convenios.
Según informó La Tercera PM este viernes, el organismo sindica a Pérez como responsable, en calidad de cómplice, del delito consumado de fraude al Fisco reiterado, advirtiendo del cercano vínculo con los otros imputados en esta arista, en especial con Andrade.
La participación de Pérez
En detalle, en un documento de 37 carillas, la entidad encabezada por Raúl Letelier afirmó que «la querellada cooperó para con su pareja, para que lograse concretar la firma de los convenios de transferencia de recursos, concertando con sus amigos y compañeros de militancia, el Sr. Carlos Contreras Gutiérrez y la Sra. Paz Fuica Contreras (otros de los imputados) que, en primer lugar, incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de 426.000.000 pesos mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos«.
A esto sumaron que la diputada intervino personalmente «para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios en circunstancias fraudulentas».
«Además, dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo», aseveró el escrito.
Frente a este escenario, el CDE indicó que «las acciones desplegadas, omisiones y faltas a la verdad y la probidad desplegadas por la querellada Catalina Pérez se situaron en distintos momentos de los hechos denunciados».
«Al inicio, en la inclusión de Democracia Viva para ser considerada como receptora de los fondos del PAP, en su aseguramiento de los recursos mediante la suscripción de los convenios por su pareja y, asimismo, en todo el tiempo que transcurrió desde la suscripción de los convenios, esto es, durante la fase de ejecución, hasta antes de su término anticipado», enfatizó el organismo.
Su injerencia en la fundación
El CDE dio cuenta que Pérez participó de en una serie de acciones de forma personal, destacando entre ellas que acompañó a Andrade a retirar el contrato de arriendo de la supuesta sede de la fundación, ubicada en Ñuñoa, y que era propiedad de una cercana a la parlamentaria, Cecilia Millán La Rivera, también militante RD.
«Queda en evidencia que, de los antecedentes reunidos y la propia declaración de la Sra. Millán, que la querellada no solo acompañó a su pareja a retirar el documento, sino que conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando, pues, cuando concurrieron a su domicilio, ambos le explicaron solo generalidades de las fundaciones», puntualizó el documento.
Debido a esto, se insiste en que «la querellada no solo tenía el conocimiento, sino también colaboraba con su parecer en las acciones que los coimputados Contreras y Andrade ejecutaban«.
«Resulta inverosímil que la querellada no tuviese conocimiento, como lo ha sostenido, tanto en sus declaraciones prestadas en el marco de la investigación como en diversos medios de comunicación, pues queda en evidencia que, a lo menos, colaboró en todas las etapas del proceso», se lee en el escrito.
