Publicado: junio 8, 2026, 7:30 pm
La ONG defensora de derechos humanos, Provea, exigió este lunes 8 de junio una resolución definitiva en el caso de la exjueza María Lourdes Afiuni, quien —según denunció la organización— permanece desde hace más de 16 años sin recuperar plenamente sus derechos, luego de haber sido detenida en 2009 tras otorgar medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño.
Por: lapatilla.com
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la ONG recordó que Afiuni fue arrestada luego de cumplir con una decisión judicial relacionada con Cedeño, cuya detención había sido catalogada como arbitraria por instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su publicación, Provea señaló que la exjueza fue “detenida, encarcelada, torturada física y mentalmente” y sometida a un proceso judicial que, según afirmó, continúa abierto hasta el presente.
La ONG sostuvo que Afiuni fue condenada por el delito de corrupción propia, pese a que —aseguró— la propia fiscal del caso dejó constancia en el expediente de que no existió contraprestación alguna, elemento considerado indispensable para la configuración de ese delito conforme a la legislación venezolana.
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El caso de Afiuni se convirtió en uno de los expedientes judiciales más emblemáticos de Venezuela y ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como un símbolo del deterioro de la independencia judicial en el país. La ONU llegó a considerar arbitraria su detención y pidió su liberación en 2010.
Provea también hizo referencia al denominado “efecto Afiuni”, término utilizado para describir el temor de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia en asuntos políticamente sensibles.
“La jueza María Lourdes Afiuni es uno de los símbolos más documentados de la destrucción de la autonomía del Poder Judicial en Venezuela”, expresó la organización en su mensaje difundido la tarde de este lunes.
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La ONG cuestionó además la exclusión de Afiuni de la Ley de Amnistía aprobada en el país, y consideró que la consulta nacional sobre reforma de la justicia penal, anunciada por Delcy Rodríguez, “no puede ser tomada en serio” mientras casos como el de la exjueza permanezcan sin una resolución definitiva.
La exigencia de Provea ocurre pocos días después de que familiares de Afiuni solicitaran el cierre definitivo de su causa penal, alegando que la condena impuesta ya fue cumplida, pero el proceso continúa abierto tras más de una década y media de litigio.
“Exigimos una resolución definitiva que restablezca plenamente los derechos de María Lourdes Afiuni y que ningún juez en Venezuela vuelva a ser perseguido por aplicar la ley”, concluyó Provea en su pronunciamiento.
