Publicado: enero 28, 2025, 4:44 pm
A través de su red social X, la precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, respaldó la política de deportaciones de Donald Trump y cuestionó la del gobierno chileno, a la cual acusó de «expulsar a cerca de mil migrantes irregulares al año, cuando hay más de 30 mil expulsiones pendientes».
Estados Unidos, como cualquier país soberano, tiene el derecho de deportar a los extranjeros irregulares, más aún si han cometido delitos. El actual Gobierno de Chile, en cambio, deporta solo aproximadamente a mil irregulares al año, siendo que hay 30 mil expulsiones pendientes.…
— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 27, 2025
Esta mañana, los dichos de Matthei tuvieron respuesta en voz del subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien en conversación con Cooperativa, dijo que el Gobierno posee estas cualidades, e incluso apuntó a la derecha por una modificación legal que impide algunas expulsiones judiciales.
«El gobierno tiene coraje y decisión sobre este punto, y ha sido muy explícito. Lo que hay es que hay que indagar en detalle por qué nosotros más bien hemos aumentado las expulsiones administrativas, como no se habían hecho en los últimos seis años en el país, y por qué han descendido las expulsiones judiciales», señaló el ministro.
Modificación a la Ley 20000
Cordero explicó que «las expulsiones judiciales en Chile han descendido producto de una modificación legal a la ley de drogas promovida por parlamentarios de oposición que impiden expulsar a las personas condenadas por ley 20.000 como medida sustitutiva».
El subsecretario se refiere a un cambio en la Ley de penas sustitutivas que excluye la expulsión como pena alternativa en casos de delitos relacionados con la Ley 20.000, contrabando y tráfico de personas. Desde agosto de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso revisa una moción de la UDI que propone obligar a los jueces a ordenar la expulsión de migrantes irregulares condenados por delitos de la ley 20.000 y de control de armas.
Desde la Comisión de Constitución, el diputado socialista Leonardo Soto defendió la modificación que limita las expulsiones y cuestionó esta moción de la UDI, apuntando a que dejarlos en la frontera sería un incentivo para volver a delinquir: «Podría tener un efecto contrario. Podría actuar como incentivo, sobre todo en la zona norte chilena, donde más de la mitad de la población penal están condenadas por tráfico de drogas.
«Yo creo que si uno quiere disuadir a bolivianos, peruanos o cualquier extranjero que introduzcan drogas a nuestro país, el mejor aviso activo es tenerlo en la cárcel y no devolverlo a la frontera para que siga deteniendo», añadió el diputado.
Mientras que el diputado de la UDI, también miembro de la Comisión y firmante de la propuesta, Gustavo Benavente, la defendió, apuntando a que es una medida que pueda ayudar en la situación migratoria, siempre y cuando el gobierno controle la situación en la frontera.
«Es una buena salida y el gobierno a lo mejor podría ponerle urgencias. Esta moción se hace cargo de ese peligro en la manera en que el gobierno sí imponga un control fronterizo más estricto», comentó Benavente.
En septiembre del año pasado se aprobaron una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones y Extranjería, entre ellas ampliaciones para la facultad de expulsar a migrantes irregulares condenados por delitos, como sicariato, porte ilegal de armas, explotación sexual, entre otros.
