Publicado: julio 19, 2025, 12:00 pm
El paro de actividades en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ocurrido entre el 29 de mayo y el siete de julio pasado, agudizó el problema de rezago en la atención de expedientes que arrastraba desde hace varios meses y evidenció los problemas de falta de jueces, empleados en general, así como la sobrecarga de trabajo y falta de instrumentos para desempeñar sus funciones.El paro de actividades en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ocurrido entre el 29 de mayo y el siete de julio pasado, agudizó el problema de rezago en la atención de expedientes que arrastraba desde hace varios meses y evidenció los problemas de falta de jueces, empleados en general, así como la sobrecarga de trabajo y falta de instrumentos para desempeñar sus funciones.
Tan solo en esos 40 días de suspensión de labores, se habrían dejado de atender alrededor de 48,000 audiencias programadas; un millón, 440,000 promociones y a más de cuatro millones 822,000 personas.
Esa situación acentuó el rezago que arrastran juzgados y tribunales en la impartición de justicia. De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad de México, de enero a abril ingresaron menos asuntos al sistema, pero se resolvieron menos que en el mismo periodo del año anterior.
Si se comparan los datos correspondientes solo entre enero y abril de 2024 y 2025, se observa que mientras en 2024 ingresaron 111,077 expedientes a juzgados, al centro de justicia o al centro de justicia alternativa-mediación privada, en 2025 fueron 97,963.
Lo mismo ocurre con los procesos iniciados. De enero a abril de 2024 se iniciaron 77,172 y en el mismo periodo de 2025 fueron 59,196.
Lo que llama la atención es que de enero a abril de 2024 fueron concluidos en juzgados 53,750 y en el mismo lapso de 2025 fueron 42,208, es decir, 10,552 menos.
Por otra parte, entre enero y abril de 2024 se registraron 11,008 sentencias que causaron ejecutoria; en el mismo periodo de 2025, fueron 7,402, es decir 3,606 menos.
Entre enero y abril de 2024 se registraron 80,368 audiencias y en el mismo periodo de 2025 fueron 72,082, es decir 8,286 menos.
Tan solo en esos 40 días de suspensión de labores, se habrían dejado de atender alrededor de 48,000 audiencias programadas; un millón, 440,000 promociones y a más de cuatro millones 822,000 personas.
Esa situación acentuó el rezago que arrastran juzgados y tribunales en la impartición de justicia. De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad de México, de enero a abril ingresaron menos asuntos al sistema, pero se resolvieron menos que en el mismo periodo del año anterior.
Si se comparan los datos correspondientes solo entre enero y abril de 2024 y 2025, se observa que mientras en 2024 ingresaron 111,077 expedientes a juzgados, al centro de justicia o al centro de justicia alternativa-mediación privada, en 2025 fueron 97,963.
Lo mismo ocurre con los procesos iniciados. De enero a abril de 2024 se iniciaron 77,172 y en el mismo periodo de 2025 fueron 59,196.
Lo que llama la atención es que de enero a abril de 2024 fueron concluidos en juzgados 53,750 y en el mismo lapso de 2025 fueron 42,208, es decir, 10,552 menos.
Por otra parte, entre enero y abril de 2024 se registraron 11,008 sentencias que causaron ejecutoria; en el mismo periodo de 2025, fueron 7,402, es decir 3,606 menos.
Entre enero y abril de 2024 se registraron 80,368 audiencias y en el mismo periodo de 2025 fueron 72,082, es decir 8,286 menos.
La mayoría de los casos se quedan en las tuberías del sistema
De acuerdo con el reporte “Hallazgos desde lo local 2023. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en Ciudad de México”, presentado en mayo pasado por México Evalúa, la tubería procesal recibe cada año 242,392 denuncias y querellas en materia penal, con carpeta de investigación iniciadas. De ese número 63.84% quedan en archivo; 30.19% se determinan en incompetencia y 0.64% se canalizan a mecanismos alternativos de solución.
Lo relevante es que, del número de denuncias y querellas en materia penal, 14,037 que representan 3.68% se vinculan a proceso y de esos 9,079 (2.38%) se van hacia soluciones alternas en sede judicial; 2,286 (0.6%) por procedimiento abreviado y 992 (0.26%) se resuelven en juicio oral.
Disminuyó el personal
Parte de la explicación al rezago parece estar en que hay menos jueces. Según las estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad de México, en diciembre de 2024 había 11 jueces y magistrados más que en marzo de 2025, al pasar de 436 a 425.
Si bien el número de magistrados se mantuvo en 96, el número de jueces disminuyó de 340 en diciembre de 2024 a 329 en marzo de 2025.
Si se compara el número de jueces y magistrados, se observa que en marzo de 2025 había 425; en diciembre de 2024, eran 434 y en diciembre de 2023 había 486. Eso quiere decir que en marzo pasado había 61 personas juzgadoras menos que en 2023.
Por otra parte, el análisis refiere que, en 2023 había 1.65 jueces en materia penal por cada 100,000 habitantes y 4.33 defensores públicos por cada 100,000 habitantes.
En la Ciudad de México hay 289 causas penales por cada juez, cuando el promedio nacional es de 365 por cada juez.
En otro aspecto, si se analizan las cifras de trabajadores del poder Judicial de la Ciudad de México, se observa que hoy hay menos personal que, al menos, en los últimos 15 años.
Actualmente hay 5,515, cuando el año pasado había 5,890, es decir 375 menos. En 2018 había 6,473, en 2015 eran 7,124.
El reporte de México Evalúa, realizado con el apoyo de Friedrich Nauman Foundation, destaca que uno de los retos más importantes de las instituciones que integran al Sistema de Justicia Penal en su conjunto es la administración de las cargas de trabajo de las autoridades que las integran.
La disponibilidad de personal, el rezago de casos, la sobrecarga en las diferentes instituciones, la insuficiencia de recursos materiales, presupuestales y de infraestructura, la falta de tecnologías de la información actualizadas, son sólo algunos de los factores que deben considerarse al momento de distribuir el trabajo entre las personas operadoras.
Por cuanto hace a los órganos jurisdiccionales, cada persona juzgadora tiene a su cargo un promedio de 289 causas penales, lo que es menor del promedio nacional, que es de 356.
En la CDMX, las Unidades de Gestión Judicial son las encargadas de realizar la distribución de cargas de trabajo programación y asignación de audiencias a través del Sistema Integral de Gestión Judicial Penal. El sistema asigna las carpetas judiciales de manera consecutiva, conforme se reciben las solicitudes de audiencia: de manera “aleatoria y balanceada”.
En ese sentido, el reporte propone que la implementación de un protocolo que permita priorizar los casos según su urgencia o gravedad podría aumentar la eficiencia del sistema judicial, al optimizar la distribución de recursos y al asegurar una atención más oportuna a los asuntos críticos.
Panorama poco halagüeño
Claudia Morales, coordinadora de proyectos de impunidad Cero considera que lo que ocurre hoy en el poder Judicial de la capital del país es, al menos en parte, la consecuencia de una reestructuración que se inició a partir de la implementación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.
Eso ocasionó un cuello de botella porque se está haciendo la transición hacia ese nuevo sistema.
Recuerda que el 12 de junio de 2024 el Consejo de la Judicatura de la CDMX emitió el acuerdo general 44-17, mediante el cual se autoriza la extinción de 24 juzgados civiles y once juzgados familiares, ambos de proceso escrito el cual se llevó a cabo del 17 de junio al 29 de noviembre de 2024.
La especialista llama la atención que esas materias, particularmente la familiar es de la que más juicios se realizan en la capital del país.
Lo que ocurrió fue que se trasladó la carga de trabajo de esos juzgados hoy extintos a otros que ya traían y continúa llegándoles su propia carga de trabajo y sus propios rezagos. Por ejemplo los del extinto juzgado civil escrito uno se mandó a los juzgados cuatro y seis.
“Eso genera que haya más rezago del que ya existía antes de que se diera el paro de hace unas semanas”.
Por su parte, Susana Camacho, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, señala que la suspensión de labores va a complicar mucho más la situación que padecen, juzgados y tribunales desde hace meses.
En entrevista, destaca que el momento en el que ocurrió el paro fue complicado porque además de estar el proceso de eliminación de algunos juzgados, se estaba implementando la reforma judicial a escala local, lo que implicó la elección de 98 jueces, 34 magistrados y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial locales el 1 de junio pasado.
Indica que el número de jueces electos por el voto popular hace unas semanas, equivale a 27%, es decir prácticamente uno de cada tres y tendrán que cumplir una curva de aprendizaje.
Por ello, la especialista piensa que, por lo menos durante un tiempo, va a haber una transición difícil y no está claro cómo se va a llevar a cabo, en un ambiente en donde el personal del poder Judicial trabaja en condiciones muy precarias.
“Lo que se vaticina es que, por lo menos durante un tiempo vamos a tener otra parálisis del poder judicial”.
En ese tenor, Claudia Morales recuerda que, con la implementación de la reforma judicial, mediante la cual ahora los jueces son electos por el voto popular, muchos jueces en activo optaron por jubilarse, en lugar de hacer campaña política para reunir las simpatías necesarias que se tradujeran en votos en las elecciones del 1 de junio pasado.
Lo delicado, destaca, es que eso genera la desprofesionalización de la carrera judicial, lo cual no solo implica a los jueces sino a todos los profesionales que están en sus equipos.
Todas estas situaciones que se vienen arrastrando desde el año pasado con la extinción de los juzgados obviamente está generando esta bomba de tiempo cuya cara más visible fue el paro de los trabajadores del poder Judicial, menciona.
Susana Camacho dice que, lo que se alcanza a advertir a partir de los datos analizados por ella y su equipo en México Evalúa, es que jueces y, en general, todo el personal del Poder Judicial de la CDMX, tienen una sobrecarga de trabajo sumamente preocupante.
Lo delicado es que hay una ausencia de políticas laborales que permitan a jueces y trabajadores tener buenas condiciones para cumplir con su trabajo.
Por ello opina que es necesario revisar las metas e incentivos que tienen los trabajadores, pues, puede ocurrir que, por llegar a cierto número de casos resueltos, se terminen, por ejemplo, por declarar la incompetencia, que si bien ya es un tipo de resolución, no es la óptima.
Lo que está faltando es una articulación entre la demanda de servicios de impartición de justicia con la capacidad de respuesta que se tiene, lo cual implica conocer bien el tipo de casos que están llegando a las carpetas de investigación judicializadas y disponer del personal y jueces necesarios para atenderlos, enfatiza.
De lo que se trata ―continúa―, es de orientar de manera estratégica los recursos, lo cual implica identificar puntualmente los requerimientos materiales y humanos, así como las soluciones, dependiendo del tipo de problema.
La especialista recalca que es importante no solo atender la problemática que hay en el poder Judicial, sino las que existen en todas las instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia.
