Publicado: noviembre 29, 2025, 12:00 am
Cada noviembre, y especialmente el día 25 —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— se recuerda la urgencia de actuar frente a un problema que sigue afectando gravemente a mujeres y niñas en todo el país.
En este contexto, Acceso a la justicia, sobre la base de su investigación El derecho a la justicia de las mujeres en Venezuela, publicada en enero de 2025, realizada junto con otras 22 organizaciones, se subraya que el sistema de justicia venezolano no garantiza plenamente el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, pese a que este se encuentra ampliamente reconocido en la Constitución, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lodmvlv) —vigente desde hace más de 17 años— y en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
Un sistema que no cumple con la debida diligencia reforzada
El informe mencionado evidencia que, en la práctica, acceder a la justicia en casos de violencia basada en género sigue siendo un camino lleno de obstáculos. La falta de personal especializado y de procesos ágiles y efectivos impide que el Estado actúe con la debida diligencia reforzada que exigen los estándares internacionales.
La desprofesionalización del funcionariado —resultado de salarios precarios, alta rotación y migración forzada— impacta todas las etapas del proceso: recepción de denuncias, medidas de protección, investigaciones y seguimiento de los casos. Esto no solo retrasa las actuaciones; también afecta la calidad del servicio de justicia y pone en duda la seguridad de las víctimas.
Revictimización institucional: esperas interminables y espacios inadecuados
Uno de los hallazgos más preocupantes es la revictimización. Las mujeres pueden esperar hasta 8 horas en ambientes sin privacidad, sin asientos suficientes y sin condiciones básicas para manejar situaciones personales o atender a sus hijos. A ello se suma la prohibición de salir o comunicarse por teléfono, lo cual limita su seguridad y apoyo emocional.
La infraestructura deficiente es un patrón que se repite en todo el sistema: oficinas sin recursos, trámites manuales, ausencia de expedientes digitales y espacios físicos colapsados que ralentizan procesos que deberían ser urgentes y protegidos.
Tribunales insuficientes y falta de acceso en todo el territorio
Aunque la jurisdicción especializada en violencia contra la mujer fue creada para brindar atención adecuada, el informe muestra que los tribunales no cubren todo el territorio nacional y que su infraestructura es limitada y poco inclusiva. Tampoco existen mecanismos diferenciados para mujeres indígenas, rurales o con discapacidad.
La falta de personal sensibilizado y capacitado, unida a la precariedad laboral, desincentiva la permanencia en los cargos y debilita el funcionamiento de la jurisdicción. Esta situación no solo afecta la calidad del servicio, sino también la confianza de las víctimas en las instituciones.
Investigaciones debilitadas: experticias tardías y falta de ratificación
Otra de las fallas graves identificadas es la dificultad para obtener y ratificar experticias médicas y psicológicas, fundamentales para acreditar los hechos de violencia. En muchos casos, cuando finalmente se realiza el juicio, el personal experto ya no se encuentra disponible, no fue notificado o presenta resistencia para ratificar informes provenientes del sistema de salud.
Estas fallas comprometen la investigación y favorecen la impunidad, desincentivando nuevas denuncias.
Denunciar también implica riesgos y costos
A las barreras institucionales se suman los gastos que deben asumir las víctimas: transporte, copias, asistencia legal o contratación de cuidadores. Cuando no pueden afrontarlos, muchas se sienten abandonadas por el sistema.
En ocasiones, recurren a hacer sus casos públicos en redes sociales para obtener respuestas, pero esta exposición puede generar represalias del agresor o incluso del personal que las atiende.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Es importante que el Estado venezolano tome en cuenta el informe publicado este año por Acceso a la Justicia y otras 22 organizaciones, porque ofrece un diagnóstico claro y actualizado sobre cómo funciona la justicia en los casos de violencia de género contra las mujeres, además de proponer recomendaciones para mejorarla.
A 10 meses de la publicación de El derecho a la justicia de las mujeres en Venezuela, todavía no se observan cambios en ese ámbito. Esto no solo afecta a las mujeres y niñas que enfrentan situaciones de violencia, sino que también tiene un impacto para toda la sociedad: cuando la justicia no responde adecuadamente en un área tan sensible, se debilita la confianza en las instituciones y en su capacidad de proteger a todas las personas.
Así, desde Acceso a la Justicia hemos preparado materiales-guía para denunciar en casos de violencia basada en género e información necesaria en caso de que se dé inicio a un procedimiento judicial.
