Publicado: diciembre 2, 2025, 7:00 am
En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este ambicioso plan se estructuró en 17 objetivos que, hace diez años, se consideraron capaces de transformar al mundo. Entre los más relevantes destacan la erradicación de la pobreza, el fin del hambre, el acceso a la salud, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, así como la promoción de la paz, la justicia e instituciones sólidas.
A mitad del camino, en 2023, se publicó el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para evaluar el avance de las 169 metas. El balance fue desalentador: más del 50% presentaba avances endebles o insuficientes, y alrededor del 30% estaba estancado o incluso había retrocedido. La edición 2025 del informe confirma la tendencia: la mitad de las metas avanza con extrema lentitud y el 18% está retrocediendo de manera alarmante.
Cada objetivo incluye metas específicas. Por ejemplo, el ODS 16 —paz, justicia e instituciones sólidas— incorpora compromisos esenciales: reducir la violencia; fortalecer el estado de derecho y garantizar el acceso igualitario a la justicia; disminuir la corrupción; consolidar instituciones eficaces y transparentes; y combatir la delincuencia organizada. Según el informe 2025, la tasa global de homicidios cayó de 5.9 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 5.2 en 2023. Si la tendencia continúa, la reducción para 2030 será de 25%, muy lejos del 50% planteado por la Agenda. Además, los homicidios se concentraron sobre todo en América Latina, el Caribe y África Subsahariana, regiones que suman casi dos tercios de las víctimas globales.
En materia de acceso a la justicia, el informe señala que el 31% de la población encarcelada en 2023 no tenía condena, una proporción mayor al 29% registrado en 2015. También documenta un incremento de 11% en los asesinatos de periodistas respecto a 2023. África Septentrional y Asia Occidental continúan siendo las regiones más letales para la prensa, mientras que América Latina y el Caribe es la más peligrosa para las personas defensoras de derechos humanos.
En lo referente a corrupción, el reporte 2023 subraya el papel del narcotráfico como motor de redes corruptas e identifica a México, Myanmar, Afganistán, Colombia y Perú como países que generan flujos financieros ilícitos de miles de millones de dólares derivados del tráfico de drogas. El documento concluye que medir esos flujos es indispensable para comprender los incentivos y diseñar políticas efectivas para combatirlos.
Del análisis de los reportes 2023 y 2025 surge una reflexión inevitable: para ciertos países, el cumplimiento de algunas metas es condición indispensable para avanzar en otras estrechamente vinculadas. ¿Cómo podría México mejorar sustancialmente en los indicadores de violencia, justicia y estado de derecho cuando el crimen organizado —alimentado por la corrupción— se ha infiltrado en ámbitos esenciales de la vida pública: fuerzas armadas, cuerpos policiales, aduanas y la política en general?
¿No debería México tener un énfasis mayor en el cumplimiento del ODS 16 que países como Dinamarca, que por séptimo año consecutivo encabeza el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional? Reconocer las desigualdades es apenas el primer paso; sin embargo, no basta para revertir el retroceso en los indicadores clave.
La retórica internacional insiste en reforzar la cooperación multilateral y el apoyo al sistema de desarrollo de la ONU, pero estos llamados suelen perderse en un entorno dominado por la apatía, la falta de recursos y el repliegue nacionalista. Restan cinco años para intentar un cambio transformador que no se logró en toda una década. Lo que ocurra entre hoy y el 1 de enero de 2031 es incierto. Sin embargo, algo ya puede afirmarse: quizá los países del sur global debieron tener un papel más activo en el diseño de la Agenda, exponiendo desde el inicio las limitaciones —institucionales y presupuestales— que enfrentarían para cumplir las metas.
Tal vez los objetivos debieron adaptarse a las realidades regionales. Tal vez los gobiernos nunca sintieron una responsabilidad genuina con la ciudadanía; tal vez algunos compromisos nacionales fueron en realidad acuerdos sujetos a la voluntad de una sola persona. Tal vez la Agenda 2030 termine siendo, más que un plan transformador, un recordatorio incómodo de lo mucho que falta por construir.
