Publicado: noviembre 13, 2025, 6:30 pm
Cancún, QRoo.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliario (AMPI) de Cancún ya ha comenzado a capacitar a sus afiliados sobre la nueva reforma que incluye las transacciones inmobiliarias en zonas costeras como actividad vulnerable al lavado de dinero, informó Karen Ramos Díaz, presidenta del organismo.
La empresaria de bienes raíces explicó que todo profesional en la venta de inmuebles debe conocer las obligaciones que marca esta reforma, pues debe informar a sus clientes de las diligencias que se deben realizar para no caer en incumplimiento y evitar exponerse a las millonarias multas que prevé la ley a partir de 2026.
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“Sabemos de esta reforma de la ley antilavado. Creemos que es importantísimo que todos los profesionales en inmobiliarios estén enterados de esto, incluso ya tuvimos dos capacitaciones al respecto. Debemos tomar acción”, dijo.
En junio de este año la adquisición de propiedades costeras fue recientemente incluida dentro de las actividades vulnerables al lavado de dinero en México y ello tendrá impactos en el costo de los inmuebles, además de hacer aún más tortuosos los procesos de compra-venta por parte de extranjeros en estados como Quintana Roo.
Así lo anticipan especialistas en derecho inmobiliario y lavado de dinero, quienes explican que la inclusión de esta actividad en el artículo 17 de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia tendrá un impacto importante en estados como Quintana Roo por su alta oferta de inmuebles costeros.
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Las transacciones de inmuebles costeros podrían elevar su costo, pues a partir de 2026 se tiene que cumplir con distintas obligaciones que marca la ley antilavado.
Entre ellas está la de hacer notificaciones, comprobaciones y registros de las personas que participan en una transacción, lo cual implicará la contratación de notarios o personal administrativo que pueda atender estas diligencias.
La presidenta de AMPI en Cancún consideró que se debe esperar a la entrada en vigor de la reforma para poder medir su impacto, pues aún falta que la medida se reglamente y se defina con precisión las nuevas obligaciones.
