Publicado: enero 31, 2025, 3:25 pm
Este viernes 31 de enero se cumple el plazo dado por la justicia para que la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso) sea desalojada, lo que no se ha ejecutado todavía.
En la zona viven alrededor de 3.000 familias -aproximadamente unas 10 mil personas– emplazadas en un paño de 260 hectáreas, asentamiento que impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
Sin embargo, este desalojo no se ha efectuado, pese a que el Gobierno solicitó la extensión del plazo en noviembre pasado con el fin de tener tiempo para gestionar una solución habitacional.
Frente a esto, los dueños legales del terreno presentarán un escrito a la Corte Suprema para que vuelva a notificar nuevamente la orden de expulsión, y su abogado adelantó que pedirán e insistirán en el uso de la fuerza pública.
La dirigente del Comité Nuevos Aires de esta megatoma, Karina Ayala, aseguró que como vecinos se mantienen tranquilos ante esta situación, aunque en alerta: «La señora Gloria Mayra, la interlocutora del ministro Montes, en reiteradas oportunidades nos ha dicho que no va a haber desalojo, que sigamos trabajando tranquilos en el tema de la cooperativa», aseguró.
«La situación es muy compleja, y no sabemos si creer o no en las palabras del ministro, porque se ha prometido que no va a haber desalojo, pero no tenemos ningún documento firmado que diga que no lo habrá», añadió la dirigenta.
Propietarios: «No tenemos punto de encuentro con el Gobierno»
Asimismo, el abogado de los dueños legales del terreno, Diego Pereira, afirmó que las conversaciones con el Ministerio de Vivienda (Minvu) se encuentran en un «punto muerto; nos prometieron algunas cuestiones que no se cumplieron, como por ejemplo, entregarnos un mecanismo de garantía eficaz y eficiente al 20 de diciembre pasado, lo cual no ocurrió. (También) se comprometieron a entregarnos una tasación del terreno al 15 de enero, lo cual tampoco ocurrió. En estricto rigor, no tenemos ningún punto de encuentro ni de acuerdo con el Gobierno».
Por ende, «vamos a presentar una solicitud para activar el desalojo, que implica el cumplimiento incidental de la sentencia que lo ordena, y posteriormente a eso, esperamos solicitar el auxilio de la fuerza pública, para que se genere alguna coordinación con Carabineros, a fin de fraguar una estrategia tendiente a poder desalojar a esta gente«.
No obstante, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quintero, dio cuenta de las conversaciones entre las partes involucradas para la eventual obtención de este terreno y así beneficiar a las familias.
«Al respecto, se ha hecho un trabajo que lleva meses, se han ganado confianzas y ese proceso tiene como fin el generar cooperativas, de modo que se genere una forma de obtener el terreno«, aseveró la autoridad.
